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Entre 2018 y 2024, 14,696 niñas de 14 años o menos en Guatemala dieron a luz, como resultado de agresiones sexuales. Así lo revela el informe más reciente publicado por Human Rights Watch llamado “Forzadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”.
Desde la aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en 1996, los casos reportados de violencia sexual e intrafamiliar han aumentado. Esto tiene que ver también con que cuando se tipifica un delito se puede medir y denunciar más. Resultado de esto es que de acuerdo con el medio guatemalteco Plaza Pública, entre 2004 y 2013, la Policía Nacional Civil registró 27,045 denuncias de violencia sexual. El 83.45% fueron contra mujeres.
En el contexto del conflicto armado interno, que se dio entre 1960 y 1996, la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra, especialmente contra mujeres indígenas. En noviembre de 2024, la Fiscalía solicitó 2,860 años de prisión para Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, por genocidio y delitos contra la humanidad, incluyendo violencia sexual contra el pueblo Ixil. Este juicio incluyó más de mil pruebas y 71 testimonios, 11 de ellos de mujeres víctimas de violencia sexual.
En 2024, el Instituto Nacional de Estadística presentó indicadores de continuación de la violencia contra las mujeres, basados en la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares realizada entre septiembre y noviembre de 2023. Así, en este contexto, llega el nuevo informe que tampoco da un panorama alentador.
Concretamente, en el informe Human Rights Watch revela la muy alarmante perpetración de violencia sexual contra niñas menores de 14 años en el país. Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), entre 2018 y 2024, 14,696 niñas de 14 años o menos dieron a luz, resultado de agresiones sexuales.
Estos embarazos forzados, además, producen graves riesgos para la salud física y mental de las niñas y limitan su acceso a derechos fundamentales como la educación y la seguridad social. Este escenario ha decantado en casos como el de Fátima, una niña de 12 años que fue forzada a ser madre sin que se contemplara si quiera que su embarazo fue producto de una violación por parte de un funcionario público que huyó de la justicia. Su caso ha impulsado la campaña Niñas, No Madres, que busca despenalizar el aborto y permitir que las guatemaltecas tengan derecho a elegir.
Las investigaciones de Cristina y su equipa mostraron que aunque existen políticas y marcos legales destinados a abordar la violencia sexual y el embarazo temprano, su implementación es ineficaz. Las barreras incluyen largas distancias a centros de salud, escasez de personal capacitado y recursos insuficientes, lo que dificulta el acceso a servicios esenciales como anticoncepción de emergencia y atención prenatal. Estas dificultades afectan desproporcionadamente a niñas de comunidades rurales e indígenas.
El sistema educativo también falla en apoyar a las niñas embarazadas o madres jóvenes. El estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a altas tasas de abandono escolar, especialmente en áreas rurales. La falta de educación sexual integral y políticas que permitan a estas niñas continuar sus estudios las deja sin el apoyo académico y emocional necesario, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. Por eso, Cristina, desde Human Rights Watch, ha dejado algunas recomendaciones básicas y vitales.
En este episodio de La Semanaria hablamos con Heidy Hernández, parte de Resisters, una colectiva feminista que ha acompañado casos de violencia basada en género en Guatemala. También, hablamos con Jovanna García, periodista guatemalteca feminista especializada en derechos humanos, corrupción y procesos de justicia, para entender mejor cuál es el panorama social de estas violencias en el país.
Finalmente, hablamos con Cristina Quijano, investigadora de Human Rights Watch en la línea de género y autora de este informe, quien nos contó cuáles fueron los principales hallazgos y recomendaciones al Estado guatemalteco.
