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2024 fue el año más violento en la historia contemporánea de Tabasco. Al norte del Golfo de México y hogar de especies como el murciélago, el mono araña y el langostino, esta entidad del sureste conocida como “el Edén” se posicionó entre los focos rojos de los homicidios dolosos —900 víctimas, estimaron organizaciones como el Observatorio Ciudadano de Tabasco—, secuestros, robos y extorsiones. Villahermosa, capital del estado, es la ciudad con mayor percepción de inseguridad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 2024 las ejecuciones de mujeres incrementaron casi un 700% y fue notoria una mayor incidencia en el uso de armas de fuego en la perpetración de estos delitos, de acuerdo con Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C.(Codehutab).
En medio de este contexto y sin estadísticas certeras, el gobernador del estado, Javier May Rodríguez, ha asegurado que la mayor parte de los feminicidios registrados corresponde a mujeres involucradas en la delincuencia organizada. Públicamente, el también miembro fundador de Morena ha dicho que se dedicaban a la venta de drogas en tienditas y desempeñaban el rol de distribuidoras.
Dichas declaraciones provocaron indignación entre colectivas feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, pues además de partir de una narrativa estigmatizante, las autoridades no están siguiendo recursos como el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en el Estado de Tabasco. “Se supone que las muertes violentas de mujeres deben empezar a investigarse como feminicidios. Ya después, en una fase más avanzada de investigación, se darán a conocer las causas. Pero estamos viendo que primero están los prejuicios y estigmas”, comparte Claudia Caballero, de la Colectiva de Mujeres Ceiba Tabasco.
“2024 fue también el año más violento para las mujeres. Hablamos de casi 100 víctimas de asesinato, que es una cifra altísima para la entidad y que se suma a nuestra preocupación frente a los intentos del gobierno local de justificar y minimizar la problemática”, agrega la directora de análisis y estadística del Observatorio Ciudadano de Tabasco, Julia Arrivillaga Hernández, al recordar que la postura institucional pretende desviar la atención de una de las puntualizaciones que activistas y abogadas han denunciado por más de cinco años: la Fiscalía tiende a clasificar las muertes violentas de mujeres como homicidios dolosos y no como feminicidios.
De acuerdo con Caballero y Arrivillaga, esta tendencia ha sido más notoria desde 2019, cuando empezó la administración estatal de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de gobernación. En ese entonces, precisa Arrivillaga, de cada 10 casos de mujeres asesinadas, sólo tres se clasificaron como feminicidio. Los subregistros y procesos judiciales deficientes han sido factores relevantes en la falta de implementación de mecanismos como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), demanda hecha por colectivas y organizaciones tabasqueñas al menos desde 2016.
A estas deudas se suman la omisión y el maltrato institucional al reportar algún tipo de violencia. “La cifra real de los delitos de asesinatos, muertes o violaciones de mujeres no ha sido denunciada. Esto ha sido aprovechado por las autoridades para no contar con acciones para combatir la violencia de género. Muchas mujeres no denuncian porque se sabe que se tiene un estigma sobre nosotras, especialmente si somos feministas. Nos tratan del carajo. En mi caso, la policía ha venido tres veces a mi casa a amedrentarme”, dice Claudia Caballero, quien ha solicitado apoyo a la Fiscalía para la búsqueda y localización de su sobrina.
La violencia institucional no es la única razón detrás de los subregistros. El feminicidio en los territorios cooptados por el narcotráfico y la militarización.
Así como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas, Tabasco es uno de los estados impactados por la disputa y el control territorial a manos del crimen organizado. Proyectos como la Iniciativa Spotlight y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han identificado que en las zonas de conflicto hay una significativa disminución de las denuncias de familiares y víctimas indirectas por miedo a represalias de las organizaciones delictivas.
Este temor es compartido por el periodismo. “Ante la falta de datos gubernamentales, una de las formas que tenemos para acercarnos al feminicidio en estos territorios es la prensa, pero esta se ha visto severamente afectada. Cada vez, más reporterxs disminuyen la cobertura de los delitos de alto impacto contra mujeres”, comenta Fernanda Torres, oficial de investigación de la organización feminista Intersecta.
