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A 203 años de independencia de la colonización española, el descontento y el hartazgo de la población peruana hacia las élites políticas y económicas siguen vigentes y se hacen evidentes a través de las encuestas. El 90% reprocha la gestión presidencial de Dina Boluarte y el 94% rechaza al Congreso de la República (IEP, julio 2024), la ilegitimidad de estos poderes del Estado es latente. Actualmente el Perú vive una de sus peores crisis políticas, sociales y económicas, su débil institucionalidad demuestra que su democracia es profundamente defectuosa y excluyente. El Perú se encuentra en un hondo colapso, como diría José Carlos Agüero, historiador y activista por los derechos humanos.
Durante las fiestas patrias que se conmemoraron el fin de semana, cientos de personas han salido a las calles. La indignación por la injusticia, impunidad y desprecio de las más de 60 muertes en las protestas sociales durante el inicio del gobierno de Boluarte, son una de las principales razones para movilizarse. Las familiares, madres, esposas y hermanas de las víctimas son quienes han encabezado esta acción colectiva y han tenido que trasladarse hasta Lima, la capital del país, para ser escuchadas. Otra de las razones de la movilización es ponerle un freno al Congreso que tiene enquistado el actuar mafioso y autoritario del fujimorismo, minando la institucionalidad y atacando la débil democracia del país.
Es preciso señalar que la llegada de Boluarte, como la primera mujer en el sillón presidencial, sucedió luego de que el presidente Pedro Castillo, elegido por el pueblo en las elecciones de 2021, fuera destituido por el Congreso y arrestado por la policía, el 7 de diciembre de 2022, inmediatamente después de que él anunciara, a través de un mensaje a la nación, la disolución del Congreso, una reorganización del sistema de justicia, el inicio de un estado de excepción y una serie de medidas que fueron identificadas como un intento de golpe de estado, aún siendo evidente la carencia del apoyo de las fuerzas armadas y el poder económico. A partir de ese hecho se dio un verdadero estallido social, principalmente en las regiones del sur del Perú, que afrontan las tasas más altas de pobreza y desigualdad, donde se encuentran la mayor parte de la población que se autoidentifica como indígena y campesina, que fueron además las regiones que votaron mayoritariamente por Castillo y que luego fueron territorios donde se produjeron las peores masacres y el ataque letal por parte del gobierno de Boluarte, durante las protestas en su contra, por considerarla “traidora” y “usurpadora”.
Recientemente, Boluarte ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por la comisión de crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato en el contexto de las protestas sociales, por haberse dado un ataque sistemático y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de militares y policías en contra de quienes se encontraban en el lugar de las manifestaciones. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023), determinó que todos estos hechos se produjeron en circunstancias de una discriminación histórica por origen étnico-racial y factores socioeconómicos que afectan especialmente en el sur del país. Del mismo modo, los informes de Amnistía Internacional (2023- 2024), concluyen que el uso de la fuerza letal empleada por parte de militares y policías se dio de manera desproporcionada y que existió un marcado sesgo racista por parte de las élites políticas contra poblaciones históricamente discriminadas. Al mismo tiempo se establece que la mandataria debe ser investigada por autoría mediata de las muertes ocasionadas porque ella habría tenido la capacidad de ordenar el cese del uso de la violencia policial y militar. Sumado a ello, Boluarte también está siendo investigada por la Fiscalía peruana por el sonado “Caso Rólex”, relacionado a la posesión de relojes y joyas lujosas que superan la cantidad de 500 mil dólares, lo que significaría que viene incurriendo en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El Congreso, por su parte, ha adquirido un poder determinante en la política peruana en los últimos años, legislando por sus intereses y beneficios particulares y dándole la espalda a la población. Prueba de ello es la reciente promulgación de la ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad con la finalidad de favorecer al fujimorismo, generando impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos antes del año 2002, como es el caso de las esterilizaciones forzadas contra mujeres indígenas, que casi 30 años después aún no logra justicia. Al mismo tiempo, viene aprobando una serie de leyes que atentan contra el orden constitucional, el sistema democrático y electoral, modificando el sistema de partidos e intentando tener injerencia en la composición de los organismos electorales, también en el ámbito económico, favoreciendo a grandes empresas y a la minería ilegal. En materia educativa admitiendo el retorno de docentes que ya han sido cesados por reprobar la evaluación magisterial o no rendirlas, también se ha aprobado una ley que elimina el uso del lenguaje inclusivo en documentos institucionales y en los textos escolares. En la esfera medioambiental se han suscrito normativas que incentivan la deforestación en la Amazonía. Sumado a ello, la mitad de congresistas son investigados por la comisión de presuntos delitos de corrupción relacionados a la administración pública, delitos contra el patrimonio e incluso delitos de violencia sexual.
