¿Qué tiene para decir el feminismo sobre las cárceles en América Latina?

En el 2020 las imágenes de las cárceles salvadoreñas expusieron la escena más representativa de los sistemas penitenciarios: la producción en masa de la deshumanización de personas privadas de la libertad. En fotos y vídeos apareció una cantidad abrumadora de hombres rapados, semidesnudos, arrodillados con la cabeza gacha y hacinados, preparados, casi, para salir directo a un matadero. No son pocas las similitudes con la industria cárnica, por ejemplo, o con campos de concentración en los que la estandarización de la muerte es el sello de fábrica. La comparación no es gratuita, es legítimo preguntarse si lo que se ve es un sistema de castigo o una fabricación de productos. 

Debido a las mega cárceles del Salvador el nombre del presidente Nayib Bukele fue famoso. Solo bastarían unos años para que se comenzara a hablar de la bukelización de América Latina: un proceso que recibe ese nombre por la novedad del personaje, pero que en realidad es la fórmula de siempre de la antidemocracia. Una fórmula que se resume a la mano dura, cerramiento del campo político a través de medidas represivas que se concentran en la “seguridad” y la vulneración de derechos de las poblaciones excluidas históricamente, entre esas, las mujeres y la población LGTBQ+.  

Una de las principales problemáticas en torno a la lectura unidimensional de la seguridad es que deja de lado otros aspectos esenciales de la Seguridad Humana, como la Seguridad Alimentaria y el acceso a derechos fundamentales, especialmente para poblaciones vulnerables como personas racializadas, mujeres y la comunidad LGBTQ+. 

La situación en El Salvador refleja esta contradicción, a pesar de las políticas implementadas, de la mano de la privación masiva de la libertad bajo el Régimen de Excepción, la pobreza extrema no da tregua y los jóvenes corren cada vez más el riesgo de ser arrestados sin juicio previo. Según el Banco Mundial, las tasas de pobreza son alarmantes, con un 27,5 % de la población en el rango de ingreso mediano alto y un 8,6 % en el rango de ingreso mediano bajo en 2022. Aunque la tasa de pobreza moderada se ha mantenido estable, la pobreza extrema ha aumentado, indicando un deterioro de las condiciones para el segmento más vulnerable de la población. Además, la discrepancia entre la pobreza oficial y la realidad sugiere que el segmento menos favorecido de la población está creciendo, lo que resalta la necesidad de políticas más efectivas que aborden las causas subyacentes de estos problemas y brinden un apoyo adecuado a los sectores más vulnerables del país. 

Dentro de la agenda que posicionó a Milei, aparece la promesa de un panorama similar para la Argentina. Desde la penalización del aborto, hasta el endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización de la protesta social: prometiendo hasta seis años de cárcel a quienes inciten a la movilización. Al mandatario, le sigue, al igual que a Bukele, una ciudadanía cuyo horizonte interpretativo de la política y la realidad está demarcado por una emocionalidad intensa y una noción de la justicia ortodoxamente retributivo, donde todo conflicto social merece ser leído de manera unidimensional y donde siempre debe caer un responsable. 

La retórica del candidato “alternativo”, usada para referirse a hombres ruidosos, incorrectos y con respuestas viscerales y osadas, no es más que un déjà vu de viejas campañas presidenciales de las derechas en momentos de crisis económica y cambios sociales profundos, donde las brechas dialógicas entre generaciones se amplían y el resentimiento crece a la par de la desigualdad. Esta fórmula crece con los think tanks (a lo Chicago Boys¹) de los nuevos libertarios o autoproclamados anarco capitalistas como Milei o Trump, quienes en su concepción extrema de la libertad logran convencer a la población del temor al Estado, a menos de que se trate de la fuerza pública a servicio de la protección de las élites financieras y políticas. Así, la precariedad de la vida contemporánea, la sensación de inseguridad de la ciudadanía en general, la convicción en la noción de enemigos de la libertad económica y la reactividad de grupos de hombres y mujeres que sienten su estatus (e incluso ventajas económicas) atacadas, es el caldo de cultivo perfecto para el fortalecimiento del aparato punitivo del Estado.

