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“Para muchas personas, mostrar una cédula es un gesto insignificante: el nombre coincide, el documento se guarda y la vida continúa. Esa tranquilidad también es un privilegio”. Así inicia el manifiesto de Zain, un hombre trans venezolano que ha sido violentado en múltiples ocasiones, porque el Estado venezolano no ha tramitado la solicitud para que sus documentos coincidan con su nombre. Por cuenta de esto, Zain ha sido cuestionado por diferentes funcionarios estatales que han llegado incluso a desnudarlo para corroborar su identidad. Zain cuenta, con sus propias palabras, que “durante mi tránsito por San Cristóbal, funcionarios militares me retuvieron, me esposaron y me obligaron a desnudarme. Mi cuerpo se convirtió en objeto de sospecha, juicio y violencia. San Cristóbal no fue un hecho aislado. En una de mis salidas de Venezuela, fui apartado y sometido a una inspección ante la sospecha de que transportaba drogas dentro de mi cuerpo. Otra vez mi cuerpo se convirtió en territorio de investigación del Estado.”
Desafortunadamente, casos como el de Zain no son aislados ni en Venezuela ni en otros países de nuestro continente. Según el reporte Amenazas y Violencia Policial de Colombia Diversa, “en el 90% de Colombia se reportaron amenazas contra personas LGBTIQ+ y en 6 de cada 10 casos el móvil fue la violencia por prejuicio. Es decir, las víctimas fueron violentadas por ser LGBTIQ+ y no únicamente por un problema de seguridad en la región”. Estamos en un momento donde vemos que hay mucha negligencia y discriminación hacia las personas de dicha población, tiempos en los que los prejuicios han adquirido un valor moral y, por tanto, una validación de ciertos grupos sociales, que perciben la violencia contra las personas de identidades de género u orientaciones sexuales no hegemónicas como una solución a un problema o como algo que esas personas se han buscado por su estilo de vida. El peligro radica en que los derechos de la población LGBTIQ+ se vean como fichas de quitar y poner según voluntades políticas de turno.
Existen políticas internacionales que han buscado la protección de la población LGBTIQ+ y se conocen alertas sobre la falta de garantías frente a sus derechos fundamentales; así lo señala el mismo informe previamente mencionado: “Cuando la comunidad internacional asumió el compromiso de construir sistemas de alerta temprana para todas las personas antes del 2030, se planteó bajo una premisa fundamental: la inclusión plena. Tal inclusión implica que gobiernos, autoridades locales y actores humanitarios deben garantizar que nadie quede fuera de los mecanismos que anticipan riesgos y salvan vidas. Para lograrlo, es indispensable reconocer a las personas LGBTIQ+ y asegurar que estén representadas en todas las fases de la prevención, atención y la gestión del riesgo de desastres, amenazas y violencias.” Es evidente en el caso de Zein que hay un riesgo definitivo, como él mismo lo señala: “No quiero que mi integridad dependa de la ignorancia, el prejuicio, la moral o la transfobia del próximo funcionario que tenga autoridad sobre mí.” En Venezuela, las personas trans continúan enfrentando obstáculos legales e institucionales para obtener el reconocimiento jurídico de su identidad de género. Estas barreras no se limitan a los procedimientos administrativos; en cambio, tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana, en el acceso a derechos y en la relación con las instituciones del Estado. La falta de mecanismos adecuados de reconocimiento expone a las personas trans a situaciones de cuestionamiento, discriminación y desconocimiento de su identidad.
Es importante señalar que la identidad de género no depende de su validación por parte de una autoridad ni comienza a existir cuando queda consignada en un documento oficial. El reconocimiento jurídico debe entenderse como una obligación estatal orientada a garantizar que todas las personas puedan identificarse y ejercer sus derechos sin que su identidad sea sometida a cuestionamientos o restricciones.
El desafío no consiste únicamente en identificar las disposiciones existentes, sino en determinar si estas ofrecen garantías reales, accesibles y suficientes para que las personas trans puedan obtener el reconocimiento de su identidad y ejercer plenamente sus derechos.
