Las claves que el Estado no quiso tomar en cuenta:

Periodismo local y redes que denuncian una mentira histórica

 A lo largo de 10 años, Ayotzinapa ha sido parte de la agenda periodística local, nacional e internacional. En Guerrero, la historia del periodismo ha estado marcada por, esencialmente, la desaparición de personas: tanto como tema, como problemática a la que se enfrentan quienes ejercen esta profesión. La documentación y cobertura de violaciones a derechos humanos se enfrenta a obstáculos como la falta de acceso a la información, la espectacularización de la violencia y amenazas por parte de grupos/sectores/actores políticos involucrados. 

En el caso concreto de los hechos de Iguala, los retos iniciales a los que se enfrentó el gremio fueron la imprecisión de datos clave como el número de desapariciones (se hablaba de la ausencia de 20, 30 y 58 estudiantes), los nombres de los normalistas y el abordaje sensacionalista de la identificación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. 

En las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, el género periodístico que predominó fue la nota roja, mientras que la cobertura mediática del 6,7,13 y 14 de octubre, 7 y 8 de noviembre de 2014 y 28 de enero de 2015, priorizó a la narrativa gubernamental y a la visibilización de políticos como Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero (exgobernador de Guerrero) e instituciones como la exProcuraduría General de la República (PGR), como analizó SignaLab, espacio interdisciplinario del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente (Iteso). Universidad Jesuita de Guadalajara.

En contrapeso a la versión oficialista del peñismo y a lo que la ensayista Diana del Ángel (Procesos de la noche, 2017) calificó como “pornografía de la violencia”, periodistas guerrenses reclamaron la importancia de narrar desde y para los territorios. 

Como contó la defensora de derechos humanos y coordinadora del área internacional del Centro Prodh, María Luisa Aguilar Rodríguez, a Volcánicas, “fue gracias a las redes de medios locales que sabemos lo que pasó esa noche [26 de septiembre de 2014]; fue gracias a que periodistas de Guerrero estuvieron en el norte de Iguala acompañando a los chavos [de la Normal Rural], dieron un seguimiento diario a las investigaciones de Cocula, en un contexto en el que, aunque hubiera autoridades federales, no garantizaba su seguridad”

Sumado a la presencia en las locaciones clave del caso, la fundadora de Amapola. Periodismo transgresor (“espacio construido por periodistas de Chilpancingo”) Margena de la O Vargas ha contado que el papel del periodismo local fue fundamental para el establecimiento de puentes con especialistas forenses y artistas, quienes desde sus respectivas disciplinas, además de cuestionar la narrativa estatal-institucional, dignificaron las historias de los normalistas, sus familiares y la propia comunidad estudiantil de Tixtla.

Ayotzinapa. La travesía de las tortugas (2015) fue uno de los libros que marcó la alianza entre periodistas locales e independientes. Entre sus páginas, el colectivo Marchando con letras  subrayó que estas alianzas también tenían la finalidad de contribuir a la memoria histórica: “Desde el periodismo nos sumamos a la exigencia de que nunca más se repitan acontecimientos como el que ha puesto en suspenso no sólo las vidas de las víctimas directas, sino también de su entorno, y que han mostrado la peor cara de un Estado incapaz de aclarar los hechos amparado en un silencio cómplice”.  

Aguilar Rodríguez señala que otro de los logros del periodismo local fue que los medios independientes nacionales y la prensa internacional se involucraran en la cobertura del Caso Ayotzinapa a partir de las irregularidades institucionales y los fracasos de las autoridades en la investigación. Al respecto, Pablo Ferri, corresponsal de El País que trató el tema desde 2015 (con la llegada del GIEI a México) y con mayor cercanía durante toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, agrega que el trabajo de lxs periodistas de Guerrero también fue clave en la denuncia histórica de la impunidad en las violaciones a derechos humanos, concretamente de la desaparición de personas.

