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No fue uno, dos, tres o cuatro: fueron casi cien varones adolescentes y jóvenes, en bicicletas y a pie, que atacaron a trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo en Ciudad de Buenos Aires. No fue al azar: lo organizaron. Empezaron con burlas e insultos y terminaron rodeándolas, pegándoles con palos y elementos de señalización urbana como un cono de tránsito. Seis mujeres trans terminaron heridas; tres de ellas tuvieron que ser asistidas en el Hospital Fernández y otras prefirieron reponerse por su cuenta. No conocimos el ataque a través de las víctimas, sino por medio de los propios agresores que lo convirtieron en un “contenido” de redes sociales. Difundieron ellos mismos las imágenes que provocaron el repudio de activistas y artistas. Ocurrió durante la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre, pero recién el martes, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició un expediente por las agresiones. Todavía no hay detenidos.
Esta columna podría terminar acá porque la información habla por sí sola de un estado de situación en Argentina. ¿Qué más se puede decir frente a la brutalidad y deshumanización total? ¿Cuánto más hay que explicar? Quienes estén leyendo este artículo pueden sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, se vuelve necesario nombrar lo que pasa y exigir justicia.
Por un lado, hay que dar contexto. Las advertencias fueron hechas. Hace más de un año que las trabajadoras sexuales de esa parte de la ciudad vienen denunciando en distintas oportunidades el aumento de la persecución. Dieron una conferencia de prensa en la que dijeron que es la tercera vez que sucede un ataque de este tipo. “Yo tengo el ojo morado. Me dieron con palos, botellas, agarraron piedras, conos, lo que encontraron. En la zona roja no hay palos, no hay fierros, no hay nada. Vinieron preparados”, dijo una de ellas a la salida de la Defensoría del Pueblo. El martes 3 de noviembre hubo un paro porque entre agosto y octubre fueron asesinadas cuatro trabajadoras sexuales en distintos puntos del país. Según el observatorio Adriana Zambrano de la Casa del Encuentro, en lo que va del año se produjeron 9 transfemicidios.
Por el otro, hay que reponer un sentido básico roto sobre la dignidad de las personas porque es la máxima autoridad del país la que se ocupa sistemáticamente de atacar determinadas existencias.
Lamentablemente, esta no será la primera ni la última agresión callejera en este país. Los crímenes de odio siempre existieron, pero hay discursos y narrativas que habilitan que sucedan aún más. No es una opinión ni una hipótesis. Es un dato de la realidad. El aumento de los crímenes de odio en Argentina se puede cuantificar: en lo que va de 2026 hubo 260 crímenes de odio contra personas LBTIQ+. En 2025 fueron 227 y en 2024 habían sido 140, según el relevamiento que hace el Observatorio de la Federación Argentina LGBT. Cada 28 horas sucede un crimen de odio.
El odio hoy es política nacional. En los últimos tres años, el gobierno de Javier Milei se ha ocupado de construir enemigos públicos: feministas, lesbianas, gays, travestis y trans. Lo hizo con palabras, pero también con el desmantelamiento de las políticas públicas y estructuras dedicadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias. Hoy ya no queda ningún organismo nacional especializado en violencia de género, una situación inédita.
La despersonalización y la estigmatización son el primer paso para la deshumanización y el odio. En 2025, en el Foro de Davos, Javier Milei dijo: “Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”.
El biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, declaró: “El cambio de sexo es un trastorno mental”. El influencer Agustín Laje ha dicho: “El sexo de una persona no se puede cambiar; lo que se puede hacer es mutilar a una persona”. Y podríamos seguir enumerando declaraciones que no contagian, habilitan el odio.
Al mismo tiempo, la “mano dura” se despliega como campaña oficial en la cartelería pública porteña. Bajo el lema de “Ley y Orden”, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, persigue a quienes trabajan en la economía informal y hostiga con grandes operativos a los barrios populares.
El problema es que no se trata solo de Milei, Macri y los referentes libertarios: muchos otros varones (y mujeres) con voz pública responsabilizaron una y otra vez a los feminismos del avance de la ultraderecha. Con esa idea de “se pasaron tres pueblos” colocaron como chivo expiatorio a un movimiento, pero también a un sujeto social. Entregar identidades y existencias como sacrificio tiene consecuencias como esta.
Eso que llaman “batalla cultural”, una retórica que pareciera abstracta o simbólica, se traduce en violencia física bien concreta como el ataque de esta patota. No es “batalla cultural”, es odio. Lo que vimos esta semana no fue un exceso juvenil, es la ejecución en la calle del programa político del odio.
