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El Banco Central del Paraguay (BCP) cerró Ueno Bank el martes 3 de noviembre de 2026 por insolvencia. Desde entonces, ahorristas, jubilados, estudiantes y trabajadores, protestan en el centro de Asunción. Piden que les devuelvan sus depósitos y que Peña, que fue accionista del grupo dueño del banco hasta 2025, responda ante la justicia. El presidente presentó su renuncia, pero el Congreso no la aceptó. Habrá juicio político.
Ni Ueno Bank ni sus directivos han hecho declaraciones públicas tras la intervención.
¿Qué pasó con Ueno Bank?
El BCP inició la resolución bancaria de Ueno, que le permite tomar el control de la entidad y ordenar su salida del sistema. La medida se comunicó el 3 de noviembre y el cierre fue inmediato. Ese día la mitad del país amaneció sin acceso a su dinero. Dejaron de funcionar la aplicación, las tarjetas y las sucursales. Quedaron inmovilizados ahorros, salarios y jubilaciones. El golpe llegó también al comercio. La Cámara de Comercio Asimcopar advirtió sobre una posible semiparalización de la actividad.
Ueno tenía 2.941.996 clientes a junio de 2026, según sus propios registros, en un país de 6.1 millones de habitantes. A septiembre reportaba unos 2.836 millones de dólares en depósitos.
La razón de la intervención fue el índice de solvencia del banco, que había caído a 5,56%, menos de la mitad del mínimo legal de 12%. Durante la inspección, el BCP halló créditos a empresas del mismo grupo económico del que el presidente Santiago Peña fue accionista, y otras irregularidades.
El entonces presidente, Carlos Carvallo, describió el caso como “un hecho puntual y aislado”. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por persona: 228,3 millones de guaraníes, unos 38.000 dólares. Según las autoridades, eso cubre por completo a cerca del 97% de los clientes. Lo que supere ese tope no está garantizado.
Peña pidió la renuncia de Carvallo el mismo martes 3. La consejera Liana Caballero asumió de forma interina, y Peña propuso como nuevo titular a Raúl Vera Bogado, nombramiento que requiere el aval del Senado. El miércoles 4, Peña promulgó la Ley 7745, que permite adelantar pagos a los ahorristas de hasta 40 salarios mínimos, unos 121,7 millones de guaraníes.
La Fiscalía imputó a 27 personas por las irregularidades en préstamos y sobregiros otorgados en 2025 y 2026 a empresas vinculadas. Ocho directivos fueron detenidos, entre ellos el fundador, Federico Miguel Vázquez Villasanti. Los fiscales pidieron prisión preventiva para él y arresto domiciliario para los otros siete. La justicia ordenó embargos por 70 millones de dólares y 1,62 billones de guaraníes. La Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón, anunció que incluirá a Peña en tres causas penales por posibles delitos económicos.
Movilizaciones
El miércoles 4 por la noche, ahorristas de Ueno, asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), estudiantes y trabajadores se concentraron cerca del Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción.
Esa noche, un grupo de ahorristas autoconvocados también montó una vigilia en la Plaza de Armas, junto al Congreso. El jueves 5, mientras la Cámara de Diputados votaba la acusación contra Peña, los manifestantes siguieron reclamando frente al edificio. No hay un conteo oficial de asistentes.
Los manifestantes exigen:
- La devolución de sus depósitos
- Recuperar los fondos públicos y de jubilados depositados en Ueno.
- Una destitución y no una renuncia. “Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio”, dijo la activista María Stela Invernizzi. El artículo 189 de la Constitución convierte a los expresidentes en senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.
- Que Peña responda ante la justicia.
El Congreso
El miércoles 4, diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaron una acusación con 35 firmas contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El jueves 5, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados leyó los cinco cargos contra Peña, todos por “mal desempeño de funciones”. Horacio Cartes, presidente del gobernante Partido Colorado, anunció que su partido apoyaría el juicio: “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, escribió. Poco después del mediodía, Peña anunció su renuncia en un mensaje grabado, sin admitir responsabilidades personales. El ministro del Interior, Enrique Riera, entregó la carta al Congreso.
Diputados aprobó la acusación contra Peña con los votos de los 78 diputados presentes y la envió al Senado. En otra votación, rechazó la acusación contra Alliana por 48 votos contra 30. La sesión conjunta que debía decidir sobre la renuncia se levantó sin quórum porque legisladores oficialistas se retiraron de la sala. Mientras el Congreso no se pronuncie, Peña sigue formalmente en el cargo.
Esa noche, el Senado inició el juicio político y convocó a Peña para este viernes 6. Peña no se presentó. El Senado le negó la prórroga de 72 horas que había pedido, con 39 votos en contra. Después le dio 30 minutos para comparecer y él no fue. Su abogado Ricardo Preda dijo: “El presidente decidió esperar hasta tanto, según el procedimiento, si le van a permitir hacer una defensa material”. Es decir, que esperaba saber si podría defenderse él mismo, en persona. Preda y Adolfo Ferreiro llegaron tarde al Congreso y solo presentarían una defensa técnica sobre los aspectos jurídicos de la acusación.
Para destituirlo se necesitan 30 votos de los 45 senadores, según el artículo 225 de la Constitución.
Contexto: el banco, el presidente y los fondos públicos
Ueno nació como financiera del Grupo Vázquez y se convirtió en banco en 2023, el mismo año en que Peña asumió la presidencia, el 15 de agosto. Creció rápido con una estrategia de captación masiva de clientes digitales. Peña fue accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al banco, y vendió su participación en 2025.
En el banco había además dinero público. El IPS tenía unos 380 millones de dólares, según Associated Press; El Cronista habla de 355 millones. En total, los fondos públicos depositados rondarían entre 800 y 860 millones de dólares, incluidos recursos de la estatal eléctrica ANDE y de la binacional Itaipú. Esas cifras vienen de gremios de asegurados y de la prensa; el Gobierno no ha publicado un monto oficial.
¿Qué sigue?
Para los ahorristas. Los clientes de Ueno no pudieron mover su dinero desde el martes 3 de noviembre. Los primeros pagos empezaron el jueves 5 por la noche, pero el proceso puede tardar hasta cinco días hábiles, así que no todos cobran el mismo día.
- Cómo se cobra. El dinero se deposita en una cuenta del cliente en otro banco. Quien no tenga una, recibe una cuenta abierta a su nombre en una entidad que designa el BCP. Para cobrar no se pueden tener deudas vencidas con Ueno.
- Plazos. El plazo legal para pagar la garantía vence el 17 de noviembre y puede extenderse hasta el 2 de diciembre.
- Lo que sigue pendiente. Unos 87.000 ahorristas tienen más dinero que el tope garantizado. Recuperar ese excedente dependerá de la liquidación de los activos del banco, y no hay fecha. Los fondos del IPS y los demás depósitos públicos quedaron para una segunda etapa.
Para Peña. El juicio político puede terminar de dos formas:
- Destitución. Si al menos 30 de los 45 senadores votan en su contra, Peña deja el cargo. Por el artículo 189 de la Constitución, pierde también el puesto de senador vitalicio y los fueros que lo acompañan. Quedaría expuesto a la justicia ordinaria, donde la Fiscalía anunció que lo incluirá en tres causas penales.
- Absolución. Si no se reúnen los 30 votos, Peña sigue en el cargo.
Queda abierta una tercera vía: que el Congreso acepte su renuncia antes del veredicto. En ese caso, Peña pasaría a ser senador vitalicio, con fueros. Si sale por destitución o por renuncia, lo reemplaza el vicepresidente Pedro Alliana hasta agosto de 2028.
