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Una semana antes del ataque terrorista por parte de partidarios del expresidente Bolsonaro en el palacio del Planalto en Brasilia, la capital de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT) había recibido la banda presidencial de manos de Aline Sousa, una mujer negra recolectora y recicladora. Antes de llegar a Lula, la banda presidencial pasó por las manos de otros siete representantes de la sociedad: un niño negro, un hombre con discapacidad, un operario metalúrgico, un maestro, un cocinero, un activista y un cacique indígena. Fue la primera vez en la historia de Brasil que esto sucedió. Durante el evento centenares de personas gritaban: “Sin amnistía” en el Palacio del Planalto, sin saber que una semana después el edificio sería completamente destrozado en un acto de odio de la ultraderecha.
Ese grito: “sin amnistía”, hizo un llamado en el primer día del nuevo gobierno a que Jair Bolsonaro no obtenga el perdón institucional por los diversos crímenes cometidos durante su administración y para que no se olvide el inmenso sufrimiento causado por su gestión, principalmente a víctimas del covid-19, personas negras , pobres, indígenas, mujeres y niñas, y los bosques. En el evento de la toma de poder de Lula el 1 de enero, el expresidente Jair Bolsonaro no estaba presente, pues se negó a seguir el protocolo y se fue a EEUU. El exmandatario habría abandonado Brasil para dificultar las cinco investigaciones que enfrenta en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, por crímenes de lesa humanidad y genocidio que involucran tanto su gestión de la pandemia como la situación de los pueblos indígenas en Brasil. La Fiscalía de la Corte aún está evaluando si abre una investigación formal en su contra.
Golpe financiado y legitimado
En medio del escenario de polarización política entre Bolsonaro y Lula, que disputaron la segunda vuelta por la presidencia de Brasil, hubo una escalada de un proceso de “nacionalización”, de violencia política y del odio por la diversidad por parte de bolsonaristas. Después de que se confirmara la victoria de Lula el 30 de octubre, hubo varias manifestaciones por el país, se cerraron rutas, se montaron campamentos delante de cuarteles del ejército, incluso en Brasilia y se negaron a aceptar el proceso electoral democrático brasileño. Bolsonaristas pedían un golpe militar y con el aumento de la violencia, algunos llegaron a matar y agredir a personas inocentes que se identificaban como partidarios de Lula. El odio estalló el domingo 8, cuando una mayoría de bolsonaristas destruyeron edificios en la Praça dos Três Poderes en Brasilia, mientras posaban felices para las fotos junto a policías. Obras de arte y esculturas fueron rotas, desgarradas, perforadas, incluso se reportaron defecaciones. Destruyeron todo, muebles, estructuras y lo que más odian, el arte y los documentos históricos de la democracia en Brasil. El movimiento comenzó como una forma de cuestionar el resultado legítimo de las elecciones de 2022 y evolucionó hacia casos de vandalismo y depredación en el área central de Brasilia. Las investigaciones también señalaron que los grupos instalados frente al Cuartel General del Ejército estaban relacionados con actos terroristas el 12 de diciembre, así como con un intento de ataque cerca del aeropuerto de Brasilia.
Según la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la Unión, los actos terroristas fueron resultado de pactos y silencios de la policía federal en Brasilia y partidarios del expresidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal y Lula, ya mandaron detener a: Anderson Torres, exonerado secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que según los informes, habló antes del ataque con Bolsonaro en Orlando, Florida; al excomandante de la Policía Militar del Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira y a 1500 bolsonaristas terroristas.
El ataque fue financiado por más de 100 empresas, que están siendo investigadas por el intento de golpe de Estado en la capital brasileña. Según la Abogacía General de la Unión (AGU), cientos de personas jurídicas aportaron dinero para pagar autobuses que transportaron a simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a la capital federal. También hay una conexión con quienes financiaron la permanencia en campamentos frente al Cuartel del Ejército. Algunos de los campamentos tenían baños químicos, amplia estructura de carpas, comida y bebida gratis. Mensajes de WhatsApp enviados a los partidarios de Bolsonaro que participaron del acto también comprueban que ganaron un importe económico por su participación en estos eventos. Con dinero de empresarios y, principalmente, del sector agropecuario, los simpatizantes se mantuvieron activos por más de 50 días delante de cuarteles del ejército en todo el país, además de atacar Brasilia. La AGU, informó que las empresas que financiaron están distribuidas en varios estados de Brasil, pero la mayoría tiene sede en Mato Grosso y Santa Catarina, regiones de agro–negocio.
La Procuraduría General de la República (AGU) y la Procuraduría General de la República solicitaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) medidas de seguridad para proteger los edificios públicos y evitar el bloqueo de vías y carreteras urbanas y evitar nuevos ataques.
¿Qué pasa cuando se manifiestan las mujeres, personas LGBTQ+, indígenas o negras?
