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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes 21 de septiembre una restricción al uso de celulares y otras pantallas personales en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, fijando el 3 de noviembre de 2026 como fecha de entrada en vigor. Días antes, el 18 de septiembre, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo ya había informado la medida.
La decisión se apoya en una consulta a docentes y llega en medio de los peores resultados de México en la prueba PISA en dos décadas, aunque organizaciones de derechos de la niñez, sindicatos magisteriales y especialistas piden matizar el enfoque de prohibición total, y abarca la educación básica en las 32 entidades.
¿Qué establece el acuerdo?
La medida, presentada como un “acuerdo nacional”, fue pactada entre la Presidencia, la SEP y los titulares de educación de las 32 entidades federativas en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). Sus puntos centrales son:
- Educación básica (preescolar, primaria y secundaria): los estudiantes podrán llevar el celular a la escuela, pero deberá permanecer guardado durante toda la jornada, incluido el recreo. Mario Delgado lo resumió así: “Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”.
- Dos excepciones contempladas: situaciones que impliquen “un riesgo inmediato para la salud, la seguridad o la integridad del estudiante”, y asuntos personales o familiares urgentes que no puedan esperar (por ejemplo, comunicarse con la familia por malestar emocional). La presidenta no detalló, al momento del anuncio, qué casos concretos entrarán en cada categoría; se espera que eso se precise en el texto del acuerdo.
- Educación media superior (bachillerato): cada plantel definirá sus propias reglas de uso, con criterio pedagógico, sin una prohibición uniforme desde el gobierno federal.
- Educación superior: se promoverá el “uso responsable” y la formación en ciudadanía digital, sin restricciones generalizadas.
- Calendario: el acuerdo se publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de septiembre de 2026 y entraría en vigor el 3 de noviembre, con un periodo de transición de 30 días para que las escuelas realicen asambleas informativas con maestros y familias antes de aplicarlo.
- Como estrategia complementaria, la SEP anunció la distribución de 16 millones de guías impresas del programa “El ABC de las Emociones”, dirigido a fortalecer el bienestar socioemocional de adolescentes de 14 a 18 años.
Al tratarse de un acuerdo administrativo entre autoridades educativas federales y estatales, se prevee que su implementación sea más flexible y fácil de modificar o revertir que una ley.
La consulta docente y las pruebas de PISA
Durante el mes de agosto,la SEP realizó una “Consulta Nacional para el Uso y Regulación de Dispositivos Digitales” dirigida a docentes de preescolar, primaria y secundaria, en el marco de la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares. Según cifras difundidas por el propio gobierno, participaron alrededor de 500,000 docentes, de los cuales el 81% se pronunció a favor de tomar medidas frente al impacto que el uso de pantallas tiene en el aula. En una reunión previa del CONAEDU, el subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí citó también que el 95% de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años tiene acceso a internet.
Antes del acuerdo nacional, 17 entidades ya habían establecido normas propias de restricción, de acuerdo con lo señalado por Delgado el 18 de septiembre, cuando anunció en una reunión plenaria del CONAEDU que el acuerdo había sido alcanzado “de manera unánime” entre las autoridades educativas estatales.
El anuncio también coincide con la publicación, el 8 de septiembre de 2026, de los resultados de la prueba PISA 2025 de la OCDE. Según el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre esos resultados, México obtuvo un promedio de 403 puntos frente a los 469 de la OCDE, ubicándose en el lugar 37 de 38 países miembros evaluados, con su puntaje más bajo en matemáticas y comprensión lectora en 20 años; además, solo 0.1% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel más alto de desempeño en matemáticas (frente a 8% en la OCDE) y cerca de la mitad no alcanza el nivel básico en ciencias. El gobierno ha presentado la restricción de celulares como parte de la respuesta a este deterioro educativo.
Las posturas
Los sindicatos y secciones magisteriales muestran una postura más cautelosa que la del gobierno federal. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de su Sección 9 en la Ciudad de México, ha planteado que “las y los docentes de educación básica no estamos en contra de la tecnología” y propone una “regulación diferenciada” por edad y contexto pedagógico, en lugar de una prohibición uniforme, con espacios y tiempos libres de dispositivos, protocolos de seguridad digital y excepciones para necesidades de accesibilidad. Secciones estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como la 39 y la 6, se han manifestado en el mismo sentido: regular, no prohibir de forma absoluta.
Asociaciones de padres de familia aparecen divididas. La Aepaf (Asociación Estatal de Padres de Familia), a través de su presidente, Cecilio Luna Salazar, respaldó la prohibición argumentando que el uso excesivo de tecnología ha afectado habilidades básicas de lectoescritura y cálculo en los estudiantes (“Todo lo tienen en la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Volver a las bases”, declaró). En contraste, otra asociación identificada como AIMX, rechazó una prohibición absoluta y pidió, en cambio, una “regulación inteligente”.
Especialistas y organizaciones de derechos de la niñez han sido las voces más críticas del enfoque de prohibición total. Ricardo Ortega Soriano, abogado especializado en derechos de la infancia, y Sandra Irma Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, advirtieron antes del anuncio final que una prohibición absoluta podría vulnerar el derecho a la autonomía de la niñez y trasladar toda la responsabilidad a los estudiantes sin exigir nada a las empresas tecnológicas; señalaron además la necesidad de excepciones explícitas, por ejemplo para estudiantes con autismo que usan dispositivos como herramienta de comunicación. Por su parte, la organización Tejiendo Redes Infancia, a través de su coordinador, Juan Martín Pérez García, pidió que niñas, niños y adolescentes fueran consultados directamente antes de definir la política, bajo la premisa de que “México debería regular después de escuchar a las infancias, no simular escuchar después de regular”; la organización argumenta que una medida centrada solo en el horario escolar no atiende problemas como el discurso de odio, la violencia sexual digital o el diseño persuasivo de las aplicaciones, que ocurren también fuera del aula.
