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Durante la primera semana de noviembre, las calles de Mirpur, en Dhaka, y de los cinturones industriales de Ashulia, Savar, Gazipur y Narayanganj se llenaron de protestas de trabajadoras y trabajadores textiles. Bloquearon vías, se enfrentaron a la policía y obligaron a cerrar cientos de fábricas. Su reclamo es muy simple: con lo que ganan, ya no alcanza para pagar el arriendo, el gas y la comida.
El sector de la confección emplea a unos 4 millones de personas, en su mayoría mujeres que migraron desde zonas rurales, y genera más del 80 % de las exportaciones del país. Bangladesh es el segundo exportador de ropa del mundo, después de China, y entre sus compradores están H&M, Inditex (dueña de Zara) y Walmart.
Las protestas empezaron el sábado 31 de octubre. Ese día, cientos de trabajadores bloquearon durante casi cuatro horas los cruces de Mirpur-10, 11 y 12, en Dhaka, y cortaron la autopista Dhaka-Tangail en Kaliakair, Gazipur. En los días siguientes, la movilización se extendió a: Mirpur (Dhaka), el epicentro en la capital, con enfrentamientos hasta el 3 de noviembre; Ashulia y Savar, en las afueras de Dhaka, el foco más persistente; Gazipur y Fatullah (Narayanganj), donde hubo choques con la policía y decenas de heridos, según medios locales. Hacia el 5 y 6 de noviembre, la mayoría de fábricas había vuelto a operar, pero la tensión seguía en Ashulia y Savar. El monto del nuevo salario todavía no se ha definido.
El salario no alcanza y las promesas no se cumplen
El salario mínimo de la confección es de 12.500 takas al mes, unos 101 dólares y se fijó en 2023, después de otra ola de protestas. Desde entonces ha aumentado el precio de la comida, la vivienda y el transporte pere el salario se mantiene igual.
El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que ganó las elecciones de febrero, había prometido salarios ajustados a la inflación. En abril reformó la Ley Laboral para revisar los salarios cada tres años, y el periodo actual vence en diciembre. Según Khairul Mamun, del Centro Sindical de Trabajadores de la Confección y el Suéter, el ministro de Trabajo se había comprometido a crear la junta salarial en octubre y no lo hizo a tiempo.
Los empresarios, por su parte, alegan costos más altos, incertidumbre en los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y una caída de la demanda en algunos mercados. Babul Akhter, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Confección e Industriales de Bangladesh, responde que el país tiene “de los salarios más bajos del mundo” en el sector y que los dueños deberían negociar mejores precios con las marcas internacionales.
La demanda central es un salario mínimo de 30.000 takas, unos 241 dólares, más del doble del actual, que está muy por debajo del promedio regional del sector. Bangladesh tiene el salario mínimo más bajo de los grandes países productores de ropa en Asia 171 dólares; Bangladesh paga alrededor del 60 % de ese promedio. Su salario es apenas un tercio del de China y la mitad del de Camboya. Los trabajadores y trabajadoras también exigen tener representación en la junta salarial, que se les paguen los salarios atrasados y mejores condiciones en las fábricas.
Un muerto, heridos y fábricas cerradas
El 3 de noviembre Toufiq Hossain, trabajador de la confección, fue asesinado a golpes. Un compañero le dijo a Human Rights Watch que lo golpearon hombres contratados por otra fábrica.
No hay un balance oficial de heridos. En Fatullah hubo decenas, según medios locales. En Ashulia, al menos diez policías resultaron heridos por ladrillos el 31 de octubre, y un líder sindical dijo que también hubo trabajadores heridos por los bolillos y los gases. Una mujer de 28 años le contó a HRW que su esposo fue detenido después de unirse a la protesta por un rato, aunque no participó en hechos violentos.
Según la BGMEA, las protestas afectaron la producción en 529 fábricas y a casi un millón de trabajadores. El 5 de noviembre, más de 100 de las 1.863 fábricas de Savar y Ashulia declararon feriado preventivo. En Gazipur, en cambio, la policía industrial reportó que casi todas las fábricas estaban operando.
La moda se sostiene en la explotación
El modelo dominante de la moda global, sobre todo el fast fashion, depende de mano de obra muy barata y de una gran desigualdad de poder entre marcas y proveedores.
Lo que gana quien cose es muy poco. Según estimaciones de campañas como Clean Clothes Campaign, el salario de la persona que cose una prenda suele ser entre el 1 % y el 3 % de su precio de venta. Es tan bajo que subir los salarios cambiaría muy poco el precio final.
Hay una brecha con el salario digno. El mínimo de 12.500 takas no alcanza para arriendo, comida y transporte, como cuentan las mismas trabajadoras.
Las marcas presionan a sus proveedores. Exigen precios bajos, plazos cortos y cambios de último momento, y esos costos terminan recayendo sobre las trabajadoras en forma de horas extra, presión y represión sindical. Por eso HRW pide a las marcas que sus contratos no hagan imposible pagar un salario digno.
Esos ahorros cuestan vidas. El derrumbe de Rana Plaza en 2013 mató a 1.134 personas en un edificio que no cumplía las normas.
Es explotación con sesgo género. La mayoría de quienes trabajan en la confección son mujeres jóvenes migrantes del campo, que reciben salarios bajos y tienen poca capacidad de negociar.
Junta salarial, gases y Ley Antiterrorista
El gobierno de Tarique Rahman abrió una negociación y, al mismo tiempo, aumentó la represión.
El 1 de noviembre creó una junta salarial de seis miembros, y el primer ministro convocó una reunión de emergencia con sus ministros. El 4 de noviembre, la junta acordó que la nueva escala salarial se aplicará desde diciembre y que los primeros pagos llegarán en enero de 2027. Todavía no ha dicho cuánto será el aumento. La patronal BGMEA, por su parte, amenazó con aplicar la regla de “sin trabajo no hay pago” si las protestas continuaban.
En la calle, la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, bolillos y cañones de agua. Solo en Mirpur se desplegaron más de 10.000 policías. La Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB) envió 33 pelotones a las zonas industriales, con drones, vehículos blindados y cámaras corporales.
Según Human Rights Watch, el 3 de noviembre la policía de Dhaka detuvo a 33 simpatizantes de la Liga Awami, el partido de la exprimera ministra Sheikh Hasina, acusados de sabotaje. Ese mismo día detuvo en Ashulia a tres líderes sindicales por “incitación”. Además, abrió causas bajo la Ley Antiterrorista contra miles de personas sin identificar. La autoridad tributaria ordenó congelar las cuentas bancarias de 204 personas y organizaciones por supuestamente financiar los disturbios.
El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, dice que detrás de la violencia hay una conspiración de industriales y exdirigentes de la Liga Awami, y que los trabajadores “genuinos” no participaron en ella. HRW, en cambio, critica que las autoridades culpen a la oposición en lugar de atender las demandas laborales. La organización pidió que la fuerza se use solo cuando sea necesaria y proporcional, y que las marcas internacionales no impongan contratos que hagan imposible pagar un salario digno.
