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En octubre de 2019, lo que parecía ser una protesta estudiantil por el alza en el pasaje del metro de Santiago, de 0.04 dólares, derivó en una movilización que tuvo a Chile con manifestaciones en las calles durante semanas por una serie de demandas sociales que durante años la política pública no había resuelto. Pese al crecimiento de un país que hasta entonces parecía modelo de la región, la precariedad y vulnerabilidad de la mayoría de los hogares, consecuencia de un modelo económico que privilegió la privatización de derechos como la seguridad social, la salud y la educación pública, acumuló un malestar que estalló en las calles bajo el lema: “¡No son 30 pesos, son 30 años!”. La consigna hacía alusión a las tres décadas de democracia en que las políticas neoliberales, incrustadas en la Constitución heredada de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, habían impedido las transformaciones que la sociedad reclamaba.
Tras un acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas, se llamó a un plebiscito en el que se aprobó por amplio margen, la elaboración de una nueva carta fundamental que debería ser redactada por un órgano electo íntegramente por la ciudadanía. El 4 de julio de 2021, se dio inicio al proceso deliberativo. Ese domingo de invierno, las y los convencionales electos por votación popular fueron investidos para asumir su rol en una institución inédita a nivel mundial: por primera vez en la historia política que conocemos, un órgano completamente paritario, es decir, integrado por la misma cantidad de mujeres y hombres, redactará la Constitución de un país.
Pero la representación en similar número de hombres y mujeres en este cuerpo colegiado no es la única consecuencia de la lucha por mayor participación femenina en el espacio público que acompaña este proceso. La disputa por asegurar la igualdad de género en los escaños de la Convención Constitucional chilena ha comenzado a dejar un legado que trasciende su propio escenario para transformar al país latinoamericano con la más baja participación de mujeres en el mercado laboral, y la menor representación parlamentaria femenina, en uno en donde el nuevo gabinete ministerial está compuesto por más mujeres que hombres.
Por primera vez en Chile hay una ministra del Interior, el rol más alto del poder ejecutivo después del presidente: Izkia Siches, quien encabezó estos últimos años al gremio de las y los médicos, con los más altos niveles de aprobación en la ciudadanía -que la mencionaba para la presidencia en diversas encuestas- y que se sumó a la campaña del actual mandatario Gabriel Boric, recorriendo Chile con su hija aún lactante. Y este es solo uno de los adelantos.
Esa marea verde
La revuelta social que derivó en este proceso constituyente sorprendió por su magnitud y adhesión ciudadana con millones en las calles y por los hechos de violencia que lo acompañaron: la quema de varias estaciones de metro y, sin duda, por la lamentable repetición de la violación de derechos humanos reportada por varios informes de organismos internacionales. Pero ese estallido también fue el clímax de una serie de movimientos sociales que en la última década se manifestaron en Chile, representando a diversos grupos afectados por las regulaciones en materias de educación, pensiones y salud, entre otras. Sin embargo, pese al alcance y pertinencia de aquellos reclamos, ni un movimiento fue tan masivo y profundamente cuestionador de los cimientos y estructuras del entramado social, cultural y político, de la realidad privada y pública, de las condiciones personales e institucionales, como el mayo feminista del 2018.
La ola que cruzó desde Argentina a Barcelona, pasando por Estados Unidos, convirtió la performance de LasTesis, “Un violador en tu camino”, en un himno global que exige erradicar las conductas sexistas de todos los espacios, legislar contra el acoso callejero y la protección del estado contra la violencia machista y el femicidio del que cada año son víctimas miles de niñas, adolescentes y mujeres de todo el mundo. En Chile, significó la toma de universidades, miles marchando y un nivel tan alto de consciencia de género y cohesión que se sentaron las bases para impulsar la discusión legislativa sobre los mecanismos de participación en el proceso constituyente.
Según el informe Monitor Constitucional, del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile, la primera mención a género en el debate de la reforma que buscaba asegurar paridad “en las candidaturas para la integración del mismo órgano constituyente” provino de la diputada informante Marcela Sabat del partido de centro derecha, Renovación Nacional. Y, efectivamente, congéneres de todo el espectro político, organizaciones de la sociedad civil y la academia, se articularon por la inclusión de este principio en las reformas constitucionales que, a través de leyes transitorias, dieron forma al mecanismo electoral mediante el cual se eligieron las y los redactores de la nueva Constitución.
