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Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista del partido Renovación Popular y pastora evangélica peruana de la Misión Cristiana Casa del Padre, fue denunciada penalmente este martes 10 de febrero por vulnerar los derechos de niñas precarizadas víctimas de violación que estaban bajo el cuidado del albergue La Casa del Padre, fundado por Jáuregui y su esposo, Guillermo Aguayo. Las niñas, de entre 10 y 13 años, eran derivadas —según Jáuregui— por el Ministerio de la Mujer, e inducidas a continuar con sus embarazos tras las violaciones que sufrieron.
En un video promocional de La Casa del Padre, se escucha la voz de Jáuregui diciendo: “La misión y la visión de esta casa va a ser el devolverles la esperanza de vivir a estas chicas (…) y, por sobre todas las cosas, van a aprender a amar el fruto de su vientre, porque ellas no pueden ver a esos niños como una maldición; ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer de ellas, porque ese niño, lejos de ser el recuerdo del dolor (la violación), va a ser un sello de esperanza”.
La denuncia fue presentada por Gahela Cari, postulante al Congreso por la alianza política “Venceremos”, quien acusa a Jáuregui de causar lesiones graves y daño sicológico a esas niñas, víctimas de violencia sexual, bajo su cuidado, al no garantizarles atención médica integral y bloquear su acceso al aborto terapéutico, privilegiando su convicción personal sobre la salud y derechos de las niñas. Como responsable del centro de acogida, Jáuregui tenía deberes legales de protección que no cumplió; por el contrario, se aprovechó de su papel de garante y su figura de “líder espiritual” para imponer la maternidad a esas niñas.
Además de las vulneraciones a sus derechos, las niñas fueron exhibidas en público, violando el marco legal de protección de derechos de las niñas y de salud y convirtiéndolas en un espectáculo político. Aunque Jáuregui ha negado las acusaciones, afirmando que las imágenes no fueron publicadas oficialmente por su refugio y que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, calificando las críticas como una campaña de “difamación”, varias periodistas y medios confirman la existencia de dicho material.
Ante la evidencia, el partido Renovación Popular, al que pertenece Jáuregui, se pronunció en contra de la exposición de las niñas y el uso de las mismas con fines políticos; sin embargo, no cuestionó las declaraciones de Jáuregui sobre el albergue ni su postura antiaborto, más allá de la exposición de imágenes, pues son afines a ellas. Cabe recordar que el líder del partido y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, propuso y defendió en 2021 que menores violadas continúen el embarazo y planteó alojarlas en “hoteles cinco estrellas”. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino el albergue, pero no ha dado respuestas sobre los criterios bajo los cuales enviaba a estas niñas al refugio de una congresista y pastora abiertamente antiderechos.
El caso ha vuelto a poner el foco en la falta de garantías para el aborto terapéutico en el Perú, los fanatismos religiosos que actúan de manera casi sectaria con partidos políticos e impactan políticas públicas, y la urgencia de reformas pendientes que el país no ha querido adelantar a un código penal de 1924.
Las declaraciones de Jáuregui
Todo salió a la luz por las declaraciones públicas de la misma congresista en entrevistas con fines electorales. El pasado 28 de enero, en el programa de streaming Za gente de ILAD Media, habló de sus posturas fundamentalistas y biologicistas contra el aborto, el matrimonio igualitario, la identidad de género, el enfoque de género, la educación sexual y el lenguaje incluyente, alineadas con los entrevistadores y el programa. Jáuregui habla de las leyes y propuestas antiderechos y familistas a las que se ha dedicado como legisladora.
La entrevistadora le pregunta puntualmente por el caso de las niñas que sufrían violencia sexual y son embarazadas por sus abusadores, a lo que la congresista responde: “Hace 10 años abrí un refugio para niñas violadas y embarazadas de 10, 11, 12 y 13 años; entonces el Ministerio de la Mujer y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional y física de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente de haber dado a luz. ¿Por qué razón? Porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”. Y agrega: “Solo un niño puede ser bien criado si tiene el calor maternal”.
Sobre su proyecto para prohibir la ESI, dice: “¿Qué puede saber un niñx de lo que quiere?”. Continuando con la narrativa antiderechos, se refiere a la mal llamada “ideología de género”, y dice: “Hoy el género puede ser cualquier cosa; legislemos sobre lo que es correcto: ser hombre o mujer”. En ese mismo sentido, la congresista ha respaldado públicamente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirar y cesar el financiamiento a más de 60 organismos internacionales, calificando la medida como un avance contra lo que llama la “agenda woke” y la promoción de políticas que contradicen sus posturas conservadoras.
