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Este miércoles 14 de agosto, congresistas de la Comisión Primera del Senado aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años en Colombia, bajo el lema “son niñas, no esposas”. El Congreso retomó el tercer debate luego de haber sido aplazado el pasado martes 6 de agosto.
De acuerdo con la investigación de Unicef, “Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia 2010-2020”, el país ocupa el puesto 20 a nivel mundial por el número de niñas y adolescentes que se casan antes de cumplir 15 años, una práctica nociva para las nuevas generaciones, pues tal y como lo explica Unicef, el matrimonio infantil: “contribuye a perpetuar estos ciclos o trampas de pobreza, los cuales pueden ser transmitidos intergeneracionalmente, y limitan las capacidades y oportunidades para lograr el empoderamiento económico en la transición a la vida adulta, la autonomía e independencia”.
La investigación de Unicef también menciona que los departamentos en el país con mayor pobreza multidimensional como Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira y Caquetá son los más expuestos a que niñas y adolescentes se encuentren dentro de estas uniones en las que sus derechos podrían ser vulnerados.
Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro reportó a finales del año pasado que en Colombia 114 niñxs se casaron en 2023, un panorama que la SNR relaciona con factores de riesgo como “los bajos niveles educativos, las desigualdades de género, la falta de oportunidades de formación técnica o universitaria, la limitada provisión de servicios sociales y la pobreza”.
Sin embargo, los casos podrían ser muchos más, pues en los últimos años, 373 niñas menores de 14 años fueron puestas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, por estar dentro de una unión temprana.
“Hay que recordar que los matrimonios infantiles y las uniones forzadas son una de las finalidades de la trata de personas y una de las modalidades de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes”, dijo Danitza Marentes, subdirectora del Observatorio Valientes Colombia, en entrevista con Volcánicas.
En estos escenarios, la familia de lxs menores suelen ser los victimarios: “nos hemos encontrado casos en que las mamás, los papás, los tutores venden a sus hijas, hijos sin ningún tipo de pena o como proceso legal porque están dando la autorización”, explica la subdirectora de esta ONG que lucha contra la trata de personas en el país.
El Congreso de la República continúa en deuda con la niñez. Desde 2007 se ha propuesto la prohibición del matrimonio infantil en Colombia y los proyectos de ley han fracasado en nueve ocasiones, mientras que niñas en todo el país continúan expuestas, según el Dane, a la deserción escolar, maternidades tempranas, familias numerosas o violencias basadas en género sin una legislación que las ampare.
Al respecto, Marentes habla sobre la urgencia de legislar a favor de este proyecto de ley. “Es muy grave que hemos llegado a estas alturas en el Congreso en el que este tipo de situaciones se presenten y los proyectos se cayeron en gran mayoría de ocasiones por falta de gestión, porque la niñez y la adolescencia no son una prioridad”.
La representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza Sandoval, es una de las autoras de este proyecto de ley. En conversación con Volcánicas, la congresista afirma que “en Colombia tenemos un incentivo perversísimo, que es el hecho de que la ley permite que haya matrimonios con menores entre 14 y 18 años con permiso de los padres, esto ha implicado, lamentablemente, hogares que utilizan a las niñas y niños como moneda de cambio. En ese sentido, por eso es tan importante que el Estado colombiano dé un mensaje muy claro a la sociedad que en Colombia no se permiten y no se avalan las uniones tempranas y los matrimonios que vinculen a menores de edad”.
Además, la congresista hace énfasis en la brecha entre los hogares urbanos y rurales: “este no es un fenómeno que afecte de manera mayoritaria a las personas más favorecidas, sino por el contrario, el pan de cada día en las zonas más empobrecidas, más afectadas por el conflicto y en los hogares rurales”.
En cuanto al avance de esta prohibición en el Congreso, la representante detalla que “el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en sus dos anteriores debates por la Comisión Primera de la Cámara y por la plenaria de la Cámara de Representantes”.
Luego de la unanimidad del tercer debate, Marta Royo, directora ejecutiva y representante de Profamilia, sostiene que “este cambio legal debe acompañarse de las acciones necesarias, por parte del Estado, la sociedad y la familia, que impulsen los cambios sociales que lleven a desnaturalizar estas prácticas, permitan empoderar a las niñas, niños y adolescentes sobre sus Derechos Sexuales y Reproductivos, y generen oportunidades para que puedan cumplir sus sueños y proyectos de vida de manera libre, digna y segura”.
¿Matrimonio genuino?
En el debate del pasado martes 6 de agosto, el senador Humberto de la Calle se refirió al matrimonio infantil y las uniones tempranas. A través de las redes sociales se viralizó un fragmento de su intervención en el que sugiere que, en vez de la prohibición, “acudan a un juez de familia, en audiencia con el Icbf, un psicólogo del Icbf, que garantice si este es un matrimonio genuino entre dos niños, o un adulto y un niño, o si no lo es, y entonces ahí la prohibición no es imponderable, es concreta, es para un caso y no sobre la base de nuestras presunciones”, expresó.
No obstante, en redes sociales han rechazado sus declaraciones y le recordaron al congresista que el matrimonio infantil y las uniones tempranas pueden convertirse en relaciones de poder donde las niñas son más vulnerables a la violencia doméstica y el abuso sexual, situaciones que limitan la capacidad para decidir sobre sus propias vidas.
Sin embargo, en países como México, durante debates similares, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), manifestaron la necesidad de diferenciar el matrimonio infantil del adolescente y de considerar excepciones para este último. Tal y como lo explicó Rebeca Ramos a Volcánicas en el reportaje ¿El matrimonio entre adolescentes es siempre forzado?, hay que “reconocer y tomarnos muy en serio esa parte de la autonomía progresiva de las y los adolescentes, considerar cuáles son las razones por las que deciden casarse. La vía del matrimonio puede ser una opción frente a situaciones de violencia al interior de sus familias o por cuestiones que tienen que ver con identidad de género, orientación sexual, migración”.
La prohibición del matrimonio infantil es una de tantas medidas que deben tomarse para proteger a niñas y adolescentes pero no es un fin en sí mismo, y no necesariamente previene, por ejemplo, que este tipo de dinámicas se sigan dando pero bajo la figura de la unión libre. Para desincentivar estas relaciones desiguales y abusivas se necesita, además, un cambio cultural, para que las adolescentes no crean que casarse es un indicador de éxito, para que haya sanciones sociales a los adultos que se meten con menores, educación sexual integral con perspectiva de género y oportunidades materiales que permitan a las adolescentes cultivar su autonomía.
Mientras el proyecto de ley avanza en el Congreso de la República, hay que tener en cuenta que en América Latina y el Caribe, 22 países de la región todavía permiten el matrimonio antes de los 18 años, un proyecto que podría proteger mucho más los derechos de lxs niñxs en el país.
