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Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, las 776.119 personas afectadas siguen esperando soluciones, según la Defensoría del Pueblo. La reconstrucción costaría 58,29 billones de pesos y solo hay 8,21 billones identificados: el hueco es de 50,08 billones.
Según el corte de la UNGRD del 27 de octubre, el terremoto dejó 334 personas muertas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas. El Gobierno de Abelardo de la Espriella creó el Fondo Milagro para coordinar la reconstrucción, pero este tardó 66 días en empezar a operar y no ha publicado sus contratos ni sus manuales. Mientras tanto, el subsidio de arriendo cubre tres meses de una reconstrucción que tardará años.
El terremoto
El lunes 10 de agosto, a las 7:34 a. m., un terremoto con epicentro en San José del Palmar (Chocó) y 96 kilómetros de profundidad sacudió el occidente de Colombia durante casi dos minutos. Es el terremoto más fuerte de Colombia en el siglo XXI y el más fuerte desde el de Armenia en 1999.
Nueve departamentos resultaron afectados; los más golpeados fueron Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo cuenta, con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias afectadas y más de 242.000 viviendas dañadas: 19.149 quedaron destruidas, 104.049 fueron declaradas inhabitables y 119.748 tienen daños. También resultaron afectados 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios.
El Fondo Milagro no se ve…
En los primeros días, De la Espriella declaró el desastre nacional y la emergencia económica, decretó tres días de duelo, instaló Puestos de Mando Unificado en Cali, Armenia y Quibdó, creó la Subcuenta Sismo 2026 y anunció el Fondo Milagro y un crédito con el Banco Mundial.
El Fondo empezó a operar 66 días después del terremoto. El decreto que lo creó salió el 9 de septiembre y su junta se reunió por primera vez el 15 de octubre. A modo de comparación, el Forec, que reconstruyó el Eje Cafetero tras el sismo de 1999, se creó en una semana.
El Fondo se creó por el Decreto Legislativo 1379 de 2026. Fiducoldex administra la fiducia, pero el Fondo no maneja la plata: prioriza proyectos, y los recursos los controla el Ministerio de Hacienda. Arrancó con un primer desembolso de 624.656 millones de pesos, de un crédito del Banco Mundial. Su vocero, Miller Soto, dice que el Gobierno moviliza “cerca de un billón”, pero las partidas que detalló solo suman unos 386.600 millones:
- 332.000 millones para 7.385 soluciones de vivienda.
- 50.000 millones para demoliciones.
- 4.600 millones para ayudas directas de 5 millones a 920 pequeños comerciantes.
El Plan de Acción Específico del Gobierno calcula 13,8 billones: 1,2 billones para recuperación temprana y 12,66 billones para reconstrucción definitiva. El subsidio de vivienda puede llegar a 157 millones por hogar, sumando Fonvivienda y Fondo Milagro.
La opacidad. Con corte al 5 de noviembre, Transparencia por Colombia contó 1.099 contratos relacionados con el sismo, por 265.088 millones, firmados con 960 contratistas en 111 municipios. Cerca del 59 % salió de recursos propios de alcaldías y gobernaciones; solo unos 24.900 millones, del Presupuesto General de la Nación. La organización no encontró en el Secop ningún contrato del Fondo Milagro, y sus manuales de operación y contratación están aprobados pero no publicados. Ya en octubre, Transparencia había advertido que las salvaguardas anticorrupción del Fondo eran ambiguas. También señaló que el 82 % de los contratos del sismo registrados hasta el 12 de octubre eran de contratación directa.
El gerente del Fondo, Jaime Uribe, no respondió las preguntas de medios y alegó una directiva presidencial que prohíbe a los funcionarios hablar con medios. El 11 de noviembre, Uribe se excusó nuevamente y no asistió al debate de control político sobre la atención a los damnificados.
La fundación de la primera dama, ante un pedido de desacato
La fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, reportó haber recaudado 54.589.523.791 pesos en donaciones privadas para el terremoto. Un juez le ordenó después detallar el uso de esos recursos, y hoy enfrenta un pedido de desacato por no entregar a tiempo un nuevo informe.
Quién puso la plata y para qué. El 81 % lo aportó el Grupo Gilinski, con la condición de reconstruir tres colegios y tres centros de salud en Cali. El resto vino de unas 100 empresas y aliados, como Nestlé, Bancolombia, Ecopetrol y Avianca, sin montos desglosados. La fundación también promete 35 viviendas nuevas en Quibdó y Dosquebradas, y reporta 5.652 toneladas de ayuda entregadas a más de 48.000 personas en 80 municipios. Sus gastos administrativos serían de unos 12 millones de pesos.
¿Dónde está la plata? Pineda negó haber tomado dinero: “Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones”. Explicó que la junta decidió guardarlos para una segunda fase de reconstrucción de viviendas. El Gobierno dice que estas donaciones no van al Fondo Milagro ni al Presupuesto General.
Cronología
- El 7 de julio de 2026, un mes antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, se creó la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Su única experiencia humanitaria previa, según su propio informe, fue la ayuda a damnificados por inundaciones en Córdoba en febrero.
- Tras el sismo, la fundación lanzó la campaña “Colombia, un solo corazón”.
- El 1 de octubre, el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) le envió a la fundación un derecho de petición con 20 preguntas sobre montos, donantes, gastos y beneficiarios. También preguntó por qué la donación de los Gilinski aparece por menos de los 150.000 millones anunciados para Cali.
- El 16 de octubre, la fundación publicó su informe de rendición de cuentas, que va del 7 de julio al 16 de octubre. Ese mismo día, Ocampo presentó una tutela por falta de respuesta.