A los obstáculos para acceder a estadísticas, la historiadora y socióloga especialista en género y violencia, Gema Kloppe-Santamaría, agrega que en Tabasco el feminicidio coexiste con “otros fenómenos que impactan particularmente a las mujeres, niñas y adolescentes” como los combates entre cárteles, la militarización y el recrudecimiento de las políticas migratorias.
Desde finales de 2024, Javier May Rodríguez ha señalado a la administración de Adán Augusto López Hernández (enero de 2019-agosto de 2021) de encubrir a Hernán Bermúdez Requeña, extitular de seguridad de Tabasco con presuntos nexos con Carlos Tomás Díaz Rodríguez (alias “El Lic” o “el Tomasín”), líder de La Barredora, grupo criminal cuya presencia y actividades fueron minimizadas por diferentes autoridades estatales. Mientras funcionarios como el comandante Héctor Francisco Morán González negaban la operación de cárteles de droga y se referían a La Barredora únicamente como “una bola de delincuentes y vándalos locales”, esta organización, mencionada por primera vez en 2010, ramificaba sus alianzas y actividades.
En casi 15 años de operación, La Barredora ha sido relacionada con cárteles como el de los Zetas, los Beltrán Leyva, del Pacífico (o de Sinaloa), del Noreste y el Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con especialistas como el profesor Victor Manuel Sánchez Valdés (Universidad Autónoma de Coahuila), actualmente son cuatro los grupos criminales involucrados en la disputa territorial de la entidad. A La Barredora y el CJNG, se suman el Pura Gente Nueva y el Cartel Tabasco Nueva Generación. Las rivalidades y complicidades entre estas organizaciones han provocado que en los últimos seis años, a nivel nacional, Tabasco se convirtiera en uno estados con mayor incidencia de delitos con los que los cárteles diversifican su actividad y extienden su control territorial: el robo de combustible (huachicoleo) y la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
En el informe Beyond Collateral Damage: Feminicides, Disappearances and New Trends in Gender-Based Violence in Mexico (Wilson Center, 2023), Gema Kloppe-Santamaría y Julia Zulver (UNAM) señalaron que el aumento de los feminicidios tiene conexión con el crimen organizado y las políticas de seguridad pública de corte militarista como la que puso en marcha la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y a la que se le ha dado impulso en las administraciones morenistas de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum Pardo con la reforma a la operación de la Guardia Nacional.
En conversación con Volcánicas, Julia Arrivillaga, Fernanda Torres y Gema Kloppe-Santamaría enfatizan que una de las particularidades de la diversificación criminal y la militarización en estados como Tabasco, Chiapas y Campeche es que estas han encontrado beneficioso el recrudecimiento de la política migratoria.
A pesar de que activistas, organizaciones y académicxs han insistido en que el Estado mexicano preserve la perspectiva de derechos humanos en sus legislaciones y protocolos en materia de migración, caravanas que han salido de Centroamérica (principalmente del Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala), el Caribe y Venezuela han denunciado múltiples episodios y tipos de violencia por parte de las autoridades migratorias.
Específicamente sobre la frontera sur, organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y Médicos Sin Fronteras (MSF) han reportado mayores detenciones, traslados a centros que no cumplen con las condiciones mínimas de sanidad y abusos físicos, verbales y sexuales. A finales de 2024, el periodismo independiente también habló sobre cómo en las gestiones morenistas (AMLO y Sheinbaum) Tabasco ha sido una entidad receptora de migrantes que han sido trasladades a base de engaños. Se estima que en 2024, mensualmente, el gobierno mexicano trasladó a, al menos, 10.000 migrantes a Tabasco.
Además de la delimitación de las zonas de conflicto y la disminución de las denuncias por miedo a represalias o las deficiencias institucionales, en entrevista con Volcánicas Kloppe-Santamaría destaca que la actividad del crimen organizado y la militarización de la seguridad pública son factores clave en los cambios en las dinámicas de las violencias contra las mujeres, especialmente del feminicidio y las muertes violentas. “Al comparar los datos del Inegi, nos damos cuenta que a partir de 2007 hay una subida en los homicidios de mujeres. No podemos entender la violencia de género de manera aislada. Casos como el de Tabasco muestran que no sólo se trata de hablar del deterioro de la seguridad; hay que, por ejemplo, pensar en cómo la militarización ha representado recortes presupuestales a programas y políticas contra la violencia hacia las mujeres”, explica previo a hablar sobre otra de las variables que ha detectado en la perpetración de la violencia feminicida: la privación de la vida en el espacio público y con arma de fuego.
