September 27, 2026

Entramos por las ventanas: los caminos hacia el derecho al aborto

Desde las mujeres esclavizadas que usaban plantas para que sus hijos no nacieran esclavos hasta las parteras del Pacífico, las mujeres negras han sostenido su soberanía reproductiva por su cuenta. En Colombia el aborto ya es un derecho, pero todavía no llega a todas. ¿Qué falta?

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En 1705, la naturalista Maria Sibylla Merian anotó en Surinam que las mujeres esclavizadas e indígenas usaban las semillas de la flor de pavo real para interrumpir sus embarazos. Lo hacían, escribió, para que “sus hijos no nacieran esclavos como ellas”. 

Las mujeres negras esclavizadas, dueñas del conocimiento y el uso de las plantas para la salud del útero y la regulación de la menstruación, encontraron en el aborto la manera de sostener el gobierno de su propia reproducción bajo un sistema que había atado su capacidad de gestar al lucro esclavista. Como mostró Angela Davis en Mujeres, raza y clase, interrumpir un embarazo fue para ellas un acto de resistencia contra un sistema que convertía su descendencia en propiedad y, a la vez, una afirmación de soberanía sobre sus propios cuerpos, allí donde el derecho no las reconocía como mujeres ni como personas. La pulsión por decidir sobre el propio cuerpo es tan antigua como el intento de negarla.

Así como entonces, los caminos hacia el derecho al aborto los han labrado y andado las mujeres desde tiempos remotos, antes incluso de que existiera el control del Estado sobre las decisiones que atraviesan, afectan y transforman sus cuerpos. Y también después de los marcos legales restrictivos y de la mayor criminalización. Han sido muchos esos caminos y diversas las formas de abrirlos.

Las mujeres de los años setenta, con el movimiento de prácticas de autoayuda, inventaron formas de acompañamiento y protocolos para la extracción menstrual que ayudaban a autogestionar el aborto de manera segura y clandestina, y diseminaron esas guías a otros territorios donde pudieran adaptarse. Eran aprendidas y practicadas por mujeres que buscaban el control colectivo de la salud, conformando redes que siguen siendo vitales frente a la criminalización. Angustiadas por una morbilidad y una mortalidad materna que en muchos países dobla y hasta triplica la de sus pares sin pertenencia étnico-racial, las mujeres negras han transmitido y garantizado el traspaso de información que salva vidas a través de acompañantes, multiplicadas como respuesta solidaria a los marcos legales que las empujan a la clandestinidad y al aborto inseguro.

En el Brasil de los años ochenta, en un contexto de restricción total, las mujeres pobres, en su mayoría negras, siguieron buscando rutas, herramientas e invenciones que les permitieran interrumpir sus embarazos sin que les costara la vida, la salud y la libertad. Así encontraron un medicamento para las úlceras gástricas, con severas contraindicaciones en el embarazo porque provocaba abortos: el misoprostol, un medicamento que hoy hace parte de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 

A comienzos de este siglo, la médica holandesa Rebecca Gomperts comenzó a trasladar a mujeres desesperadas por interrumpir sus embarazos a un barco ubicado en aguas internacionales. Allí les suministraba misoprostol y mifepristona de forma segura y legal, pues allí regía la jurisdicción holandesa que protege el derecho al aborto. Gomperts llamó a su iniciativa Women on Waves (Mujeres en las olas), y, aunque fueron pocas las mujeres que llegó a atender, su estrategia se convirtió en un hito por hackear el derecho internacional para producir precedentes judiciales, conversación pública y presión legislativa alrededor de la necesidad de legalizar el aborto.

En América Latina, esa fuerza tiene un color y se expresa vivamente en las calles. La Marea Verde, nacida en Argentina y hoy extendida por el continente, es un movimiento vivo y creativo: del pañuelo verde a la Causa Justa que amplió el derecho en Colombia, sacó el aborto del silencio y lo puso en el centro de la conversación pública. Dentro de esa marea, las mujeres negras han tejido su propio cauce. En el Pacífico, las parteras afrocolombianas y colectivos como la Red Mariposas de Alas Nuevas sostienen las redes de salud sexual y reproductiva que hacen posible decidir. El reclamo de las mujeres negras incluye el aborto, pero no se limita a él. Exigimos una justicia reproductiva que garantice el derecho a tener hijos, a no tenerlos y a criarlos en condiciones dignas. Que puedan crecer a salvo de los agrotóxicos que enferman y de la criminalización que se lleva la vida de los jóvenes negros.

