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Como parte del mecanismo para liberar de prisión a mujeres afectadas por políticas prohibicionistas y punitivas, el 8 de abril de 2025 las organizaciones CEA Justicia y Elementa DDHH lanzaron una campaña para recaudar $250.000 pesos mexicanos y así pagar las multas y el traslado de cinco mujeres (Margarita, Luna, Eréndira, Lidia y María Isabel) encarceladas por delitos menores en materia de drogas.
En entrevista con Volcánicas, Renata Demichelis Ávila, internacionalista y directora de Elementa DDHH en México, platicó que dicho mecanismo es un trabajo interinstitucional que partió de entrevistas con mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) no. 16, en Coatlán del Río, Morelos. En los últimos meses, este lugar ha sido reportado por medios de comunicación nacionales e internacionales por suicidios, la falta de atención médica y alimentos en mal estado.
“Nosotras ya tiene tiempo que trabajamos este tema y a finales del año pasado (2024) empezamos a coordinarnos con el Gobierno federal, la Consejería Jurídica de la Secretaría de las Mujeres y el Órgano Penitenciario. Entramos al CEFERESO, platicamos con las mujeres y analizamos sus casos para investigar cuáles podrían ser las vías jurídicas para las liberaciones”, detalla Demichelis Ávila sobre el proceso en el que evaluaron los beneficios y las rutas que brindan recursos como la Ley de Amnistía, publicada el 22 de abril de 2020 con la finalidad de garantizar justicia social a personas en condiciones de vulnerabilidad que hubiesen cometido un delito y de esta forma hacer contrapeso a los impactos desproporcionados.
En las entrevistas con CEA Justicia y Elementa DDHH, las mujeres —algunas de ellas indígenas y otras madres autónomas o cabezas de familia— contaron que fueron detenidas y enviadas a prisión por delitos menores y que las autoridades no garantizaron sus derechos al debido proceso.
“Observamos que muchas estaban en una situación de precariedad económica que las llevó a realizar ciertas actividades como transportar paquetes con alguna droga de un lugar a otro. También documentamos situaciones de violencia en las que sus familiares o parejas las obligaron […] [Sobre el trato de las instituciones] detectamos amenazas verbales, la violencia física y sexual. Esta segunda marca una diferencia con las detenciones de los hombres. También varias de ellas nos dijeron que [las autoridades] las obligaron a firmar documentos sin que les permitieran leerlos. Además, la mayoría no contó con un abogado defensor”, profundiza la directora de Elementa DDHH en México sobre una serie de constantes que, de acuerdo con las propias organizaciones, mantiene a 1913 mujeres en esta situación.
Sumado a solventar los gastos en los casos de Margarita, Luna, Eréndira, Lidia y María Isabel, Renata Demichelis Ávila comparte con Volcánicas que el propósito de la campaña Libéralas es dar la vuelta a las narrativas y políticas prohibicionistas y punitivistas en materia de drogas a través del entendimiento de los impactos diferenciados de las mismas.
“Buscamos también visibilizar cómo el sistema de justicia penal se ensaña en contra de ciertas poblaciones. Intentamos cambiar los discursos respecto a los castigos y a las medidas privativas de la libertad haciendo énfasis en la necesidad de contar con medidas más integrales en las que se tomen en cuenta temas como el trabajo de los cuidados”, apunta sobre el contexto bajo el que trabajan las asociaciones civiles.
De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal, hasta 2020, el 40.8% de las personas recluidas en centros estatales y federales por narcomenudeo y delitos contra la salud correspondía a mujeres, mientras que los hombres representaban el 31.4%. La diferencia porcentual no ha sido el único dato documentado. Activistas y ONG también han expresado que las mujeres reciben sentencias más largas en las que 10 años privadas de la libertad es lo mínimo.
Desde hace una década, especialistas advirtieron sobre el incremento de detenciones de mujeres —170% se calculaba en 2015— por ilegalidades vinculadas con las drogas. “El aumento tan drástico no significa que más mujeres se están involucrando en estas actividades sino que son las más perseguidas, las más fáciles de agarrar, cuando la gran mayoría de estas mujeres se desempeñan en los eslabones más bajos del tráfico de drogas: son recolectoras, cultivadoras y principalmente son mulas. Son sólo portadoras de la droga, la llevan de un lugar a otro sin siquiera saber el valor o el tipo de mercancía que llevan”, puntualizó en ese entonces Ana Pecova, experta en la defensa de los derechos humanos.
En la investigación Las mujeres olvidadas de la guerra contra el narco, ASÍLEGAL-Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.subraya que durante muchos años el impacto diferenciado de políticas prohibicionistas y puntivistas se mantuvo al margen.
Sin embargo, como señala la organización, durante y después de la administración de Felipe Calderón (2006-2012) la persecución penal contra mujeres “adquirió tintes particulares” en los que resaltan patrones de violaciones a derechos humanos como la privación de la libertad sin haber una sentencia condenatoria (abuso de prisión preventiva), detenciones arbitrarias y defensas inadecuadas que las presionan para aceptar los delitos imputados o que nunca tuvieron una conversación en persona con ellas. La falta de perspectiva de género se mantiene como una constante.