En las votaciones realizadas en mayo del 2021, 77 mujeres y 78 hombres fueron electos para redactar una nueva carta fundamental. Se esperaba una diferencia máxima de representación entre géneros de un 10 por ciento, pero terminó siendo casi un exacto 50/50. El mecanismo para garantizar paridad de entrada —desarrollado por tres politólogas y académicas, Julieta Suárez-Cao, Javiera Arce y Carola Garrido— obligaba a los partidos políticos a presentar en cada distrito listas encabezadas por mujeres, alternándose sucesivamente con hombres (formato cebra). La paridad de salida se aseguraba con la corrección de los resultados por distrito, de manera que los géneros quedaran igualmente representados en los distritos pares, y con un sexo no superando al otro en más de un escaño en los impares. De los 155 escaños totales de delegados a la Convención Constitucional, solo dieciséis tuvieron que llenarse usando el mecanismo de corrección: once de estas correcciones beneficiaron al género masculino que había quedado subrepresentado dado el excelente desempeño de las candidatas que obtuvieron el 52,2% de votos en todo el país.
La proporción de féminas que terminó conformando la Convención Constitucional chilena no es solo un asunto de números. La fuerza de un movimiento feminista transversal, presente en las calles, centros de estudios, en medios de comunicación, con mujeres de diversos segmentos etarios, socio-económicos, rubros o formación disciplinaria, convencía y se convencía del derecho a ser escuchadas, pero también —como le oí a María Ángeles Fernández, la fundadora de Hay Mujeres (iniciativa creada para llamar la atención sobre la persistente exclusión de mujeres expertas en las discusiones públicas, desde participación entrevistas en medios de prensa a seminarios académicos)— del derecho de la sociedad a escucharlas, a acceder a ese conocimiento y perspectivas. Esto se tradujo en un número sin precedentes de candidatas que van desde académicas a dirigentes sindicales, de jóvenes veinteañeras a las cruzando la tercera etapa de la vida en aquel proceso electoral.
Lo mismo se vio en elecciones posteriores a gobiernos locales, siendo mujeres las vencedoras en municipios clave, como los de las comunas de Santiago (Irací Hassler), Ñuñoa (Emilia Ríos), Viña del Mar (Macarena Ripamonti) y Quinta Normal (Karina Delfino). Lo mismo pasó en las del Congreso, en donde no existe el mecanismo de paridad -aprobado sólo para el proceso constituyente-, pero que sí cuenta con una ley de cuotas que ha permitido mejorar la representación femenina en el órgano legislador.
Las elecciones a convencionales constituyentes y su mecanismo de paridad confirmaron lo que hace mucho venía diciendo la investigación en ciencia política con perspectiva de género y el relato de mujeres dedicadas a la arena pública: las barreras para el acceso a cargos de poder estaban dentro de las estructuras partidarias y no en la recepción de las y los electores que sí han demostrado ser capaces de superar sesgos y votar por ellas. Esto se da en todos los sectores políticos pues, así como jóvenes mujeres de la coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric se quedaron con las alcaldías de tres de las comunas mencionadas en el párrafo anterior, la más votada y segunda mayoría nacional en la elección de convencionales fue la exministra Marcela Cubillos, perteneciente al área más conservadora de la derecha chilena.
Más allá de la participación
Aunque la presencia femenina en la Convención Constitucional es diversa, 45 de las 77 convencionales se declararon feministas durante su campaña electoral, perspectiva que ha permeado la discusión constituyente. La inédita composición del órgano encargado de redactar una nueva Constitución para Chile no es solo relevante por el salto en representación descriptiva, es decir, el reflejo simétrico entre representados y representantes; también lo es por las nuevas formas de hacer política que de este trabajo han emanado y los temas incluidos en el debate sobre lo público.
Un estudio titulado La paridad sí importa, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con Plataforma Telar (iniciativa dedicada al análisis de datos del proceso constituyente), analizó las votaciones de hombres y mujeres durante el primer trimestre de la Convención, concluyendo que muchas materias no se hubieran puesto en el debate, o logrado las mayorías necesarias, si la composición del cuerpo hubiera tenido la misma proporción de mujeres que hoy tiene el Congreso Nacional (23%).
Desde condiciones de trabajo que consideren las labores de cuidado -como la extensión de las jornadas, anticipación en la programación de sesiones, guardería para hijos e hijas de convencionales y funcionarias(os)- a normas sobre la distribución de la palabra y direcciones paritarias, fueron incluidas en las reglas procedimentales del órgano que tiene la perspectiva de género como principio rector. Por otra parte, paridad, descentralización, medioambiente, plurinacionalidad (con la inclusión del pueblo tribal afrodescendiente), han sido principios fuertemente apoyados por las mujeres convencionales que además votan con niveles de “lealtad” superior al de los hombres, es decir, de manera más cohesionada como grupo.
La perspectiva de género como principio del sistema de Justicia se transformó en uno de los primeros artículos aprobados por el pleno de la Convención para formar parte de la propuesta de texto constitucional que a mitad de año se le presentará a la ciudadanía, para que lo apruebe o rechace, en el plebiscito de salida del proceso constituyente. Y si esta norma fue presentada por convencionales, el órgano también avanzó en la discusión de Iniciativas populares de norma (IPN) levantadas por la ciudadanía, como el Derecho a los cuidados que busca el reconocimiento del Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.
