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Dos meses después de que dos terremotos consecutivos azotaran el centro y norte de Venezuela, el país aún cuenta a sus muertos y a desaparecidos. Se trata del evento sísmico más letal en el país desde 1812. El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reportó 6.509 personas fallecidas al 24 de agosto, pero nadie sabe con certeza cuántas personas siguen sepultadas bajo los escombros de La Guaira.
El doble sismo ocurrió el 24 de junio de 2026, hacia las 18:04 hora local. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un primer movimiento de magnitud 7,2 Mw, con epicentro a 20 kilómetros al este de San Felipe (Yaracuy), fue seguido apenas 39 segundos después por el sismo principal, de 7,5 Mw, con epicentro 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira. Ambos se localizaron a diez kilómetros de profundidad. Los temblores sorprendieron al país durante la conmemoración de la batalla de Carabobo y las fiestas de San Juan, con buena parte del comercio cerrado: un dato que complicó los intentos de saber cuánta gente estaba dónde al momento del colapso.
Las cifras oficiales
El 1 de julio, el conteo oficial hablaba de 2.295 muertos. Para el 10 de agosto había trepado a 6.301, y una semana después, al 17 de agosto, alcanzaba los 6.438, según el balance difundido por la Asamblea Nacional. El reporte del 10 de agosto contabilizaba 73.356 personas atendidas en hospitales; el del 17 de agosto saltó a 86.358 heridos, sin que se aclarara la razón de un aumento tan significativo, pasadas las primeras semanas críticas, o un eventual cambio de criterio en el conteo.
La desconfianza sobre las cifras oficiales no es nueva. A finales de junio, cuando el parte diario apenas sumaba 20 fallecidos, la organización de derechos humanos Provea advirtió que las cifras oficiales generaban “más dudas que certezas”.
El vacío de desaparecidos
El gobierno de Delcy Rodríguez omite sistemáticamente este dato. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, entregó el 3 de agosto la cifra de 1.579 desaparecidos, basada en un registro vecinal. Una reconstrucción a partir de los propios datos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien afirmó que había 30.000 personas en la zona del desastre y que 19.000 fueron evacuadas o rescatadas, arroja unas 9.000 personas sin explicación oficial. El sitio ciudadano venezuelatebusca.com registra 17.798 no localizadas al 24 de agosto, mientras desaparecidosterremotovenezuela.com registra 29.522, venezuelareporta.com habla de 41.336, terremotovenezuela.app llega a 63.936. Para finales de junio, la ONU, a través del subsecretario para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, estimaba en más de 50.000 las personas desaparecidas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA y el Comité Internacional de Rescate respaldaron esta cifra.
En conjunto, las estimaciones solo para el estado de La Guaira oscilan entre 1.579 y más de 40.000 personas sin localizar. Detrás de esa brecha hay dos causas estructurales que anteceden al terremoto: la ausencia de un censo nacional actualizado desde 2011 y la opacidad informativa del Estado.
La reconstrucción
El análisis satelital de la NASA estima en unos 59.000 los edificios dañados o destruidos, una cifra que contrasta con los 189 colapsos totales que reconoce el conteo oficial. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) contabiliza 2.501 infraestructuras afectadas, entre ellas 38 hospitales, además del cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país.
En términos económicos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima las pérdidas de vivienda y activos entre el 4 y el 8% del PIB, con la advertencia de que el costo real podría ser de entre 1,5 y 3 veces esa cifra una vez sumados los daños a infraestructura y la disrupción prolongada. Las estimaciones de reconstrucción más recientes sitúan el costo total en torno a los 37.000 millones de dólares.
La gestión de la emergencia
La gestión de la emergencia está atravesada por la coyuntura política más excepcional de la historia reciente venezolana. Rodríguez gobierna como presidenta encargada bajo presión de Washington tras el secuestro de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense ilegal, en enero de 2026.
En materia de vivienda, la respuesta ha sido más anuncio que entrega. Rodríguez prometió 4.000 viviendas para diciembre y superar las 10.000 el próximo año, y el Parlamento aprobó el 31 de julio una ley de arrendamientos destinada a forzar al mercado el stock de inmuebles no alquilados. Al 10 de agosto, sin embargo, la entrega concreta se limitaba a 287 viviendas, mientras miles de familias permanecían en refugios improvisados en Caracas y La Guaira.
Dos meses después, las personas damnificadas siguen esperando respuestas estatales.
