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El 5 de diciembre el Tribunal Constitucional de Perú ordenó, al Instituto Nacional Penitenciario y al director penal de la cárcel Barbadillo, la liberación de Alberto Fujimori, exmandatario de 85 años, a pesar de que la Corte IDH ordenó lo contrario en marzo de 2022. Un día después, el Instituto desacató el mandato de la corte internacional.
Ahora, este 13 de diciembre el Congreso de Perú incluyó en su agenda un dictamen para crear una Comisión de Alto Nivel que plantee reformas sobre la participación del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El proyecto fue elaborado por la Comisión de la Constitución y contempla cinco iniciativas. Entre ellas, que el país se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El 31 de octubre la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la creación de esta comisión con 12 votos a favor y 4 en contra. Para que sea realidad el Pleno del Congreso debe tener al menos 66 votos a favor.
En caso de aprobarse, expertes en derechos humanos alertan que implicaría un debilitamiento del sistema judicial peruano y un riesgo para las garantías y protección de la ciudadanía ante diferentes tipos de violencias.
Datos para entender la liberación de Alberto Fujimori
En diciembre de 2017, Fujimori recibió un indulto de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un año después, la Corte IDH pidió justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos por los que el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en 2009, y rechazó el indulto, que finalmente fue anulado por la Corte Suprema, por lo que Fujimori tuvo que volver a la cárcel.
En 2022 el Tribunal Constitucional revocó la decisión de la Corte Suprema y restableció la vigencia del indulto. De nuevo, la Corte IDH hizo énfasis en que se estaban incumpliendo las disposiciones de la condena contra Fujimori y abría la puerta a la impunidad de crímenes contra los DD. HH.
El debate se reabrió con un recurso de hábeas corpus presentado por Fujimori en el que pedía su libertad inmediata. Aunque el tribunal internacional había establecido que el Estado peruano debía abstenerse de la liberación del exmandatario, esta semana el tribunal peruano alegó que el indulto de 2017 es válido y la CIDH “falta de competencia” para incidir en el caso.
Los crímenes del exmandatario
La primera sentencia contra el expresidente fue emitida el 11 de diciembre de 2007 por el delito de usurpación de funciones y recibió una condena de seis años de prisión.
En 2009, Fujimori fue condenado por el tribunal de la Sala Penal Especial a 25 años por crímenes de lesa humanidad tras el asesinato de 25 personas en las matanzas de 1991 y 1992 a manos del escuadrón del Ejército Nacional, mientras él era presidente. También, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
En ese momento, el juez César San Martín declaró que Fujimori y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, practicaron crímenes de Estado de forma sistemática en su “lucha contra el terrorismo”.
Ese mismo año, en julio, fue condenado por la Corte Suprema a 7 años y 6 meses de cárcel por el delito de peculado y, tres meses después en septiembre, a otros 6 años por corrupción y espionaje. En 2015 recibió su quinta condena, dada por la Sala Cuarta Penal Liquidadora, a 8 años de cárcel, por desvío de fondos, pero fue absuelto por la Sala Permanente de la Corte Suprema en 2016.
En total, Fujimori ha recibido cinco condenas que suman más de 50 años de cárcel, de los que ha pagado ya 16 años. Sin embargo, la justicia peruana establece que las condenas no son acumulativas y solo debe responder por la más alta, la de 25 años.
Aún quedan otras acusaciones por las que no ha sido juzgado; uno de ellos pone a Fujimori como del caso Pativilca, por el que murieron seis líderes comunales en Lima.
También, de esterilizaciones forzadas realizadas entre 1995 y 2000 cuando su régimen implementó el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, con el cual se esterilizaron alrededor de 1.300 mujeres, en su mayoría de poblaciones pobres, migrantes o indígenas.
Un día después de su liberación, el 7 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia peruana anuló el proceso judicial por estas esterilizaciones como respaldo a la reciente demanda presentada por el congresista y uno de los acusados, Alejandro Aguinaga.
El alto tribunal ordenó que el caso se devuelva a la etapa del 2018, cuando la Fiscalía presentó la denuncia contra los responsables de este crimen. Ahora el juez penal del caso debe pronunciarse para decidir si se reinicia el proceso, lo que implica repetir toda la investigación que ya hizo la Fiscalía.
El objetivo de este programa estatal, por el que murieron 18 mujeres, era “reducir la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad”. Una de esas mujeres fue Celia Ramos, quien falleció por complicaciones derivadas de la esterilización forzada. Su caso, llevado por Demus Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), se encuentra en la Corte IDH por las graves afectaciones a su derecho a la justicia.
El autogolpe de Estado
El 5 de abril de 1992, Fujimori propició un autogolpe de Estado con el respaldo de las Fuerzas Armadas, y disolvió el Congreso, interviniendo el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Contraloría y otras instituciones.
Como resultado, vino la persecución y secuestro de varios integrantes de la oposición y, a partir de ese momento, sus decisiones fueron calificadas como inconstitucionales y su mandato como una dictadura.
Organizaciones sociales rechazan el indulto a Fujimori pues aseguran que el exmandatario nunca se ha disculpado con las víctimas, ni ha pagado las reparaciones económicas que le impusieron.
Protestas reprimidas con violencia
“¡Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más!”, fue una de las consignas que repitieron familiares de las víctimas de la dictadura en el plantón del 5 de diciembre frente al Palacio de Justicia de Lima, en el que también estuvieron organizaciones feministas y sociales como el Movimiento Manuela Ramos y Amnistía Internacional Perú.
La periodista Graciela Tiburcio Loayza denuncia que durante la manifestación se registraron abusos policiales; alrededor de 30 policías que cuidaban el Palacio de Justicia atacaron a un grupo de activistas y artistas que intentaban hacer un acto simbólico.
“Las empujaron, las sacaron y golpearon con los escudos. De hecho, a una de ellas la tumbaron al suelo y la comenzaron a golpear con la vara reglamentaria de la Policía. Ellas no tenían ningún arma ni elemento que pudiera atentar contra la integridad de alguna persona”, dijo Tiburcio Loayza .
Otros policías que seguían llegando al lugar replegaron a empujones a lxs manifestantes hasta una alameda en la zona. En medio del forcejeo resultó herido el fotoperiodista Juan Zapata por un golpe en la nariz.
Rechazamos la represión a la protesta. El Estado peruano debe garantizar este derecho así como el cumplimiento de las sentencias existentes y la administración de justicia a las víctimas de la dictadura.
