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El 17 de octubre, Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada, de 22 años, fue asesinada en un operativo militar en la zona rural del Meta, en los límites entre los municipios de Puerto Rico y Vistahermosa. Según testigos, un militar le disparó en la cabeza. La operación, a cargo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 del Ejército, buscaba desarticular la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las FARC que lidera alias Calarcá. El Gobierno presentó como resultado tres capturas, entre ellos alias Junior Rojas, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura y una mujer muerta, Jhesmy Yasmín. Abelardo de la Espriella exhibió en redes sociales el cuerpo de Jhesmy Yasmín en una bolsa blanca y la presentó como “un bandido muerto”.
Jhesmy era madre soltera de una bebé de 16 meses y cuidaba a una hermana de 15 años. Estaba afiliada a la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cooperativa, donde vivía, y trabajaba de manera informal: cocinaba, vendía comida y hacía aseo en casas y fincas de la región.
Según la denuncia pública de la Junta de Acción Comunal, el día del operativo hacia las 6 de la mañana, un helicóptero militar sobrevoló la finca Rancho Grande, en la vereda Bajo Guaimaral, donde se encontraba Jhesmy. Media hora después llegó un segundo helicóptero y luego empezaron a escucharse ráfagas y disparos de fusil.
De acuerdo con la comunidad, los uniformados rodearon la vivienda y dispararon contra ella sin tomar precauciones para proteger a los civiles que pudieran estar adentro. Después patearon y rompieron las puertas, entraron a las habitaciones y revolcaron las pertenencias. Denuncian que, en medio del procedimiento, un militar le disparó a Jhesmy en la cabeza.
El coronel William Chinome Rojas afirmó que ella sería la compañera sentimental de alias Junior Rojas, pero la familia de Jhesmy y la comunidad de la vereda La Cooperativa rechazan esa versión: niegan cualquier vínculo de la joven con la organización ilegal y denuncian su muerte como una ejecución extrajudicial. La Fiscalía investiga el caso.
Sus familiares exigen justicia y respuestas. La Junta de Acción Comunal de la vereda La Cooperativa pidió a las organizaciones de derechos humanos y a las autoridades competentes una investigación independiente para que el caso no quede en la impunidad. La Junta también exige que se identifique a los militares que participaron en el operativo y que se garantice protección y acompañamiento a los menores y a los demás testigos mientras avanza la investigación.
Luz Adriana Calzada, la madre de Jhesmy, le envió un mensaje a De la Espriella, en entrevista con Vorágine: “Antes de juzgar a las personas, tiene que investigar. No puede ir ordenándole al Ejército que entre a una casa y mate a las personas sin investigar quiénes son”.
No es el único caso
El de Jhesmy Yasmín Rodríguez no es el único posible falso positivo denunciado durante operativos de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales en este gobierno.
El 21 de septiembre, en el sector Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, en la zona rural de Santa Marta, murió Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, en un operativo de la Policía Antinarcóticos, apoyado por la Fiscalía y la Fuerza Aérea, contra alias Cholo, a quien las autoridades señalan como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno presentó un balance de siete muertos y lo incluyó entre ellos. Sin embargo, su familia niega esa versión y explica que Ricardo era campesino y llevaba unos 15 días trabajando en una finca ganadera de la zona. Su hermana asegura que integrantes de las ACSN lo habían retenido y que, cuando llegó la Fuerza Pública, intentó entregarse. “Lo hicieron pasar como miembro de esta organización criminal y supuesto hijo de alias Pinocho”, denunció. Después del operativo circularon fotografías alteradas con inteligencia artificial para hacer aparecer a Ricardo armado. El Ministerio de Defensa negó que alguna fuente oficial lo hubiera señalado como hijo de alias Pinocho, pero no ha dado más explicaciones sobre el caso. De acuerdo con la necropsia, Ricardo murió de un solo disparo en el pecho. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Fiscalía y a Medicina Legal que esclarezcan las circunstancias de su muerte. Hasta ahora, ningún policía ha sido identificado públicamente como investigado.
El 22 de septiembre, en la vereda Guaduales–Nueva Esperanza, en La Macarena (Meta), Luis Carlos Mojica Guzmán también fue asesinado durante un operativo de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales del Ejército. Según la Junta de Acción Comunal y la familia Guerrero Motta, los militares llegaron a su vivienda, amarraron a Yuli Andrea Motta, la golpearon y la interrogaron a punta de fusil mientras su hija de 7 años estaba en la vereda. Dispararon contra la casa, aunque, según los testigos, no hubo combate. Mojica, un vecino que se acercó en bicicleta para auxiliar a la familia y a quien la comunidad describe como un jornalero desarmado y vestido de civil, recibió un disparo y uno de los soldados lo habría rematado mientras estaba herido en el suelo. Los testigos denuncian también que los militares se tomaron fotos con el cadáver. El Ejército da otra versión. Sostiene que los hechos ocurrieron en la vereda Itilla, en Calamar (Guaviare), y que el muerto era alias “Rafael”, integrante de la estructura disidente Jhon Linares. También afirma que incautó cinco armas largas y niega haber retenido a Motta. La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Defensa y al Ejército esclarecer la muerte, verificar la actuación de los uniformados y activar los mecanismos de control interno. Motta denunció a los militares por secuestro agravado y tortura. Hasta ahora no se ha identificado públicamente a ninguno de los soldados que participaron en el operativo.
