Delincuencia organizada y obstrucción de la justicia
Con el ACUERDO A/010/19 (25 de junio de 2019) se designó a la UEILCA, adscrita a la Oficina Del Fiscal General de la República, como responsable de investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales sobre el Caso Ayotzinapa. En estas labores se consideró prioritaria la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la CoVAJ y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
A principios de noviembre de 2022, El País tuvo acceso a un documento de la UEILCA en el que se acusó a 83 personas por los hechos de Iguala. De acuerdo con el periodista Pablo Ferri, en él se pedía “la detención de 20 militares, 25 policías de Huitzuco, una docena de policías estatales y de la Fiscalía de Guerrero, el fiscal del Estado, el jefe de policía de Guerrero e integrantes de Guerreros Unidos”.
El documento trabajado por la UEILCA incluyó declaraciones de testigos protegidos y mensajes de celular que fueron recolectados por la DEA. La mayoría de los señalamientos fueron por delincuencia organizada o desaparición forzada.
A dos policías de Guerrero también se les acusó de tortura y homicidio, esto por el caso de Julio César Mondragón. Otros de los delitos identificados por la UEILCA fue obstrucción de la justicia por parte la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y dos informáticos del poder judicial local.
La Fiscalía General de la República pidió las órdenes de aprehensión el 19 de agosto de 2022, día en el que también fue detenido Jesús Murillo Karam. Sin embargo, 21 de las 83 órdenes de aprehensión fueron canceladas. De las 21, 16 fueron contra militares. De acuerdo con Proceso, la cancelación de estas órdenes de aprehensión fue la razón por la que Omar Gómez Trejo renunció a su cargo como titular de la UEILCA el 15 de septiembre de 2022.