Zain, artista escénico e investigador, pone en evidencia una de las formas más profundas de violencia institucional que enfrentan las personas trans: la negación de su identidad a través de los documentos y los procedimientos del Estado. De manera que él ha decidido manifestarse y, con su acción política Acto de Nacimiento, realizada el 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Zain continuó exigiendo que el Estado venezolano trámite su cambio de nombre y reconozca su identidad como hombre trans en documentos oficiales. Su gesto es profundamente simbólico: presentar una reproducción monumental de su cédula para hacer visible la contradicción entre un cuerpo y una identidad que existen, y unos documentos que lo desconocen. Su demanda no consiste en pedirle al Estado que le conceda una identidad, sino en exigirle que deje de obstaculizar el reconocimiento de su existencia. No podemos olvidar que cuando una persona trans debe explicar su identidad ante un funcionario, justificar su cuerpo ante un policía o demostrar que sus documentos le pertenecen, la burocracia deja de ser un procedimiento administrativo y se convierte en un mecanismo de violencia.
Y si bien en Venezuela llueve, en Argentina no escampa. Lo ocurrido en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, es una alerta para el mundo entero. Durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, varias travestis y mujeres trans fueron agredidas por un grupo numeroso de ciclistas que las rodeó y atacó. De acuerdo con el testimonio de Leticia, una mujer trans que presenció los hechos y cuyo relato fue recogido por la organización Presentes, las mujeres quedaron prácticamente acorraladas por una multitud. “Las cercaron. Así como un torbellino, un huracán. No podías entrar a defenderlas porque eran más de 150 ciclistas”.
La dimensión colectiva de la agresión es muy alarmante. No estamos hablando de un enfrentamiento aislado entre particulares, sino de una multitud que convirtió a un grupo de travestis y mujeres trans en blanco de una persecución. La violencia que vimos en este ataque pretende dar ejemplo de castigo: expone públicamente a unas personas, las convierte en objeto de hostigamiento y produce un mensaje de intimidación dirigido también a quienes comparten sus identidades y experiencias. El ataque a una persona trans nunca es un ataque únicamente a esa persona; es un ataque que busca ser grupal.
La conductora argentina Florencia de la V cuestionó con lágrimas y angustia lo ocurrido; en sus declaraciones recordó las múltiples formas de exclusión que atraviesan las vidas de las mujeres trans: “Fueron echadas de sus hogares, de los colegios, discriminadas en los trabajos, violentadas a nivel social y expulsadas de absolutamente todo, ¿eso nos divierte? Ellos lo hacen, lo suben, ¿y creen que eso es una hazaña?, ¿perseguir a gente extremadamente vulnerada?, ¿eso es una marca de época?”. Este ataque, sin duda alguna, nos lleva a ver que la vulnerabilidad de las personas trans, para algunas personas, es una oportunidad de entretenimiento y exhibición de crueldad. Que una agresión de esta naturaleza pueda ser registrada, difundida o celebrada en redes sociales obliga a preguntarnos qué clase de impunidad social estamos normalizando.
Ni lo que está ocurriendo con Zain ni lo que ocurrió en Buenos Aires son hechos aislados; son expresiones de una violencia estructural que encuentra en los cuerpos y las identidades trans un territorio sobre el cual ejercer control, castigo y exclusión. El fascismo se ha encargado a puño y letra de infundir miedo sobre las personas trans, de señalarlas como peligrosas y nocivas para cualquier sociedad, y estos casos son prueba de que es un discurso que está sumando cada vez más seguidores y cooptando personas para que ejerzan violencia sobre otras, usando las identidades trans como perfectos chivos expiatorios para que no veamos la negligencia gubernamental ni su corrupción.
Desde un Estado que niega el reconocimiento jurídico de la identidad de un hombre trans hasta una multitud que persigue, agrede a travestis y a mujeres trans en el espacio público, existe una creencia común sobre quién merece existir con dignidad y bajo qué condiciones puede hacerlo. No podemos permitir que el reconocimiento de los derechos humanos dependa de la voluntad política de los gobiernos, de los prejuicios de quienes ejercen autoridad o de la aprobación de una sociedad que siempre encuentra motivos para justificar su violencia. Las identidades de género no son una concesión administrativa, una opinión pública ni una provocación; son parte de la existencia de las personas. Por eso, defender los derechos de las personas trans implica exigirle a cada Estado que garantice vidas libres de violencia, discriminación y en dignidad. No son las personas trans quienes deben demostrar que merecen respeto. La identidad no se mendiga, la dignidad no se negocia y ninguna vida debería estar obligada a defender su derecho a existir.
