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Cuando me preguntan cómo se ha materializado el enfoque de género en la JEP, en lo primero que pienso es en las mujeres. En aquellas que llegaron a la jurisdicción con desconfianza, después de haber sido ignoradas, silenciadas o revictimizadas en otros escenarios judiciales. Pienso en quienes nos entregaron sus informes y nos compartieron historias; algunas llenas de esperanza, otras, de miedo. Pienso en quienes decidieron confiar y nos dijeron: “De ustedes depende que esta vez sí se haga justicia en nuestros casos”.
Hay quienes creen que el enfoque de género solo se materializa en normas, protocolos o decisiones judiciales. Pero yo lo he visto hacerse realidad de muchas otras formas: Cada vez que una mujer encuentra un espacio seguro para contar lo que le ocurrió durante el conflicto armado. Cada vez que encuentra razones para romper el silencio. Cada vez que siente que su experiencia importa y que hay voluntad de garantizar sus derechos. Lo he visto cuando las organizaciones logran incidir en las decisiones que las afectan y cuando la justicia es capaz de reconocer violencias que fueron negadas, minimizadas o invisibilizadas.
Nada es fortuito. Que hoy podamos hablar de una justicia capaz de escuchar y responder a las experiencias, afectaciones y necesidades diferenciadas de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ es el resultado de una decisión que se tomó hace diez años con la firma del Acuerdo Final de Paz, pero también de años de trabajo de organizaciones que insistieron en que las violencias basadas en género debían ser reconocidas, investigadas y sancionadas.
Desde la Comisión de Género de la JEP hemos trabajado para que ese compromiso esté presente en cada decisión y en cada espacio de participación de la Jurisdicción. Lo hemos hecho con la convicción de que no puede haber una justicia verdaderamente restaurativa si no es capaz de reconocer que el conflicto armado impactó de manera distinta a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
Uno de los ejemplos más claros de esa transformación es el Caso 11 de la JEP, que investiga violencias basadas en género, incluidas la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia motivadas por prejuicios. Mentiría si les digo que la razón para abrir este caso fue únicamente de índole judicial; fue el resultado de años de incidencia de organizaciones que, en cada espacio de participación convocado por la JEP, insistieron en que estas violencias dejaran de ser tratadas como hechos aislados, que se reconociera que las violencias basadas en género no fueron daños colaterales de la guerra, sino prácticas sistemáticas que dejaron huellas profundas en la vida de miles de colombianos y colombianas.
Quizá el cambio más profundo que he visto en estos años no está solo en decisiones judiciales. Lo veo en las mujeres y en las personas LGBTIQ+ que hoy se han apropiado de estos procesos; lo veo cuando conocen los procedimientos, identifican las barreras, exigen respuestas y cuestionan nuestras decisiones con argumentos cada vez más contundentes.
También lo veo en los rostros de los comparecientes de las Farc-EP que hoy reconocen responsabilidades por violencias sexuales y reproductivas cometidas contra integrantes de su propia organización. Durante años, estas violencias fueron negadas, minimizadas o consideradas imposibles de demostrar. Hoy, sin embargo, quienes las causaron o no hicieron nada para evitarlas reconocen su responsabilidad frente a las víctimas. Ese reconocimiento evidencia lo que puede lograr una justicia comprometida con el enfoque de género.
He tenido la oportunidad de acompañar espacios en los que organizaciones fortalecidas por proyectos como Tejiendo Dignidad comparten sus experiencias y reflexiones sobre el camino recorrido. Escucharlas hablar con seguridad sobre justicia transicional, sobre sus derechos y sobre las transformaciones que aún consideran necesarias me recuerda que el enfoque de género también se materializa cuando las víctimas dejan de ser observadoras de la justicia y se convierten en protagonistas de ella.
Ese es, para mí, uno de los legados más importantes de la JEP: demostrar que una justicia más cercana a las víctimas, más consciente de las desigualdades y más capaz de reconocer las distintas formas en que opera la violencia no solo es posible, sino necesaria.