¿Cómo actúa la policía y el ejército cuando hay manifestaciones de movimientos antirracistas, por grupos defensores de los derechos de la comunidad, LGBTQ+, por el MST (movimiento por los sin tierra), por favelados o personas indígenas? En 2021, representantes de más de 35 pueblos indígenas, con el apoyo de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), marcharon en la capital federal y esperaban ser recibidos por un representante de la Fundación Nacional del Indio (Funai), pero las tropas de choque de la policía militar rodearon el edificio de la entidad y atacaron a los manifestantes con bombas aturdidoras y gas pimienta. En 2015, policías fueron detenidos por disparar contra la ciudadanía en una marcha antirracista y feminista en Brasilia.
Delante del mismo edificio donde los indígenas y mujeres negras fueron atacadas por manifestar por sus derechos de forma pacífica, se percibió la afinidad de la policía con los terroristas que actuaron contra la democracia y vandalizaron los edificios federales. Esto se hizo evidente cuando algunos agentes acudieron a un puesto callejero a comprar agua de coco mientras los invasores rompían los tranques en la Esplanada dos Ministérios. Cuando grupos partidarios intentaron entrar en el Palacio del Planalto en 2013, contra la Copa Mundial y en 2017, la mayoría trabajadores sindicalistas, los participantes fueron detenidos por la policía al intentar invadir el edificio federal. ¿Por qué ahora con terroristas bolsonaristas fue diferente?
En conferencia de prensa, el presidente electo, afirmó “que hubo falta de seguridad, hubo incompetencia, mala voluntad o mala fe por parte de los responsables de la seguridad en el Distrito Federal y que todas las personas que hicieron esto serán detenidas, incluyendo los financistas”. Las 1.500 personas detenidas tras el desalojo del campamento que había frente al Cuartel General del Ejército fueron encaminadas para la academia militar, muchos portaban cuchillos, pistolas y tijeras. La mayoría lloró y oró en el camino, según reporta el periódico Metropoles.
Resistencia al odio
Manifestaciones a favor de la democracia fueron expresadas por autoridades de Colombia, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidente y de Francia Márquez, Emmanuel Macron. Además, un día después de la invasión en Brasilia, el lunes 9, al menos 16 capitales brasileñas registraron manifestaciones a favor de la democracia y en contra de los actos terroristas. Los manifestantes coreaban “no a la amnistía” y pidieron el castigo de los terroristas, así como la prisión de Bolsonaro.
Los simpatizantes del expresidente Bolsonaro se asocian a la ultraderecha y a valores religiosos fundamentalistas, simbolizada por la frase usada por el expresidente: “Dios antes de todos”, grupos religiosos en favor de la democracia también se manifestaron. Las Evangélicas por la Legalización publicaron un post de repudio al ataque del domingo. “Es vergonzoso el uso de la Biblia, las canciones y del propio Dios en un intento de legitimar el odio, la destrucción y el ataque a las instituciones democráticas.” Del mismo modo, las Católicas por el Derecho a Decidir, han publicado que Dios no está del lado de los golpistas. “La fe cristiana no debe ser utilizada como herramienta para promoción de odio, de mentiras y de la destrucción.”
¿La ola de ultraderecha se puede expandir en la región?
Los efectos de la ultraderecha en Brasil son perceptibles, las terribles escenas vistas en Brasil deberían servir de advertencia a Argentina, con Javier Milei, a Chile, con el apoyo a José Antonio Kast, a Uruguay, con Guido Manini Ríos. Bolsonaro, Keiko Fujimori (Perú) y Nayib Bukele (El Salvador) marcan la ultraderecha latinoamericana, con discursos que fomentan políticas clasistas, racistas y que invisibilizan la violencia de género. El gobierno Lula deberá ofrecer credibilidad para su permanencia y tendrá que enfrentarse no solo a los grupos extremistas en las calles, sino también simpatizar con las Fuerzas Armadas que tienen gran afinidad por el expresidente.
No es una coincidencia las similitudes del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 en Estados Unios con lo que paso el domingo 8 en Brasil. Hubo hasta un hashtag, #BrazilianSpring, que comenzó a ser compartido por [el ex estratega de Trump] Steve Bannon. De hecho, hubo una especie de performance para poner en sintonía a la extrema derecha de Brasil con la de EE.UU., y de alguna manera emular la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021 en Brasil. Esto significa que existe un intento de la ola de extrema derecha de compartir fuerzas, ideas y estrategias en el continente.
Los gobiernos de América Latina tienen la necesidad de evitar intentos de replicar la invasión de edificios públicos que pueden llevar a ataques mayores. Brasil es un país estratégico en el continente, con una influencia importante desde el punto de vista político, pero esto puede ser positivo o negativo. Se espera que estos ataques sean controlados, sus terroristas responsabilizados, Bolsonaro preso y la policía y el ejército entrenados para defender la democracia y sus tres poderes. Solo así, la victoria de Lula podrá señalar que Brasil puede consolidar una segunda ola de partidos de izquierda y de centro-izquierda en la región, con transformación e incidencia en la situación socioambiental y de diversidad, con la lucha contra el racismo y temas de género y sobre todo, el fortalecimiento de la democracia.
