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A un mes de su posesión, el balance de la gestión de Abelardo de la Espriella genera cuestionamientos relacionados con su respeto por los principios constitucionales y la protección de los derechos de la población.
En resumen, el primer mes de Abelardo de la Espriella deja seis menores muertos en bombardeos militares, una moción de censura en trámite contra el ministro de Defensa, un giro radical en política exterior pro-Israel, desregulación del sector minero, unas disculpas a medias, retando la laicidad del Estado, y la imagen de un presidente que se pasea entre cadáveres para mostrar resultados.
Durante este periodo ya son varias las órdenes judiciales emitidas exigiéndole al gobierno suspender los bombardeos donde exista información verificable sobre presencia de menores, además de la orden de ofrecer disculpas públicas por vulnerar la neutralidad religiosa durante la posesión presidencial.
A continuación, recopilamos una cronología de anuncios, actuaciones y decisiones de Abelardo de la Espriella y su gabinete entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026.
7 de agosto – Posesión presidencial.
La ceremonia de posesión presidencial en Cali incluyó un espacio de “invocación y alabanza”, representantes de tres sectores religiosos y una imagen de la Virgen de Fátima, poniendo en tensión, desde el primer día, la laicidad del Estado.
10 de agosto – Terremoto y primer bombardeo (Operación Beta).
En su primera alocución para entregar un parte de las víctimas mortales y daños que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte del país, De la Espriella es objeto de críticas por posar y enviar besos y saludos, a pesar de la gravedad del asunto.
Horas después, se ejecutó el primer bombardeo del gobierno en la vereda El Sinaí, Catatumbo, Norte de Santander. contra el Frente Nororiental del ELN, dejando entre los muertos a un menor de edad. Tres campesinos resultaron heridos.
En medio de la emergencia, la Cancillería emite un comunicado reconociendo la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado desde 1967), convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo en hacerlo después de Estados Unidos (2019, bajo el primer mandato de Trump). Siria condena la medida.
12 de agosto – Anuncio de acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, firmó formalmente un acuerdo bilateral de cooperación militar con el Departamento de Guerra de EE. UU., en un acto de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) donde participó Pete Hegseth. Con esa firma, Colombia se convirtió en el 19º miembro de la coalición. El texto público habla de intercambio de información, coordinación y operaciones conjuntas, sin precisar si habrá presencia permanente de personal estadounidense en el terreno. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, advirtió que si el acuerdo implica despliegue de tropas extranjeras en territorio colombiano, requeriría autorización del Senado por mandato constitucional.
12 – Anuncio de decreto de emergencia y Fondo Milagro.
De la Espriella anuncia el decreto de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos por 30 días (Decreto 1261). En el mismo acto anuncia la creación del “Fondo Milagro” para canalizar aportes nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, colegios, vías y los cinco aeropuertos afectados por el terremoto, además de alivios tributarios, subsidios de arrendamiento y periodos de gracia para empresarios y microempresarios. Justifica la medida señalando que el país atraviesa “la crisis fiscal más compleja de toda su historia”. El decreto es firmado el 19 de agosto.
13 de agosto – Revocan protección a Páramo de San Turbán
El nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, firma la Resolución 1037, que revoca directamente la Resolución 0994 y deja sin efecto la reserva definitiva de La Baja,en el Páramo de Santurbán, delimitada y declarada por el gobierno Petro Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo, protegiéndola de cualquier intervención minera. Según investigación de Cuestión Pública, la revocatoria favorece a Aris Mining, empresa que tiene entre sus accionistas a Serafino Iacono, amigo y socio de Abelardo de la Espriella en su marca de ron Defensor. El hecho desata tensiones con el Comité Santurbán por el conflicto de interés.
16 de agosto – Escándalo Minvivienda
Se conocen fotos y videos que ubican al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en una playa de Santa Marta junto a su esposa e hijos durante el puente festivo, mientras el país atendía la emergencia del terremoto del 10 de agosto (que para entonces ya dejaba más de 300 muertos y 200 desaparecidos). El presidente no solo lo respaldó, sino que lo nombró gerente del plan de reconstrucción (con una inversión anunciada de más de COP 30 billones).
Ese mismo fin de semana, en su visita a Buenaventura, el presidente De la Espriella entrega/lanza desde una camioneta blindada balones de fútbol y camisetas a niños y jóvenes de la zona afectada por el terremoto. Los balones y camisetas llevaban impreso el logo de “Defensores de la Patria”, su propio movimiento político.
18 de agosto – Suspensión de programación informativa de emisoras de paz.
Se suspendió la programación informativa, de opinión y cultural de las 20 emisoras de paz. La medida fue presentada como “transitoria”, mientras se revisaba la programación, los contratos y se mejoraba el manejo del Sistema de Medios Públicos. Las frecuencias quedaron enlazadas a la señal centralizada de Radio Nacional de Colombia, emitida desde Bogotá y solo con emisión musical.
