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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el domingo 19 de julio en Managua la clausura definitiva de los procesos electorales en el país. Lo hizo durante el acto por el 47° aniversario de la Revolución sandinista: “Que se olviden. Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció el dictador, visiblemente deteriorado, en su primer acto público tras más de dos meses sin aparecer.
El exguerrillero de 80 años, que gobierna de forma ininterrumpida desde 2007, adelantó que la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo, que domina 84 de las 90 bancas— trabajará en un nuevo marco normativo para levantar, en sus palabras, “un muro” contra quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”. El martes 21, el Parlamento ya había iniciado el plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes en esa dirección. Hasta el momento no se conoce el contenido preciso de la reforma.
Una cita electoral que ya venía siendo desmantelada
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de este año. Pero la reforma constitucional ampliamente cuestionada que entró en vigor a inicios de 2025 amplió el período presidencial a seis años y trasladó los comicios a noviembre de 2027. El anuncio de Ortega elimina también esa posibilidad.
Esa misma reforma de 2025 creó la figura de la “copresidencia” y designó a Rosario Murillo, esposa de Ortega, como copresidenta desde el 18 de febrero. La medida le otorgó a la pareja los mismos poderes al frente del Ejecutivo y consolidó lo que analistas y organizaciones de derechos humanos describen como una dictadura familiar: un núcleo de poder hereditario y militarizado, sin alternancia ni contrapesos institucionales.
El régimen enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales. Tras el estallido social de 2018, reprimido con violencia, el sandinismo encarceló, expulsó y desnacionalizó a sus adversarios: más de 450 opositores fueron despojados de su nacionalidad en 2023, muchos de ellos hoy en el exilio.
El pronunciamiento es el cierre de un proceso que venía en escalada: la reforma de 2025, las desnacionalizaciones masivas de 2023 y la represión de 2018.
Crece el aislamiento
El dirigente de oposición Juan Sebastián Chamorro —encarcelado, expulsado y desnacionalizado en 2023— sostuvo que Ortega solo hizo público lo que durante años había sido una práctica política, y comparó a Nicaragua con Corea del Norte. Desde Costa Rica, el colectivo Nicaragua Nunca Más denunció que el Gobierno ha despojado a la sociedad civil de todos sus derechos y advirtió que el Frente Sandinista funciona ya como un partido único, sin oposición real dentro del país.
La declaración provocó una rápida reacción diplomática. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de exhibir su “verdadera naturaleza autoritaria” y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre Managua. La medida se suma a un año de sanciones estadounidenses: en abril, Washington sancionó a dos hijos de la pareja presidencial por el uso ilícito de recursos de la industria del oro para sostener al régimen. Panamá, por su parte, llamó a consultas a su embajador en Managua y calificó como un grave retroceso democrático cualquier intento de eliminar el derecho ciudadano al voto. Tres días antes, el 16 de julio, Nicaragua había roto relaciones con Italia por la negativa a extraditar a un exintegrante de las Brigadas Rojas.
El giro deja a Nicaragua en un aislamiento creciente y confirma la deriva de un proyecto que, iniciado con las banderas de la Revolución sandinista, terminó por vaciar de contenido las instituciones que decía representar: gobierna sin elecciones, sin oposición interna y en manos de una sola familia.
