11 días de silencio, un sexenio de impunidad
El 6 de octubre de 2014, Enrique Peña Nieto convocó a una conferencia de prensa de menos de 4 minutos para “fijar una posición muy clara de parte del gobierno de la República ante los muy lamentables hechos de violencia (…) en el municipio de Iguala, Guerrero”. El mandatario se dijo “profundamente indignado y consternado” y aseguró que las instituciones (particularmente las de seguridad e impartición de justicia) colaborarían para “el debido esclarecimiento de los hechos” y la aplicación de la ley a los responsables. “En el estado de derecho no caben estos hechos de violencia que se han suscitado; no cabe el mínimo resquicio para la impunidad (…)” sostuvo.
Sin embargo, el pronunciamiento tardío de Peña Nieto fue la primera de las omisiones respecto a la situación. Aunque aseguró que la búsqueda de los 43 sería un tema prioritario y se reunió con las familias en Los Pinos, el exmandatario es recordado por declaraciones en las que señaló que en las protestas por Ayotzinapa parecía haber un afán para desestabilizar al país y a su gobierno, la falta de atención a lxs familiares cuando demandaron separar de su cargo a Tomás Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y por la poca seriedad que dio a los encuentros con las víctimas y por la confianza que no generó, como describió la periodista Blanche Petrich para La Jornada (31 de octubre de 2014):
“No hubo un instante de distensión durante la reunión del miércoles 29 en Los Pinos; ni una sonrisa, ni un ‘gracias, señor’. La distancia no se acortó entre el presidente Enrique Peña Nieto y un centenar de guerrerenses, madres y padres, hermanos, algunos abuelos y una joven viuda de los jóvenes asesinados, heridos y secuestrados el 26 de septiembre en Iguala […] El mandatario (…) se presentó sin corbata, ceremonioso y rígido, esperando, como es costumbre, que sus interlocutores se pusieran de pie. Todos permanecieron sentados. Él recorrió algunos asientos, saludando a los familiares que con desconfianza aceptaban extenderle la mano, con frialdad […] A Peña Nieto le tocó escuchar testimonios de las familias de los normalistas de Ayotzinapa, algunos de ellos estrujantes. Y la constante afirmación: ‘No confiamos en usted’”.
Otro de los episodios que marcaron la negligencia peñista fue su visita a Guerrero, en diciembre de 2014. En el acto público realizado en Coyuca de Benítez, uno de los municipios más afectados por la violencia del crimen organizado, el priista, después de decir que casos como el de Ayotzinapa no podían repetirse, pidió a lxs guerrerenses “hacer un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante y superar el dolor” que golpea a la entidad. Días después, familias de los 43 estudiantes suspendieron diálogo con el Gobierno Federal por agresiones de la Policía Federal hacia integrantes del movimiento en Chilpancingo.
La (ir)responsabilidad del expresidente también estuvo reflejada en su estrategia mediática. En octubre de 2015, a más de un año de los hechos en Iguala y a escasos meses del Caso Narvarte, Peña aprovechó sus redes sociales para “aclarar el #CalcetaGate”, esto después de que medios nacionales e internacionales circularon una foto de él con las calcetas al revés en una carrera organizada por las Fuerzas Armadas.
En agosto de 2024, el colectivo Fábrica de Periodismo tuvo acceso al cuestionario de 70 preguntas que envió el exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a Tomás Zerón. En las respuestas, Zerón señaló directamente a Enrique Peña Nieto como una de las figuras políticas que construyeron “la verdad histórica”, pues él convocaba a las llamadas “juntas de autoridades” en Los Pinos.
Desde la perspectiva de la investigadora del National Security Archives (NSA), Kate Doyle, las menciones textuales a EPN son más que importantes, ya que durante mucho tiempo el exEjecutivo estuvo “ausente en la narrativa sobre Ayotzinapa”. Los señalamientos de la responsabilidad de Peña Nieto recuerdan que decisiones como la de la “verdad histórica son asuntos de Estado”.