“El uso de las armas de fuego dentro de los hogares también ha aumentado y cambiado las dinámicas”, agrega Fernanda Torres para recordar que en 2021, Intersecta, Data Cívica, EQUIS. Justicia para las mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos documentaron que en Tabasco siete de cada 10 mujeres mueren a mano armada. Dicha estadística coloca a Tabasco como uno de los 16 estados de México en los que los asesinatos de mujeres perpetrados con arma de fuego representan más de la mitad del total de estos eventos.
Esta preocupación es compartida por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C, que estima que al menos el 90% de los homicidios dolosos contra mujeres son cometidos de esta forma. En este mismo tema, Julia Arrivillaga enfatiza que Tabasco “es un punto de interés para el crimen organizado por el tráfico de droga y mercancías como las armas”. Sin embargo, es otra de las alertas que la administración estatal ha minimizado. “El tráfico ilegal de armas es un problema nacional e incluso mundial”, dijo el exgobernador interino Carlos Manuel Merino Campos en julio de 2024, cuando se le cuestionó por qué Tabasco no había implementado una política pública en combate al altísimo porcentaje de homicidios perpetrados con arma de fuego.
Desde la perspectiva de Julia Arrivillaga y Efraín Rodríguez León, otra de las particularidades territoriales a tomar en cuenta para problematizar la violencia feminicida en Tabasco es que se trata de una zona petrolera. Por más de cinco décadas se ha estimado que esta entidad del sureste produce entre el 70% y 50% del hidrocarburo a nivel nacional. Fue en agosto de 2019 cuando las empresas Fluor Enterprises, ICA Fluor, Samsung Engineering y Asociados Constructores DBNR y Constructora Hostotipaquilo comenzaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, en Paraíso, uno de los municipios que, además de la presencia de grupos como La Barredora y el CJNG, frecuentemente reporta enfrentamientos con el Ejército, la Secretaría de Marina y la policía.
“Los municipios con mayor incidencia en delitos como el feminicidio son los del centro, donde se encuentra la capital (Villahermosa), que concentra casi la mitad de la población del estado […] A raíz de que se iniciaron los trabajos de la refinería se dispararon las muertes violentas contra mujeres, niñas y niños”, reitera el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C.
Si bien en los últimos seis años la prensa local ha reportado a Paraíso y Comalcalco como focos rojos del feminicidio y muertes violentas de mujeres, Julia Arrivillaga precisa que esta problemática se ha extendido a “prácticamente toda la entidad”: a los municipios como Teapa, que es fronterizo con Chiapas, estado que también atraviesa por una gravísima ola de violencia territorial y que en 2023 más del 50% de los homicidios dolosos contra mujeres fueron perpetrados con arma de fuego; a Huimanguillo y Cárdenas, limítrofes con Veracruz, que alberga cuatro de los 100 municipios en México con más casos de feminicidio; a Nacajuca y Balancán, en donde, sumado a la falta de atención de las autoridades locales, tan sólo en 2024 59 mujeres solicitaron los servicios psicológicos al Centro de Justicia para la Mujer.
En “el Edén de México” la violencia territorial socava las posibilidades de organización de las colectivas feministas. Sea en Villahermosa, Jalapa o Centro, las protestas contra el feminicidio y actividades como conversatorios de salud sexual y reproductiva cada vez son más limitadas en su asistencia. “Me preocupa mucho esta situación porque ya van como cinco años que Tabasco está en la mira por los crímenes de odio contra mujeres y mujeres trans. Recuerdo que cuando las colectivas comenzamos a convocar a marchas, antes de 2019, éramos muchas más. Estuvimos marchando juntas durante mucho tiempo”, finaliza María José Montoya, integrante de Colectiva de Mujeres Ceiba Tabasco que ve similitudes con su natal Sinaloa, en donde también el control del crimen organizado y los militares se suman a gobiernos a los que no parece interesarles que el grito Ni Una Menos sea escuchado.