Un mensaje a la nación cargado de cinismo
En Perú cada 28 de julio quien preside el gobierno se dirige a la población peruana, mediante un mensaje a la nación en las instalaciones del Congreso, en el que presenta un balance de la gestión, da a conocer los principales proyectos que va a realizar su gobierno durante el siguiente año y el contexto que afronta el país. Boluarte, haciendo ver la innegable alianza perversa que la une al poder legislativo, abrazó afectuosamente al nuevo presidente del congreso, Eduardo Salhuana, conocido por sus vínculos con la minería ilegal, para luego leer un mensaje de más de 5 horas de duración. Enn él sus ministros se quedaron dormidos y sus congresistas aliados le aplaudían de vez en vez, para poder darle un respiro. Miles de palabras que parecían tener la intención de aburrir y adormecer a quienes intentaban escucharlo.
Este mensaje a la nación estuvo cargado de irrealidad y cinismo, parecía que se dirigía únicamente a las élites económicas, o a la población de otro país. En él infló cifras sobre el desarrollo económico y repitió proyectos que ya había anunciado un año atrás, como la construcción de hospitales. Hizo una lectura de lista de actividades, como si se tratará de un mero recuento de una lista de compras. Anunció una nueva escala remunerativa para los integrantes de las fuerzas militares y policiales. En medidas para la seguridad comunicó la creación de más comisarías y más centros penitenciarios. No dijo nada sobre los más de 35 asesinatos de líderes indígenas que defienden la naturaleza y la Amazonía, no mencionó ninguna estrategia real para afrontar el cambio climático, nada sobre algún proyecto para promover la agricultura, sino más bien informó la viabilidad de un proyecto minero “Tía María” al que la población de la zona se opone desde hace varios años.
También dio a conocer que presentará proyectos para fusionar dos pares de ministerios, sin revelar cuáles serían. Sin embargo, se presume que serían el Ministerio de la Mujer y el de Desarrollo e inclusión social, lo que significaría un grave retroceso. Fueron muy pocas las acciones que informó para mejorar la situaciones de discriminación, desigualdad y violencia que sufren las mujeres y niñas peruanas, aún conociendo el reciente caso de más de 500 niñas que sufrieron hostigamiento sexual escolar en la selva del país. No dio a conocer una estrategia clara o contundente para erradicar la violencia machista, tampoco alguna medida para promover la igualdad de género, mucho menos hizo referencia a alguna política nacional relacionada a los derechos sexuales y reproductivos. Se conformó con nombrar en varias oportunidades a las mujeres emprendedoras del país. Sobre las personas LGTB+ el silencio y la invisibilización fueron abrumadores, pese a que hace unos meses se intentó, desde el gobierno, volver a patologizar a las personas trans, medida que fue paralizada por las protestas de la comunidad en su contra.
Lo más lamentable fue que, a lo largo del mensaje a la nación más extenso de las últimas décadas, en ningún momento hizo referencia a las muertes ocurridas en medio de las protestas sociales llevadas a cabo a nivel nacional, donde se desencadenó una fuerte represión y violencia estatal cargada de estigmatización y racismo. No dirigió ni una sola palabra a las familiares que se encontraban manifestándose en las calles exigiendo justicia y que, en ese mismo momento, estaban siendo reprimidas y golpeadas por la policía. Tampoco hubo un mea culpa o una autocrítica sobre los hechos ocurridos. No dijo absolutamente nada sobre las investigaciones y denuncias que tiene en su contra.
En estas fiestas patrias hay muy poco que celebrar. Existe un gobierno que se rige por sus propios privilegios y las conveniencias de unas élites corruptas que se aferran a sus cargos y desconocen a una población que tiene una honda herida por las muertes ocurridas y por el desprecio que ha demostrado la clase política. Sin embargo, aún se forja una semilla de esperanza por justicia y cambio que va a seguir ejerciendo su derecho a la insurgencia social en las calles, recordándole a quienes están en el poder que no representan a la población. Como señaló con mucha indignación, Mirtha Vásquez, ex primera ministra, las mujeres peruanas no se sienten representadas por una mujer como Dina Boluarte, que actúa con mediocridad, cinismo y frialdad.
No son días de fiesta, son días de lucha y movilización.
