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En varias ocasiones he planteado que las democracias comienzan a erosionarse en el terreno de las palabras y las emociones. Pero el problema no termina allí. Cuando ciertas narrativas logran instalarse con éxito, suelen traducirse en propuestas concretas que debilitan instituciones, restringen derechos y alteran las reglas constitucionales que hacen posible la convivencia democrática.
Por eso resulta insuficiente analizar la actual contienda electoral únicamente desde el lenguaje que utilizan algunos liderazgos políticos. También debemos preguntarnos qué implicaciones tienen sus propuestas para la estabilidad institucional del país y para el futuro de nuestra democracia.
Durante los últimos meses hemos escuchado planteamientos por parte de la extrema derecha que van desde la posibilidad de retirarse o tomar distancia de organismos multilaterales hasta llamados ambiguos a transformar aspectos esenciales del orden constitucional vigente. Aunque se afirma que existe un compromiso con el respeto a la Constitución, las declaraciones posteriores suelen dejar abiertas preguntas sobre cuáles son exactamente los límites que se está dispuesto a respetar y cuáles podrían considerarse negociables, sobre todo cuando se descalifican abiertamente contrapesos institucionales de organismos internacionales, de la sociedad civil o de las reglas que limitan el ejercicio del poder.
No es consistente presentarse como defensor de la Constitución y de la interpretación que las cortes han hecho de ella para, acto seguido, plantear la salida de espacios internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y que han sido fundamentales para la protección de los derechos humanos en Colombia. Tampoco resulta afín afirmar que se respetarán decisiones de la Corte Constitucional sobre materias como la adopción por parejas del mismo sexo o la interrupción voluntaria del embarazo y, simultáneamente, promover iniciativas orientadas a reformar la Constitución para restringir o eliminar esos mismos derechos.
En este orden de ideas, no me resulta coherente rechazar un proyecto político por la preocupación que generaba una eventual reforma constitucional que ya fue descartada y apoyar otro que parece dispuesto a relativizar principios fundamentales del orden democrático. Las formas importan, pero también importan los contenidos y los límites que una sociedad está dispuesta a defender.
También es preocupante la intención de profundizar actividades como el fracking, sin un marco claro de restricciones y salvaguardas, en un contexto de crisis climática cada vez más evidente. No se trata únicamente de una discusión energética o económica. Se trata de definir qué valor otorgamos a los ecosistemas, a las comunidades afectadas y a la responsabilidad intergeneracional que tenemos frente al planeta; todos ellos son también principios constitucionales.
Más grave aún son las expresiones que apelan abiertamente a la violencia. Amenazar con “dar de baja” a quienes participan en la protesta social o hablar de “destripar” a quienes se identifican con la izquierda no son simples excesos retóricos. Son declaraciones incompatibles con nuestra Constitución y con cualquier cultura democrática y profundamente peligrosas en un país marcado por décadas de violencia política. Frente a ellas debería existir una condena inequívoca, sin matices ni cálculos electorales.
Esa lógica no fortalece la democracia; la empobrece. Los proyectos autoritarios suelen comenzar clasificando quién merece pertenecer plenamente a la comunidad política y quién puede ser señalado, excluido o convertido en enemigo. La experiencia internacional ofrece lecciones importantes. En países de contextos distintos como Estados Unidos, El Salvador y Argentina se comparte un patrón preocupante: la desconfianza hacia las instituciones democráticas suele venir acompañada de la concentración de poder, la reducción de controles y la erosión progresiva de derechos y libertades.
Finalmente, algunas personas sostienen que el sistema de contrapesos colombiano bastaría para contener cualquier deriva autoritaria. No estoy tan segura. Conviene recordar que el Congreso rara vez ha funcionado para proteger los derechos humanos de las personas y que, durante los próximos cuatro años, quien ocupe la Presidencia tendrá la posibilidad de incidir significativamente en la composición de la Corte Constitucional mediante la elección de nuevos magistrados.
No es momento para que quienes nos identificamos con el centro renunciemos a tomar postura. Lo que está en juego es demasiado importante. No se trata únicamente de una elección presidencial. Se trata de la defensa del Estado social de derecho que hemos construido durante décadas y de los principios democráticos que le dan sentido.
Por mi parte, votaré con la convicción de que la democracia exige respetar la dignidad humana, proteger los derechos, defender las instituciones y preservar los espacios que permiten que una sociedad plural siga siendo verdaderamente libre.