Punitivismo vs realidad

Podemos estar de acuerdo con que el punitivismo es una práctica política y por ello involucra ideología, institucionalidad, economía y cotidianidad. Y, principalmente, una forma histórica de entender el castigo para proveer seguridad. Por esto es importante relacionar el punitivismo con las políticas de América Latina y el feminismo, entendiendo que las preguntas sobre: ¿seguridad para quiénes? ¿A qué costo? ¿Castigo para quiénes? ¿Para qué? Están relacionadas con la lucha de siempre: la disputa por la vida y la libertad.

Es aquí donde se hace necesario darle alguna perspectiva histórica al punitivismo, sobre todo al tema que nos convoca que son las cárceles. Primero hay que decir que en el contexto socioeconómico y cultural de la caída del Estado de Bienestar y el fortalecimiento de la financiarización del Estado se expanden los lazos mercantiles a otros espacios. De esta manera, el castigo se constituye definitivamente como otro nicho de la mercantilización. En “¿Son obsoletas las prisiones?” (2017) Angela Davis plantea que en los años 1980 “los lazos corporativos con el sistema de castigo se hicieron mucho más extensivos y profundos que nunca antes.” (p. 104) Para la autora, con la globalización de la economía y los procesos de desindustrialización generó grupos de personas vulnerables y sin trabajo que serían los que luego ocuparían el lugar en las grandes cárceles que en la década de 1980 se empezaron a construir. Estas prisiones serían: “los medios para concretar y administrar lo que el sistema capitalista había implícitamente declarado excedente humano.” (p. 107).

El complejo industrial carcelario es el nombre que recibe la privatización del sistema penitenciario y la entrada del capital a la lógica del castigo. Y las personas privadas de la libertad serían la mano de obra que mantiene ese mercado. Esto conlleva a la pregunta sobre los intereses materiales de las cárceles, a una discusión estructural. Pero antes, habría que decir también que el contínuum entre la industria carcelaria y la industria militar revela una dinámica donde el uso de la violencia y la vigilancia se convierten en un motor económico y social predominante en los intercambios transnacionales. También aparece como una presencia selectiva del Estado en el marco de la supresión de la política social. 

Ivan Poczynok describe la transformación de la guerra de un “estado de excepción” a una regla del orden global, donde el propósito del conflicto bélico deja de tener el fin de “dar orden” y pasa a ser una gran industria indispensable para el desarrollo del capitalismo del siglo XX y XXI, posicionándose como una industria millonaria que garantiza la hegemonía de occidente sobre países pobres. 

En este mismo orden, emergen cada vez más complejos de retención para migrantes y complejos carcelarios de alta seguridad que se erigen como lucrativas empresas que no solo proporcionan mano de obra barata, sino que también alimentan narrativas de “mano dura contra los delincuentes” para justificar su expansión. Angela Davis señala la estrecha relación entre el complejo industrial carcelario y militar, ambos impulsados por corporaciones interesadas en la expropiación del valor de cuerpos y territorios. Este punitivismo se alimenta del pánico social, orquestado por los medios de comunicación y utilizado como herramienta política para el control de grandes poblaciones. En este contexto, la industria carcelaria se fusiona con agendas políticas, perpetuando un ciclo interminable de represión y control en beneficio de unos pocos poderosos. 

El control autoritario que se desprende por medio de la encarcelación masiva, también se ejerce a través de la mentira y el engaño que, a su vez, es lo que permite consolidar y extender la represión y el miedo. Esto se ve en el caso de El Salvador -que también es una constante en Latinoamérica (Briones; Coimbra, 2019)- y es que miles de personas sin un juicio o una condena pasan mucho tiempo en las cárceles para que así los gobiernos puedan demostrar “mano dura contra el crimen” pero en realidad, el proceso de justicia está obstaculizado. Es decir, no se está actuando sobre el crimen, sino sobre la libertad de la gente que cumpla cierto perfil “criminal”, lo cual hace toda la diferencia. 

Podcasts como Bukele: el señor de los sueños (2014), realizado por Radio Ambulante y El Hilo, confirman la farsa punitiva cuando señalan en el episodio 3, La hora de la medicina amarga, que algunos investigadores en El Salvador se empezaron a cuestionar en el 2020 por qué el Plan Control Territorial no daba cuenta del decomiso de armas, por ejemplo, o por qué si se hacían redadas no había una correspondencia entre privados de la libertad y procesados en los tribunales por delitos que son los que más aquejan a la sociedad salvadoreña como el homicidio, la extorsión y el secuestro. La respuesta es porque la espectacularización del castigo sirve como marketing político para conservar el dominio autoritario. 

