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Al cierre informativo de 20 emisoras de paz se suma esta semana la instrucción que limita las ruedas de prensa a medios afines al Gobierno de Abelardo de la Espriella y la cancelación intempestiva del programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. En menos de un mes de gobierno, la administración de Abelardo de la Espriella ya suma al menos tres episodios que apuntan a reducir el espacio de la prensa crítica frente a su gobierno.
El Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que el uso del poder estatal, incluida la asignación discriminatoria de publicidad oficial, frecuencias o cualquier otro recurso público, para premiar o castigar a medios según su línea editorial “atenta contra la libertad de expresión”. La propia Relatoría Especial ha profundizado ese estándar en informes posteriores, calificándolo como una forma de censura indirecta cuando el objetivo es condicionar la posición editorial de un medio.
1. Suspensión de programación de las emisoras de paz
Desde el 18 de agosto de 2026, las 20 emisoras de paz creadas por el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016 para informar a territorios golpeados por el conflicto, operadas a través de Inravisión (antes RTVC), dejaron de emitir contenido informativo, de opinión y territorial, y pasaron a transmitir música centralizada desde Bogotá. La orden partió de la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora, tras una reunión con la ministra TIC, Alexandra Falla. El Gobierno la presentó como medida “transitoria” mientras revisa la parrilla completa.
La abrupta decisión afecta en total a 31 frecuencias (las 20 de paz más 16 emisoras descentralizadas), a unos 230 contratistas y, según cifras citadas en el Congreso, a más de 460.000 personas. El gobierno y sectores de derecha han cuestionado las emisoras, acusándolas de haber sido un “aparato de propaganda” y “megáfonos de las FARC”.
El apagón de las Emisoras de Paz representa la pérdida del único canal desde el que personas en territorios golpeados por el conflicto podían participar del debate nacional. En estos territorios, las emisoras también cumplían una función de mediación de tensiones locales; su silenciamiento no solo interrumpe información, sino un compromiso estatal concreto con el derecho a la verdad de las víctimas, consagrado en el punto 6.5 del Acuerdo de 2016. Se trata de un incumplimiento directo de una obligación estatal de carácter constitucional, no de una decisión discrecional del gobierno de turno. La medida ha sido duramente cuestionada por vulnerar los derechos a la información, la libertad de expresión y la paz de las poblaciones afectadas; la Defensoría del Pueblo pidió revisar la suspensión.
2. Nuevas pautas de relacionamiento y veto a la prensa: ruedas de prensa solo con medios “amigos”
Se conoció una directriz interna del gobierno que establecería nuevas reglas de veto y censura para el relacionamiento con la prensa. La información fue entregada por Caracol Radio.
Según el acta revelada, se suspenden las ruedas de prensa y entrevistas a medios considerados “no amigos” del gobierno, salvo en asuntos estratégicos autorizados previamente por Presidencia. En eventos con presencia de prensa, los funcionarios solo entregarían una declaración, sin espacio para preguntas. La directriz excluiría además a los viceministros de toda vocería oficial y concentraría los anuncios de mayor relevancia en el propio presidente, mientras el abogado Miller Soto ejercería como vocero único, con tres intervenciones diarias. La información que Soto comunique le sería entregada directamente por Presidencia. El documento también ordenaría a las entidades adscritas a los ministerios abstenerse de divulgar información por su cuenta y someter los comunicados a revisión previa. Además, se suspendería la pauta oficial vigente con los medios hasta nueva revisión.
Organizaciones que defienden la libertad de expresión, como El Veinte, califican las medidas de la directriz como censura indirecta que vulnera la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía. La organización recuerda que “el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y de prensa sin censura previa; el artículo 74 consagra el derecho de acceso a los documentos públicos; y la Ley 1712 de 2014 obliga a toda la administración a un principio de máxima publicidad. Y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (Principio 13) prohíben expresamente el uso de la publicidad oficial como mecanismo de premio o castigo hacia los medios según su cobertura”.
Adicionalmente, gran parte de los procesos judiciales por corrupción en la región han partido de investigaciones periodísticas, no de denuncias institucionales espontáneas. Restringir el acceso de la prensa crítica a la información oficial elimina el mecanismo que denuncia la corrupción en los gobiernos y cuando la ciudadanía recibe una única versión oficial, filtrada por un vocero único y por medios seleccionados según su afinidad, pierde la posibilidad de contrastar la gestión pública.
3. Cierre del programa Mañanas Blu 10:30, conducido por Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo.
El programa Mañanas Blu 10:30, conducido por Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, salió del aire de forma abrupta tras su última emisión el lunes 31 de agosto de 2026. La decisión fue anunciada por Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, y comunicada al equipo después de la última emisión, por lo que no hubo ningún anuncio ni despedida al aire. Ambas periodistas habían cuestionado al actual presidente (y al anterior también).
Las versiones oficiales adjudican la decisión a “la falta de audiencia y dificultades con anunciantes”. Sin embargo, La Silla Vacía informó que “dos personas enteradas de la decisión le confirmaron que el gobierno de Abelardo de la Espriella había enviado señales de que no le gustaba el programa”. El cierre llega, además, días después del encuentro entre el actual presidente y Alejandro Santo Domingo, dueño de Caracol Televisión, entre otros empresarios y millonarios.
Antecedentes en la región.
Este tipo de medidas se inscribe en un repertorio de mecanismos que gobiernos autoritarios han usado en América Latina para condicionar la cobertura de sus mandatos.
El mecanismo de negar acceso según la línea editorial ha sido implementado en Ecuador en los gobiernos de Correa y Noboa, en Nicaragua, bajo la dictadura de Ortega, en Venezuela con Maduro y en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado de vetar a periodistas independientes de eventos oficiales. Incluso Donald Trump, en su segundo mandato, restringió el acceso de Associated Press a la Casa Blanca.
Un informe de la organización Periodistas Sin Cadenas, publicado en junio de este año, documenta que el gobierno de Daniel Noboa mantiene una “arquitectura” de comunicación diseñada para reducir la exposición presidencial y limitar los espacios donde la prensa puede interpelar a las autoridades.
En marzo de 2024, Milei ordenó el cierre de la agencia estatal Télam, con vallado policial de la redacción y suspensión de su web. El plan incluyó además recortes y un intento de privatización de Radio Nacional y la TV Pública. En abril del presente año, la Casa Rosada vetó por primera vez en la historia democrática argentina el acceso de todos los periodistas acreditados a la sede de gobierno. El veto se levantó el 4 de mayo de 2026 tras una fuerte reacción de gremios, legisladores, la Iglesia católica y cámaras empresariales, pero al reabrir la sede, el gobierno negó el ingreso, sin explicaciones, a dos canales de televisión acreditados. Reporteros Sin Fronteras documentó este patrón en su informe de mayo de 2026, señalando un “aumento de la hostilidad del gobierno hacia la prensa” entre los aliados latinoamericanos de Trump, mencionando explícitamente a Milei en ese marco.
El silenciamiento de la prensa vigilante del poder y el efecto amedrentador
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha documentado que mecanismos como la asignación discrecional de pauta o el acceso diferenciado a fuentes oficiales producen un “efecto amedrentador” que trasciende al medio directamente afectado, de modo que otros medios que observan lo ocurrido ajustan preventivamente su cobertura, y se autocensuran.
Desde Volcánicas rechazamos estas medidas y nos solidarizamos con las compañeras periodistas y medios independientes y comunitarios afectados. Ahora más que nunca, serán las audiencias las que sostengan el trabajo de quienes realizamos periodismo independiente y crítico con el poder.