Será Ley
Todo lo anterior representa cambios paradigmáticos en materia constitucional y es observado atentamente por el mundo de la ciencia política que, una vez terminado el proceso, podrá constatar cuán distinta a lo conocido puede llegar a ser una constitución escrita por un cuerpo paritario. Pero uno de los momentos de mayor significancia para los movimientos feministas fue la discusión en el pleno de la Convención de una de las prerrogativas más históricamente anheladas: el derecho a decidir la interrupción legal del embarazo.
Hasta el 2017, la legislación chilena prohibía el aborto en todo contexto, lo que significó la interpelación de organismos internacionales al Estado chileno por considerarse una grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres . Ese año, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo No. 21.030, uno de los proyectos icónicos del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que regula la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Pero además de lo difícil que ha resultado en la práctica el acceso a este derecho, la norma sigue desconociendo el principio de autonomía de las mujeres a decidir sobre sus proyectos de vida y su propio cuerpo. Por esto es que la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, compuesta por más de treinta organizaciones, impulsó la Iniciativa Popular de Norma “Será Ley”, una de las que recibió más adherencias ciudadanas.
El 10 de marzo del 2022, el pleno de la Convención Constitucional aprobó catorce artículos propuestos por la Comisión de Derechos Fundamentales, entre ellos, el que señala que “Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». Y, en otro artículo, mandata al Estado a garantizar “el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
Sin parar de luchar
En la deliberación constitucional de Chile se dice sistemáticamente que este es un proceso que se hace en nombre y a favor de «los pueblos» pues se entiende que, a partir de este nuevo momento constituyente, en el país no habita un solo pueblo —el chileno– sino muchos pueblos y naciones representados en el proceso constituyente mediante escaños reservados para pueblos indígenas. Y fue Elisa Loncon, una mujer mapuche, académica, vestida según la tradición de su nación originaria, la escogida entre sus pares como presidenta de la primera asamblea democrática y soberanamente electa por “los pueblos de Chile”, para redactar una propuesta de texto constitucional que espera materializar cambios que por años la sociedad ha estado empujando sin eco, lo que fue mermando la confianza en las instituciones hasta estallar. Una Convención Constitucional en la que están cifradas esperanzas de cambio hacia mayores estados de bienestar, menor desigualdad y mejor trato.
Este proceso se da en medio de la crisis de la democracia representativa por las promesas incumplidas de la clase política y la creciente precarización de la vida en diversas partes del mundo. Cambio epocal acompañado de una pandemia que ha dificultado aún más la experiencia vital de tantos y tantas y puesto sobre la mesa la urgente necesidad de avanzar a nuevos modelos de desarrollo sostenible.
En este momento, las mujeres estamos llamadas a participar y liderar. Durante milenios se nos asignaron roles de cuidado relegados al ámbito de lo doméstico y hoy esa perspectiva de cuidados está siendo incorporada en la discusión de las políticas públicas y estamos siendo nosotras las que impulsamos esas transformaciones desde los cargos de poder y en las urnas. Sin ir más lejos, los estudios preliminares señalan que fueron las mujeres quienes dieron el triunfo al joven diputado que asumió como presidente, quien ha prometido un gobierno feminista. Así que, por primera vez, quien encabece el Ministerio de la mujer y equidad de género forma parte del comité político transversalizando esa perspectiva en todas las decisiones del Ejecutivo.
Estamos frente a cambios importantes sobre nuestra participación en el espacio público a los que nadie ha quedado indiferente, ni siquiera el presidente saliente de derecha, Sebastián Piñera que, en el último nombramiento de su periodo realizado en el mes de enero, designó a la primera mujer presidenta del Banco Central, la economista Rossana Costa.
La Convención Constitucional paritaria es hoy un referente en el mundo y, a partir de esta experiencia, una democracia paritaria debería ser el estándar mínimo para todas las sociedades. Cuánto esta carta fundamental deliberada y escrita por igual número de hombres y mujeres transformará la forma de hacer política, así como los temas que se entienden públicos, es lo que estamos presenciando en Chile.
Pero alerta que el líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast —un hombre que prohibió tomar anticonceptivos a su esposa (según el relato condescendiente de ella a una revista de circulación nacional), que incluyó en su programa de gobierno incentivos exclusivos para mujeres casadas y que pretendía derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo— remeció el escenario político al obtener, sorpresivamente, la primera mayoría en la elección presidencial, perdiendo luego en el ballotage. Los cambios se producen, la transformación cultural la estamos viendo, pero como bien saben las feministas de antaño, nuestros derechos nunca han estado asegurados, así que no podemos parar de empujarlos.