Igualmente, Bukele hizo acuerdos ilegales con líderes de pandillas para que redujeran los homicidios en el 2019, y exigieran que las poblaciones bajo el control territorial de esas pandillas votaran por él a cambio de penas reducidas. Esa es la farsa punitiva con la que gobiernos de derecha y extrema derecha consolidan el panorama penitenciario en América Latina. 

Feminismos y cárceles: ¿Una relación pendiente?

Y ahora, ¿de qué manera nos interpela el sistema penitenciario como mujeres y aún más como feministas? ¿Qué relación tienen una población carcelaria mayoritariamente masculina con nosotras? ¿Acaso no ha hecho y hace parte de un grueso de nuestro horizonte la tipificación de delitos y su respectiva penalización y la despenalización de otros como el aborto? Es decir, las políticas de encarcelamiento siempre nos han importado y han dirigido muchas de nuestras acciones políticas y reivindicativas. Nos han dado triunfos como el hito en la historia de los feminismos en Argentina y Colombia con el aborto, por ejemplo. Victorias que hoy se ven amenazadas en diversas latitudes, de Norte a Sur, desde la supresión de Roe v. Wade en EE.UU., o la elección de Milei en Argentina, pero también disputadas como en Guatemala en donde ha sido una causa para la alianza y la solidaridad internacional del movimiento por el aborto libre y contra el aparato punitivo del Estado. 

Sin embargo, estas luchas se han dado desarticuladas, específicamente la del aborto, que se ha dado de manera aislada a la llamada Justicia Reproductiva la cual es clave para articular problemas como el salario de trabajadoras de cuidado y la maternidad en toda su amplitud. Las condiciones de vida bajo las cuales algunas deciden maternar son también motivo de control y vigilancia social y Estatal, en palabras de Federici “Hay relativamente pocas mujeres en el mundo que pueda decidir hoy en día si quieren tener hijos y las condiciones en las cuales tenerlos”; pero sobre todo, hay una dimensión del control y el castigo sobre los derechos sexuales y reproductivos que suele escapar la mirada de los feminismos más normativos generando dos caminos: la garantía acérrima de las maternidades blancas y burguesas, y el abandono, castigo y persecución a las maternidades de las mujeres pobres o racializadas. Las luchas de las mujeres y su fragmentación de clase, raza, etnia y geografía es algo que termina por atravesar de manera transversal el problema de la justicia retributiva. Mientras que para muchas la tipificación de delitos y la lucha por el aborto aparecen como prioridades escenciales, para otras la supervivencia y la dignidad en la maternidad es una urgencia, mientras que para algunas la condena severa del agresor es una necesidad, para otras puede representar la privación de la libertad de los suyos y la reproducción de la injusticia económica. 

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha observado un marcado incremento en la detención de mujeres en los países del Norte de Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala. Por ejemplo, en El Salvador, la población carcelaria femenina se ha multiplicado más de siete veces entre 2000 y 2021, mientras que en Guatemala este aumento ha sido de más de seis veces en el mismo período. La situación se volvió aún más crítica tras la vigencia del Estado de Excepción de Bukele. Hasta poco antes de estas medidas el sistema penitenciario albergaba a cerca de 6,700 mujeres; la cifra ha ascendido a 9,711, sumando un total de 16,411 hasta enero de 2023 (Sandoval, 2023). Este fenómeno se atribuye principalmente a políticas de seguridad, como las de “mano dura”, que carecen de una perspectiva de género y han mostrado ser ineficaces, exacerbando los ciclos de violencia y criminalidad (IBID). Los delitos relacionados con la extorsión y las drogas son las principales causas de encarcelamiento para las mujeres. Además, la mayoría de las mujeres detenidas en la región se ven involucradas en la comisión de delitos debido a factores como la pobreza, la presión familiar, experiencias previas de violencia y la falta de oportunidades educativas y socioeconómicas. Sabemos también que a las mujeres se les castiga de manera más severa por delitos no violentos y que en su caso se aplica un sobreuso de la prisión preventiva respecto a los hombres, se les castiga por el delito pero también por estereotipos de género como el ser “malas madres” (IBID). Sabemos, también, que el grueso de las mujeres privadas de la libertad a nivel mundial son o han sido víctimas de violencias basadas en género y pertenecen a sectores excluidos de la sociedad, la justicia que no se les ha retribuido tras el abandono de los padres de sus hijos y el Estado, tras las denuncias por golpes y violencia sexual que terminan en el aire. Esto resalta la urgencia de abordar las causas estructurales que ponen a las mujeres en situaciones de riesgo y las vuelven vulnerables a la influencia de la delincuencia organizada.

