Fue y sigue siendo un crimen de Estado
El 7 de noviembre de 2014, el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó su segundo informe y, pese a las observaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre no haber encontrado relación genética con los restos recuperados, afirmó que los 43 estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula.
Fue en esta misma conferencia de prensa que el funcionario, cuando se le cuestionó sobre las primeras irregularidades detectadas en las averiguaciones, dijo: “ya me cansé”. Esta expresión causó gran indignación y al día siguiente, el 8 de noviembre, desató protestas en diferentes ciudades del país.
Paralelamente, usuaries de redes sociales movilizaron el #YaMeCansé —hashtag más activo de la historia de Twitter México, de acuerdo con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales Mireia Pérez Carretero— y #FueElEstado para reprobar la postura de Murillo Karam y, a la vez, denunciar la situación de violencia, corrupción e impunidad en México.
En esos mismos tuits, periodistas y organizaciones de derechos humanos visibilizaron casos de represión en las manifestaciones. A su vez, artistas de diferentes disciplinas convocaron a hacer uso de plataformas como YouTube para expresar su indignación.
En los meses posteriores, familias y organizaciones insistieron en que las declaraciones de la PGR carecían de sustento científico y técnico. Mientras tanto, Murillo Karam y su equipo aprovechaban su espacio en medios de comunicación para insistir en escenarios como el basurero de Cocula, el Río San Juan y Cerro Viejo.
Para el 27 de enero de 2015, semanas después de la suspensión-reanudación del diálogo entre familias y Gobierno federal, el amedrentamiento de policías estatales y militares a padres y madres de los normalistas y el ingreso de la CNDH, Sedena, PGR y Segob, en conferencia de prensa Murillo Karam declaró la ‘verdad histórica’, misma que el periodista John Gibler en su libro Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa (2016) resumió:
“Aquella noche [26 de septiembre de 2014] los estudiantes fueron atacados por sicarios y policías locales corruptos del municipio de Iguala. Luego, los policías habrían entregado a 43 estudiantes desaparecidos al cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en el basurero de Cocula y arrojaron sus cenizas al río, por creerlos miembros de un cártel rival”.
A lo largo de 10 años familias, activistas, organizaciones de derechos humanos, colectivos artísticos, estudiantes, docentes y periodistas han dado vuelta al discurso oficialista del Caso Ayotzinapa y califican a la versión de la PGR como la mentira histórica en la que no sólo fue/es responsable Jesús Murillo Karam o Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Así como lo reveló Zerón en un cuestionario enviado por el subsecretario de Derechos Humanos y expresidente de la CoVAJ Alejandro Encinas, en las “juntas de autoridades” convocadas por el exmandatario Enrique Peña Nieto también se encontraban Miguel Ángel Osorio Chong (secretario de gobernación), Salvador Cienfuegos (secretario de la defensa nacional), Eugenio Ímaz (titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen), Aurelio Nuño (vocero y asesor de la presidencia), Eduardo Sánchez (jefe de la oficina de la presidencia) y el almirante Vidal Soberón.