El mismo día de esta entrevista, la congresista estuvo en el programa “Sin ofender”, con la comunicadora Giuliana Cassia, también alineada con sus posturas, hablando de su casa de acogida y de las leyes que ha hecho su partido, como la “ley del concebido”, una de tantas iniciativas antiderechos que suma trabas al acceso al aborto terapéutico. Ambas se despachan contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, el feminismo, la cooperación internacional y el enfoque de género, que proponen cambiar por “enfoque familiar”.
El aborto terapéutico en Perú
El aborto terapéutico está penalizado en el país desde 1924, con una única excepción: cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o salud de la persona gestante (Artículo 119 del Código Penal). Esta excepción se conoce como aborto terapéutico. Solo hasta 2014, la práctica del aborto terapéutico fue reglamentada por una Guía Técnica del Ministerio de Salud que establece cómo debe aplicarse en los hospitales y fue modificada en 2025 (RM 427-2025-MINSA).
En el papel, niñas, adolescentes y mujeres pueden acceder a este procedimiento si un embarazo pone en riesgo su vida o su salud. Pero, en la práctica, el acceso es muy limitado debido a barreras institucionales, falta de información y objeciones de conciencia mal ejercidas que dificultan su aplicación. Esto se exacerba gracias a los discursos antiderechos que se oponen a los Derechos Sexuales y Reproductivos como la Educación Sexual Integral y el acceso al aborto, que vulneran la dignidad y salud de las niñas y las dejan aún más desprotegidas ante la violencia sexual.
En 2025, 993 niñas de entre 0 y 14 años fueron forzadas a ser madres, de acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud. Solo en enero de 2026 ya se registraron más de 40 casos, incluido el de una menor que fue obligada a convivir con su agresor.
Según el informe “Abortos terapéuticos realizados en el Perú (2014-2023)” de Promsex, 2 780 niñas menores de 15 años víctimas de abuso sexual no accedieron a un aborto terapéutico; solo 177 lo hicieron, dejando al menos a 2 603 expuestas a graves riesgos físicos, psicológicos y sociales.
Organismos internacionales han llamado la atención al Perú varias veces por negar o bloquear el acceso al aborto terapéutico incluso a niñas víctimas de violación, considerándolo una vulneración de derechos humanos y una forma de tortura:
En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) determinó que el Estado peruano incurrió en discriminación por género y edad y violó el derecho a la salud, a la no discriminación y a la vida libre de violencias de LC, una niña de 13 años que quedó embarazada tras ser abusada en repetidas ocasiones. Como consecuencia de la violencia sufrida, intentó suicidarse, causándose una grave lesión en la columna vertebral que requería una cirugía urgente para evitar una discapacidad permanente, pero el hospital público postergó la intervención debido al embarazo y no le brindó información ni acceso al aborto terapéutico. El retraso médico tuvo consecuencias irreversibles en su salud. Fue gracias a este caso que se exigió regular claramente el aborto terapéutico, lo que llevó, en parte, a la Guía Técnica de 2014.
En 2023, el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños concluyó que Perú violó los derechos humanos de Camila, una niña indígena de 13 años violada reiteradamente por su padre, a quien le fue negada la interrupción del embarazo a pesar del riesgo que este implicaba para su salud. Luego sufrió un aborto espontáneo y fue procesada penalmente por “autoaborto”.
En ambos casos, se ha dejado claro que es obligación del Estado peruano proteger a las infancias y garantizar sus derechos, incluido el derecho al aborto terapéutico, ya que el embarazo en infancias supone un riesgo elevado para la vida y salud.
Rechazo masivo
Las organizaciones Las Lilas, Promsex, Amnistía Perú, Demus, Manuela Ramos, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Flora Tristán se pronunciaron en un comunicado conjunto: “Rechazamos las declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui, que niegan la condición de víctimas de niñas sobrevivientes de violencia sexual. Desconocer su dignidad y priorizar al feto por encima de su salud física y mental es revictimizarlas y justificar la maternidad forzada”.
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán también repudió la vulneración de derechos de las niñas por parte de la funcionaria Jáuregui y rechazó de manera categórica “la utilización del dolor de estas víctimas como parte de su campaña mediática”, al considerar que sus declaraciones no solo banalizan la violencia sufrida por niñas víctimas de violación, sino que además las exponen y revictimizan. “La exposición de menores de edad con sus hijas o hijos resultado de una violación sexual expresa la indolencia de la congresista Milagros Jáuregui ante esta abominable violación de derechos de las niñas“.
Desde Volcánicas nos sumamos a las voces de rechazo. Además de los impactos devastadores de la violencia sexual en la vida de las niñas, los embarazos, partos y maternidades infantiles son una forma de tortura. Imponer la maternidad a niñas como proyecto de vida es robarles la infancia, muchas veces la posibilidad de estudiar e incluso, de soñar. ¡Son niñas, no madres!