Al alarmante crecimiento de la población carcelaria femenina, se suma la preocupación teórico-política sobre la concepción de las cárceles como un aparato generizado, que replica y reproduce las formas de castigo históricas que recibieron las mujeres, desde la reclusión y la privación de movilidad, la violencia física y sexual, hasta la privación de derechos políticos y ciudadanos, la imposibilidad para la asociación y el castigo ejemplarizante y moralizante. De la misma manera, a la Política Criminal centrada en el castigo y la retribución, se le han hecho válidas e importantes críticas por parte de los feminismos negros e indígenas, que reclaman a sus hombres y lucha contra estereotipos criminalizantes y de segregación. 

Todo lo anterior genera preguntas urgentes para los feminismos y el movimiento social en general, ¿qué hacer frente al sistema carcelario que cada día se comporta más como complejos industriales carcelarios? ¿Qué hacer con las cárceles que se parecen cada vez más a centros de reclusión de trabajo forzado? Como dice, nuevamente, Angela Davis en “¿Son obsoletas las prisiones?”: “en la era del complejo industrial carcelario, lxs activistas deben plantear preguntas difíciles sobre la relación entre el capitalismo y el avance de las prisiones de estilo estadounidense en todo el mundo.” (p, 118) no solo porque el género estructura el sistema carcelario, sino porque las feministas no podemos perder de vista la dimensión material/estructural/económica del castigo. La cárcel es la expresión del sistema económico actual y sería una falla estratégica olvidarnos de que a la par de ser mujeres, muchas maricas, muchas trans, muchas disidentes de género y sexuales, existimos en la latinoamericanidad, la clase popular y la racialización. Así como toda una tradición de lucha feminista y de mujeres han dicho: “No vamos a parir para la guerra”, también tendremos que decir: No pariremos, ni cuidaremos para mantener centros de trabajo forzado como las cárceles. Creemos que ese debe ser el horizonte del feminismo antipunitivista.  Las mujeres salvadoreñas se organizan para buscar a sus hijos en medio del silencio y el terror, las mujeres en Guatemala luchan contra la privación de la libertad por el aborto, y todas, debemos luchar por una justicia al servicio de la humanidad y su dignidad aceptando los retos de las contradicciones que devienen de la lucha contra la impunidad por delitos basados en género y la organización anticarcelaria. 

Bibliografía 

• Briones, A; Coimbra, L. (2019). Crimen y castigo. Una reflexión desde América Latina en Prisiones, seguridad y justicia. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad No. 24 (p. 26-41).
• Davis, A, (2017). ¿Son obsoletas las prisiones? Bocavulvaria ediciones: Córdoba, Argentina. 
• Santos, D. (2022). Una ola de “bukelización”de la seguridad nacional en América Latina. En: https://www.eldiarioar.com/mundo/ola-bukelizacion-seguridad-nacional-america-latina_129_9797141.html  

1.  Los Chicago Boys hace referencia a los economistas chilenos que fueron reclutados por profesores neoliberales como Milton Friedman de la Universidad de Chicago en plena Guerra Fría. Estos Chicagos Boys ocuparon altos cargos en la dictadura de Pinochet en 1973 para implementar las reformas de corte neoliberal en Chile. Los thinks tanks, por su lado, hacen referencia a la estrategia organizada de ideologizacion a través de centros de pensamiento, investigación y análisis financiados por intereses privados. Para más información: https://www.iexe.edu.mx/politicas-publicas/los-think-tanks-el-poder-invisible-y-la-propaganda-en-america-latina-javier-milei/ 
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