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El 27 de octubre, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-348 de 2026, en la que estableció que burlarse de la apariencia física de una mujer, sexualizarla, cosificarla o minimizarla mediante estereotipos de género en redes sociales constituye violencia de género digital. La decisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, responde al caso de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social del municipio de Arauca y esposa del actual alcalde del municipio, Juan Alfredo Qüenza Ramos. Ortiz fue blanco de ataques y burlas en Facebook sobre su cuerpo, su rostro y su aspecto físico por parte del creador de contenido Cristian Camilo Paredes Forero.
Con esta decisión, la Corte trazó una diferencia entre criticar la gestión de una figura pública, que sigue protegido por la libertad de expresión, y burlarse, discriminar o violentar a una mujer por su apariencia física. Lo segundo constituye violencia de género y, según la Corte, “los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres no están protegidos por la libertad de expresión”. El tribunal recordó además que el mayor nivel de tolerancia a la crítica que se exige a las figuras públicas “no se extiende respecto de asuntos relacionados con la intimidad o privacidad de aquellos”.
La Corte también señaló que estos ataques son más graves cuando se dirigen contra mujeres con un papel público activo, porque además de agredirlas pueden desincentivar su participación en la vida pública y volver inseguros esos espacios para las mujeres.
Un precedente contra la violencia política de género digital
La sentencia sienta un precedente relevante para enfrentar la violencia política de género en redes sociales. Aunque una tutela protege directamente solo a quien la presenta, las reglas que fija la Corte en sus decisiones obligan a los demás jueces del país, que deberán aplicarlas en casos similares. Con este fallo, las mujeres que ocupan cargos públicos, aspiran a ellos o tienen visibilidad en la vida política cuentan con criterios claros para distinguir entre la crítica legítima a su gestión y los ataques sexistas que buscan desacreditarlas o sacarlas del debate público. La Corte, además, reiteró su llamado al Congreso para que legisle sobre la violencia de género digital.
El caso
En octubre de 2025, Stephany Ortiz presentó una acción de tutela contra Cristian Camilo Paredes Forero, creador de contenido digital, por el hostigamiento y las burlas que publicó en redes sociales sobre su cuerpo y su apariencia. En dos cuentas de Facebook, Paredes difundió textos, fotografías, fotomontajes y videos en los que se burlaba de ella. La Corte identificó 80 contenidos y ordenó retirar 28 de ellos.
En su defensa, Paredes negó haber vulnerado los derechos de Ortiz. Sostuvo que sus publicaciones eran un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, opinión e información, que actuaba como ciudadano, activista político y veedor social, y que la gestora, por ser una figura pública, debía soportar un mayor escrutinio. La Corte aclaró que los gestores sociales no son servidores públicos.
El caso tuvo dos decisiones opuestas antes de llegar a la Corte. En noviembre de 2025, el Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca le dio la razón a Ortiz, pero en diciembre el Juzgado Civil del Circuito revocó esa decisión y negó la tutela. La Corte Constitucional revocó el segundo fallo y amparó los derechos de la gestora.
En consecuencia, la Corte le ordenó a Paredes retirar en un plazo de 48 horas las publicaciones identificadas y cualquier contenido sustancialmente similar contra Ortiz, y abstenerse de hacer nuevas publicaciones que la sexualicen, cosifiquen o degraden con estereotipos de género. Además, deberá:
- publicar una disculpa en sus dos cuentas de Facebook en un plazo de cinco días.
- completar en 20 días un curso sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales.
- difundir la sentencia en sus redes sociales, aclarando que la violencia de género no está protegida por la libertad de expresión.
La Corte no prohibió que Paredes vuelva a referirse a Ortiz, porque una prohibición general sería censura previa. Podrá seguir criticando su gestión, siempre que no recurra a ataques sobre su cuerpo ni a estereotipos de género.