- El 20 de octubre, la fundación respondió: calificó la petición de “improcedente”, pero dijo que contestaba “de manera voluntaria y de buena fe”. Su abogado alegó que no maneja recursos públicos.
- A comienzos de noviembre, el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá le ordenó a la fundación completar su respuesta. Debe entregar su informe de gestión, los soportes contables, el uso y cronograma de las donaciones y si donaron contratistas del Estado. También debe explicar los controles sobre la donación de Cali y entregar el inventario de ayudas en especie.
- El 9 de noviembre, Ocampo pidió abrir un incidente de desacato porque la fundación no entregó el nuevo informe en las 48 horas que fijó el juez. Según él, la fundación “respondió de afán y sin soportes”.
¿Por qué canalizar la ayuda por una fundación creada un mes antes del sismo y no por la Cruz Roja, el ICBF o el Fondo Milagro?
Las personas afectadas exigen respuestas
Miles de personas siguen sin poder volver a sus casas, algunas en albergues y otras donde conocidos, sin saber qué va a pasar con ellas. Mientras tanto, la oposición ha calificado de “show” las visitas del presidente a las zonas afectadas.
El 22 de octubre, De la Espriella y el alcalde Alejandro Eder presenciaron en Cali el inicio de la demolición del edificio Arábico. Ese mismo día, en Risaralda, mientras anunciaba medidas para la reconstrucción, De la Espriella le dijo a Roberto Jiménez Naranjo: “Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas, una risita, hermano, está muy serio. Estamos trayendo las soluciones”. Y agregó: “¿Cómo la ve, alcalde? Bien. Más serio que un tacaño recién atracado”.
El 8 de noviembre se desplomó otra parte del Hotel La Luna, en Cali, que había colapsado parcialmente con el terremoto y seguía en pie. No hubo heridos. La demolición ya estaba aprobada, pero les corresponde a los dueños. Hasta el 9 de noviembre, Cali había demolido 18 de los 85 edificios aprobados y le quedaban 65. La Alcaldía estaba ajustando con el Fondo Milagro las instrucciones de la fiducia para poder seguir pagando demoliciones.
En Chocó, la zona del epicentro, solo 2.847 de unas 17.000 familias registradas (17 %) habían recibido subsidio de arriendo o un bono de 800.000 pesos a mediados de octubre. En Quibdó, la gente denuncia que no hay plan de infraestructura, estudios de suelo ni ayuda para demoler.
El principal reclamo es que la ayuda no llega o se corta. El subsidio de arriendo es de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses; la Defensoría advierte que no alcanza, porque la reconstrucción podría tardar entre 12 y 18 meses.
Las barreras que documenta la Defensoría:
- Registro Único de Damnificados (RUD): es requisito para cualquier ayuda, pero no hay una ruta general para inscribirse tarde, corregir errores o reportar daños posteriores. “Esta situación puede impedir que familias afectadas accedan a las ayudas”, advierte la entidad. La Alcaldía de Dosquebradas pidió reabrirlo.
- Errores en la clasificación: Risaralda reporta más de 70.000 inconsistencias en la calificación de habitabilidad. Al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira no habían recibido el apoyo económico.
- Albergues sin salida: 15 albergues activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda alojan a 457 personas, sin protocolos de cierre ni alternativas de vivienda. Algunas familias volvieron a casas inseguras.
- Salud: citas con especialistas, medicamentos y autorizaciones demoradas. En Calarcá, el Hospital La Misericordia opera con cerca de la mitad de su capacidad; el Hospital San Jorge suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS.
- Educación: en el Valle, 69.106 de 121.175 estudiantes afectados seguían sin clases presenciales al 15 de octubre. En Calarcá, más de 1.000 estudiantes del colegio San Bernardo estudian en 81 carpas con problemas de energía, baños y drenaje. El Programa de Alimentación Escolar ha entregado alimentos dañados o incompletos.
¿Qué pasará con las familias cuando se acaben los tres meses de subsidio de arriendo? ¿Cuándo publicará el Fondo Milagro sus contratos en el Secop y sus manuales de contratación? ¿De dónde saldrán los 50,08 billones que faltan para la reconstrucción?
Mujeres, niñas y cuidados en la emergencia
En algunos albergues, las mujeres organizaron turnos de vigilancia para protegerse de la violencia sexual. “Vigilamos entre nosotras”, contaron a finales de agosto a ONU. Muchas perdieron su casa y, con ella, la privacidad de una puerta cerrada.
Dos semanas después del sismo, cientos de personas seguían en albergues o refugios improvisados sin agua, duchas ni baños. Muchas mujeres y adolescentes dormían a la intemperie. Agencias de la ONU alertaron sobre violencia sexual, explotación y presión para cambiar sexo por comida, agua, servicios o protección.
- Salud sexual y reproductiva: el UNFPA calcula que unas 87.500 mujeres en edad reproductiva y unas 3.500 gestantes de la población directamente afectada pueden necesitar atención.
- Miedo a salir: algunas embarazadas evitan los centros de salud por temor a dejar sus casas.
- Red de salud rota: en Bagadó se atiende parcialmente al aire libre; el puesto de salud de San José del Palmar quedó destruido.
- Población étnica: según OCHA, de las unas 112.400 personas afectadas en 30 municipios de Chocó, la mayoría son afrocolombianas o indígenas.
En los balances a tres meses consultados no aparecen cifras desagregadas por sexo sobre quién recibe el subsidio de arriendo, quién sigue en albergues o cuántos casos de violencia basada en género se han reportado en la emergencia.