La suspensión dejó sin ese contenido a más de 463.000 personas en 170 municipios. Las Emisoras de Paz eran el único punto del Acuerdo de Paz de 2016 que había alcanzado el 100% de cumplimiento.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron la vulneración del derecho a la información, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, y del deber de cumplir de buena fe lo pactado en el Acuerdo, según el Acto Legislativo 02 de 2017.
18 de agosto – Escándalo del ICBF por “Resistencia Chiquita” y la palabra niñas.
La nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, ordenó retirar un mural de la sede de la Dirección General en Bogotá, hecho con tiza por niñas del colectivo Resistencia Chiquita (nacido en 2016, tras el feminicidio de Yuliana Samboní, como espacio de expresión artística y participación infantil sobre violencias contra niñas y mujeres). El mural incluía frases como “Aquí estuvo Resistencia Chiquita” y “lucha”. Restrepo lo calificó de “absolutamente abusivo”: “Un niño qué va a saber qué es eso”. La exdirectora Astrid Cáceres (gobierno Petro) defendió el mural como un “espacio libre” para que los niños “dejaran su huella”.
También se conoció un documento interno de la Regional Huila del ICBF, firmado por el director encargado Carlos Cabrera, que pedía usar “exclusivamente” la expresión “niños y adolescentes” en las comunicaciones institucionales, lo que en la práctica excluye la palabra “niñas”. La directora, en respuesta a las críticas, emite una circular a nivel nacional indicando que las comunicaciones del Instituto usarán el término “niñez”.
20 de agosto – Derogación de circulares de la Reforma Laboral y eliminación de visas entre Colombia e Israel.
El Ministerio del Trabajo, encabezado por Natalia López Fuentes, derogó 11 circulares laborales del gobierno Petro, mediante Resolución 2708 de 2026, relacionadas con derechos laborales, libertad sindical, permisos sindicales, jornada laboral, horas extras en vigilancia privada, estabilidad laboral reforzada, trabajo doméstico, trabajo en plataformas digitales y negociación colectiva.
La medida afecta directamente a los trabajadores que estaban protegidos por esas circulares, como sindicalistas, trabajadores de vigilancia privada, empleados domésticos, trabajadores de plataformas digitales y personas con estabilidad laboral reforzada (por ejemplo, mujeres embarazadas o personas con problemas de salud). Sin esas circulares, estos grupos pierden los lineamientos específicos que guiaban las inspecciones laborales del Estado sobre sus derechos. Fecode rechazó la medida y advirtió que favorece la vulneración de derechos laborales.
Ese mismo día, se anuncia la eliminación recíproca de visas entre Colombia e Israel, acordada entre los cancilleres Gideon Sa’ar y Omar Bula, con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2026.
21 de agosto – Decreto por la privatización de la educación pública.
El 21 de agosto, el Ministerio de Educación, en ese momento a cargo de Viviane Morales, presentó un proyecto de decreto para modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015, la norma que regula cómo los departamentos y municipios contratan con terceros la educación oficial en preescolar, básica y media. El proyecto busca llevar a todo el país el modelo de colegios “en concesión”, donde un privado administra un colegio público sin que este deje de figurar como oficial. Aunque la Constitución exige que este tipo de proyectos esté abierto a comentarios un mínimo de 15 días, el Ministerio de Educación solo dejó cinco, afirmando que había contratos territoriales a punto de vencerse.
El proyecto cambia la forma en que se contrata la educación pública en el país. La segunda figura puede permitir contratos hasta por 12 años, lo suficiente para que un niño curse toda su educación básica y con docentes bajo régimen laboral privado, sin ser empleados públicos. El proyecto de decreto también contempla contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los contratos entre el Estado y confesiones religiosas existen desde la ley 115 de 1994, sin embargo, con este nuevo proyecto de decreto, las iglesias podrían tener más terreno para operar dentro de colegios oficiales.
Fecode rechazó el proyecto y advirtió que varios de sus artículos apuntan a privatizar la educación pública, dirigir recursos estatales hacia operadores privados, facilitar la precarización de la contratación docente, entre muchos otros aspectos inconstitucionales.
24 de agosto – Anuncio de deportaciones.
De la Espriella anunció el inicio de operativos para deportar a inmigrantes irregulares del país. Según él, saldrían primero los que están cometiendo delitos y, en segundo lugar, quienes no tengan regularizada su situación. Entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre se realizaron las primeras deportaciones, entre ellas a ciudadanos venezolanos; algunos con comparendos, uno había cumplido ya una condena, otros por “faltas de convivencia”, no delitos.
27 de agosto – Segundo bombardeo (la Operación Amón) y juez ordena al presidente pedir disculpas por acto religioso en la posesión.
Se registra el segundo bombardeo, en El Retorno, Guaviare, contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, liderada por alias “Calarcá”. Medicina Legal confirmó la muerte de tres menores de edad (dos de 15 años, uno de 16).
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá falla a favor de una tutela y ordena al presidente ofrecer disculpas públicas, en alocución de radio y televisión el 30 de septiembre, por vulnerar la neutralidad religiosa del Estado durante la posesión del 7 de agosto. Exige también una directiva presidencial sobre neutralidad religiosa en actos oficiales. La orden cobija igualmente al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo.