Gracias a esos esfuerzos multiplicados globalmente y a la movilización social sostenida de organizaciones, en las últimas décadas diversos países han empezado a flexibilizar sus prohibiciones y a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones dignas y seguras. 

La existencia de un delito y de marcos restrictivos no nos detuvo en el pasado y no nos detendrá en el presente. Porque poder decidir sobre el propio cuerpo es también una medida de la salud de la democracia: donde ese derecho se niega, la ciudadanía de las mujeres queda a medias. Pero tenerlo escrito en el marco legal no basta para ejercerlo. 

En Colombia, el aborto es un derecho constitucional. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está permitida hasta la semana 24 sin necesidad de acreditar una causal y, después, sin límite temporal, aplican las tres causales de la Sentencia C-355 de 2006 (riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y violencia sexual). Así lo decidió la Corte Constitucional en 2022, en un proceso al que las organizaciones de mujeres negras presentaron escritos explicando los efectos desproporcionados de la penalización del aborto en las mujeres afrodescendientes. 

Aun así, las mujeres negras, indígenas, migrantes, con discapacidad y las que viven en la ruralidad tardan más en saber que pueden acceder a la IVE, y son las que más tardan en llegar a los servicios. No por negligencia, como muchos piensan, sino por desigualdades estructurales en el acceso a la información, en la infraestructura vial y en las redes de salud cercanas.

Como documentamos en Ilex Acción Jurídica en la investigación IVE desde el margen, es más probable que estas mujeres vivan en desiertos de anticoncepción, territorios donde conseguir un método, o siquiera la información para usarlo, resulta casi imposible.

A esas brechas se suma el conflicto. En los territorios afrocolombianos, los actores armados imponen violencia sexual y embarazos forzados, y también confinan: donde ellos controlan la locomoción y la moral de un territorio, la mujer que necesita abortar ve avanzar su edad gestacional mientras intenta llegar a un servicio que casi nunca queda cerca. 

Entre 2023 y 2025, según datos del Instituto Nacional de Salud, murieron 47 mujeres negras por causas maternas. El 80% de esas muertes eran evitables. Las causas apuntan a la atención: a quiénes logran llegar a sus controles y a las demoras en recibir atención oportuna. Dos auxiliares de enfermería del Chocó entrevistadas para el estudio contaron que muchas mujeres recurrían a métodos caseros para interrumpir sus embarazos, y que las que persistían “llegaban demasiado tarde a la atención médica, al no contar con la información necesaria para atender sus complicaciones, y enfrentaban infecciones y septicemia”. Es una paradoja que se destine tanto esfuerzo a castigar y criminalizar a las mismas mujeres a las que se les niegan las condiciones mínimas de bienestar.

Pero lo que demuestra nuestra historia es que la lucha por la soberanía reproductiva no es nueva. De las mujeres esclavizadas conocedoras de las propiedades de las plantas a las madres jefas de hogar que hoy luchan por abortar de forma segura a través del sistema de salud, hemos recorrido un largo camino por ejercer nuestra soberanía reproductiva y agenciar el cuidado de nuestras familias y proyectos de vida. 

El derecho ya está ganado. Lo que aún falta es que llegue hasta la última mujer, y esa es una deuda del Estado: proteger la vida de las mujeres negras y de todas aquellas para quienes aún no es una realidad material. Las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias tienen derecho a la garantía del aborto seguro y legal. Por eso, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, vale recordar lo que nos dijo una de las mujeres del estudio IVE desde el margen: “Si nos cierran las puertas, entramos por las ventanas”. 

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Autor

  • Directora de Investigaciones de ILEX Acción Jurídica. Abogada constitucionalista y defensora de los derechos humanos. Su trabajo está ligado a la defensa de los derechos humanos, al derecho constitucional, la investigación socio legal y la incidencia política. Inicialmente, lo abordó desde su trabajo en la Corte Constitucional de Colombia y, posteriormente, en la organización Colombia Diversa y la Liga de Salud Trans a través del litigio estratégico y la transformación de sistemas normativos restrictivos. Este trabajo lo complementó con la formulación de medidas de política pública desde el Gobierno nacional.

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