Entendía como el Caso Ayotzinapa de alguna forma reflejaba antiguos crímenes de la Guerra Sucia. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se empiezan a ver las costuras de la famosa ‘verdad histórica’, con los peritajes al basurero de Cocula, que fue cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señala que esa versión [que hayan quemado a los estudiantes] es imposible. Luego todo ese asunto del Río San Juan, que nunca estuvo claro cómo llegaron los huesos de Alexander Mora. Los últimos años del gobierno de Peña fueron bastante intensos”, cuenta Ferri a Volcánicas

Con relación al establecimiento, la extensión y el fortalecimiento de las redes periodísticas, la reportera independiente y corresponsal del Semanario Brecha, Eliana Gilet detalla que su primer acercamiento con el Caso Ayotzinapa fue gracias a la prensa alternativa y popular. Eliana estuvo presente cuando las familias normalistas, acompañadas de “organizaciones solidarias, sindicatos y movimientos populares”, hicieron una gira por Sudamérica y visitaron Uruguay para visibilizar lo que estaba sucediendo. 

“Yo trabajaba en una cooperativa de trabajadores de la prensa de izquierda latinoamericana (Semanario Brecha) y ahí obviamente era un tema de cobertura. El encargado de la sección internacional, Daniel Gatti —quien es hijo de Gerardo Gatti, fundador de la Federación Anarquista del Uruguay y líder sindical que fue desaparecido en la Argentina en el marco del Plan Cóndor—  se puso a investigar. Entonces en el semanario hay una sensibilidad en el tema de la desaparición forzada. Recuerdo que también compañeros de Argentina publicaron una nota grande en La Vaca. Igual en ese momento teníamos mucho contacto con Gloria Muñoz, fundadora y directora de Desinformémonos, quien fue la persona que me invitó a trabajar acá en México. Para mí, Ayotzinapa no sólo fue un tema periodístico de interés, sino también la puerta al lugar a donde terminaría viviendo, trabajando y colaborando”, relata la periodista uruguaya parte del equipo de Ojos de Perro vs La Impunidad, asociación civil conformada por periodistas, fotógrafxs, cineastas, novelistas y músicxs mexicanos que en 2024 trabajaron en la película Este arte que abraza, una película que recoge “las manifestaciones artísticas en torno a Ayotzinapa”. 

El involucramiento de Eliana Gilet en la cobertura de los hechos de Iguala también muestra cómo las redes del periodismo local-regional han permitido expandir la agenda de investigación para denunciar los factores y las condiciones que sostienen a estas crisis de derechos humanos. Por ejemplo, en 2022, con el reportaje “El eslabón uruguayo en Ayotzinapa” Gilet subrayó que las autoridades han omitido la figura de un ciudadano uruguayo señalado por delitos de narcotráfico a Estados Unidos que está detenido en una prisión de alta seguridad en México y que, a la vez, resulta primordial en las acusaciones contra el Ejército, la Marina, policías y políticos locales, pues su caso cobró relevancia en la desaparición de los 43 normalistas.

“Lo mejor que hemos podido hacer es retomar los reclamos [de las familias], profundizarlos y trabajarlos periodísticamente. En mi caso particular, es lo que hice. Seguí una línea de investigación que estuvo ahí durante mucho tiempo y que fue señalada por los padres de que había un uruguayo vinculado al caso. Ya con algunos compas del Uruguay encontramos quién era este personaje que vivía en Iguala y fue detenido en junio de 2014 en una bodega de Puebla con dinero en efectivo y heroína siendo escondida en un camión (…) [Esto lo vimos] como prueba de que el Estado tenía conocimiento de la existencia de este mecanismo mucho antes de Ayotzinapa”, ahonda Gilet para Volcánicas.

Otra de las líneas de investigación que abrió el periodismo y que fue mantenida en opacidad por las autoridades fue la compra de armas que hizo el Ejército mexicano a la empresa alemana Heckler & Koch. Esto fue reportado por la plataforma colaborativa de reflexión y comunicación política Antifaz a partir del caso de Aldo Gutiérrez Solano, normalista de nuevo ingreso que la noche del 26 de septiembre de 2014 recibió un impacto de bala en la cabeza que le causó 65% de daño cerebral y lo mantiene en estado vegetativo.