28 de agosto – Nuevo presupuesto general de la nación.
El nuevo gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó un monto total de $634,9 billones, $59,2 billones mayor a la que había radicado el gobierno de Petro.
A pesar de que el presupuesto general aumenta, el de la salud cae. El proyecto destina $77,06 billones al Ministerio de Salud, $141.214 millones menos que la que había contemplado el gobierno anterior para el mismo Ministerio. El dinero destinado a invertir en programas nuevos, como prevención de enfermedades o mejora de servicios, cae $153.763 millones.
30 de agosto – Tercer bombardeo (Operación Azarías) y ¡Que viva Cristo Rey!
En alocución presidencial, en respuesta a la orden del juez, De la Espriella ofrece disculpas por el acto religioso durante su posesión y cierra gritando “¡Que viva Cristo Rey!”.
En un nuevo bombardeo, esta vez en Miraflores, Guaviare, contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC, liderado por alias “Iván Mordisco”, Medicina Legal confirmó que murieron dos menores de edad.
1 de septiembre – Nueva directriz para el relacionamiento con la prensa genera alertas de censura indirecta.
Caracol Radio reveló una directriz interna del gobierno con nuevas reglas de veto y censura para el relacionamiento con la prensa que incluyen la suspensión de las ruedas de prensa y entrevistas a medios considerados “no amigos” del gobierno, salvo en asuntos estratégicos autorizados previamente por Presidencia, y que, en eventos con prensa, no haya espacios para preguntas de los medios. Toda vocería oficial se concentraría en el presidente y el abogado Miller Soto, como su vocero único. También se suspendería la pauta oficial vigente con los medios hasta nueva revisión.
2 de septiembre – Pasarela entre muertos y cambio de ministra de Educación.
Renuncia la ministra de Educación, Viviane Morales, tras solo 28 días en el cargo, por “una situación familiar inesperada”; De la Espriella anuncia como su reemplazo a Ilva Myriam Hoyos.
3 de septiembre – Derogación de resoluciones sobre Distritos Mineros Especiales y nueva orden de suspender bombardeos a menores.
El Ministerio de Minas, encabezado por la ministra María Nohemí Arboleda, deroga en un solo acto las 10 resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales creados en el gobierno Petro (zonas con reglas propias, pensadas para ordenar el territorio, acompañar regiones con tradición minera y formalizar a la pequeña y mediana minería), anunciándolo durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena. La ministra defendió la medida asegurando que “no afecta los derechos de ningún ciudadano porque nada se ejecutó”, y que buscaba “destrabar la inversión” tras una caída del 34% en regalías mineras entre 2022 y 2025.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordena suspender bombardeos donde exista información verificable sobre presencia de menores.
4 de septiembre – Muerte de “Bendito Menor”.
La Policía (Dijín, Dipol, Diase) abate en Riohacha, Guajira, a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, cabecilla de una subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), junto a su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita” y dos hombres de su esquema de seguridad, alias “El Tío” y “Casiloco”. El anuncio lo hizo exhibiendo los cuerpos.
Ese mismo día, Inravisión anunció anunció que, desde el 7 de septiembre, 16 de las 20 emisoras volvían al aire, ya no como “Emisoras de Paz” sino como “Emisoras de la Reconciliación”, con emisiones de 6 AM a 6 PM y una parrilla fija conformada por cinco programas nuevos que incluyen Milagro en el Campo, Tejiendo Patria y Milagros en los Territorios.
5 de septiembre – Evitar el uso de la palabra “campesinos”.
La Silla Vacía informó que circuló un mensaje informal por WhatsApp dirigido a un grupo de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), firmado por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (Oigt), una dependencia interna de control de la entidad, recomendando no utilizar el término “reforma agraria”, sustituyéndolo por expresiones como “acceso a tierras” o “formalización” y evitar el uso recurrente de la palabra “campesinos”, priorizando en su lugar “productores rurales”. Además, adoptar frases y eslóganes como “La era del campo milagro”, “Firmes por el campo”, “Firmes por la Patria” y “Colombia, un país de propietarios” / “Por una Colombia de propietarios”.
6 de septiembre – Pronunciamiento de la Defensoría sobre la crueldad del Estado.
La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a los hechos más recientes: “El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites”. La entidad reconoció que enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales es un deber constitucional, pero advirtió que “incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte”.
7 de septiembre – Defensa de Plazas Vega.
De la Espriella instruye al canciller Omar Bula y a la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, para respaldar diplomáticamente al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, demandado civilmente en Miami por la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia (1985), calificándolo de “héroe de la Patria”.
Las tres hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, quien salió con vida del Palacio y fue hallado después muerto, con evidencia de tortura, presentaron una demanda civil ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, donde Plazas Vega reside desde hace años. El litigio, que empezó a tramitarse el 8 de septiembre, busca establecer si tuvo responsabilidad de mando sobre los uniformados señalados de torturarlo y asesinarlo, sin reabrir directamente el proceso penal ya resuelto en Colombia.
