julio 12, 2022

La libertad de expresión es fundamental para las denuncias de violencia sexual

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Hace unos días, la Corte Constitucional colombiana falló favorablemente a la demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 2 del artículo 224 del Código Penal que impedía a les jueces evaluar las pruebas de delitos relacionados con violencia sexual. Dicha demanda fue interpuesta por El Veinte, una organización que trabaja en defensa de la libertad de expresión y desde Volcánicas intervinimos a través de un amicus curiae, una figura que permite a terceras personas, ajenas a un litigio, dar su opinión para colaborar con el tribunal en el proceso.

El artículo demandado permitía, entre otras cosas, que cuando una persona denunciara públicamente un hecho de violencia y fuera demandada por injuria o calumnia por esa denuncia, no pudiera defenderse si dicha denuncia se trataba de conductas de la vida sexual, conyugal, marital o familiar. Por ejemplo, si una mujer denunciaba en redes sociales una conducta abusiva de su jefe, como acoso sexual, este podía demandarla por injuria y calumnia y ella no podía defenderse demostrando los hechos porque eran “sobre la vida sexual del acusado”.  

Compartimos a continuación nuestro amicus esperando que ayude también a la opinión pública a dimensionar la importancia de este asunto para las denuncias de violencia sexual y el periodismo feminista:

En Volcánicas hacemos periodismo de investigación riguroso, audaz, feminista y latinoamericano. Usamos las múltiples herramientas de la comunicación para ayudar a deconstruir el machismo, y así avanzar en la consecución de los derechos de las mujeres y la comunidad lgbti en Latinoamérica y el Caribe. Nuestro trabajo como periodistas de investigación se ha especializado en hacer cobertura periodística de las denuncias por violencia sexual. A través de investigaciones de largo aliento, desarrollamos el Método Volcánicas, basado en la verificación rigurosa y el respeto por el valor de los testimonios y por la dignidad de las fuentes, que diferencia nuestro periodismo de las formas tradicionales de cubrir e investigar el acoso y el abuso sexual. Creemos que el periodismo debe ser un lugar seguro para las víctimas de violencia sexual y de género y nuestra prioridad es la protección de nuestras fuentes.  

La razón fundamental que nos motivó a presentar este escrito se refiere al impacto estructural que este artículo del Código Penal tiene en el silenciamiento a las víctimas de violencia sexual. Cuando una persona es denunciada o demandada por el delito de injuria y calumnia puede defenderse demostrando que lo que se ha dicho no es cierto. Sin embargo, encontramos que la norma secundaria que dice que, para demostrar que una afirmación no es ni injuriosa ni calumniosa, no se pueden presentar pruebas “sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales” puede ser usada para limitar el derecho a la denuncia y al libertad de expresión de las víctimas de violencia sexual y de las periodistas que la investigamos.

El acoso y la violencia sexual siempre ocurren porque hay un abuso de poder. Cuando estamos en igualdad de condiciones, las mujeres decimos “¡No!”, pero el acoso y la violencia sexual suceden cuando hay amenazas, explícitas o tácitas, de represalias físicas, emocionales o profesionales si nos negamos a un avance sexual. Los agresores no acosan o violentan por un “deseo irrefrenable” provocado por “la belleza de las mujeres”, lo hacen porque pueden, porque hay una desigualdad de poder tal que les permite abusar de ese poder sin consecuencias, y dichas acciones violentas suelen suceder en espacios íntimos, como en los que sucede la violencia intrafamiliar . 

Las mujeres y niñas siempre hemos sido víctimas de acoso y violencia sexual, pero apenas pudimos empezar a denunciar estas violencias hasta hace una década gracias a que, en los últimos años, los movimientos feministas han visibilizado la violencia sexual, un fenómeno que está en la base de un sistema de poder como el patriarcado. El acoso y la violencia sexual están normalizados y muchas veces son difíciles de reconocer incluso por parte de las víctimas, pues a las mujeres nos enseñan que la violencia sexual es un riesgo inherente a la experiencia de ser mujeres. 

Si esto ha cambiado es porque cada vez más mujeres cuentan públicamente y en voz alta, sea espontáneamente en sus redes sociales o a través de denuncias penales o periodísticas, sus experiencias de violencia sexual. Este es un ejercicio poderoso, pues cuando las mujeres escuchamos estas historias, por un lado aprendemos a reconocer el acoso y el abuso sexual en nuestras vidas, y por otro entendemos que no fue culpa nuestra, que no nos pasó por “tontas” o “confiadas” o porque “lo provoqué”, sino que empezamos a entender que el acoso y el abuso sexual son formas de violencia estructural, que sirven para mantener a las mujeres el lugar subalterno, silencioso, que nos ha asignado el patriarcado. Un episodio de acoso o abuso sexual puede bastar para descarrilar la vida o la carrera de una mujer. Las periodistas que nos dedicamos a investigar la violencia sexual hemos conocido de primera mano la valentía que se requiere para hacer estas denuncias y hemos visto cómo las denuncias tienen un efecto reparador en las vidas de las mujeres: recobran agencia sobre sus experiencias al poder nombrar las violencias de las que fueron víctimas. Además, tienen un efecto preventivo: otras mujeres se enteran de los modos de un agresor y logran evitarlo en sus propias vidas. Estas denuncias tienen un impacto social inconmensurable y por eso su libre expresión y el derecho a que denuncien libremente debe ser protegido. 

Estas denuncias también suelen conllevar graves consecuencias en las vidas de las denunciantes: muchas se ven en obligación de dejar sus trabajos para dedicarse a los trámites legales, otras quedan vedadas en su gremio por “problemáticas”, son rechazadas por familia y amigos y casi todas presentan cuadros de depresión y ansiedad, entre otros problemas de salud. Con frecuencia las víctimas no tienen pruebas tangibles de la violencia sexual, especialmente si esta no estuvo acompañada de violencia física,  porque los agresores buscan la manera de infligir la violencia cuando nadie más está mirando. Cuentan con que, enfrentadas su palabra y la de la víctima, la gente les creerá a ellos, como suele ser el caso. Cuando las mujeres denuncian, la sociedad las revictimiza, ponen su palabra en duda, atacan su moral sexual, y se ponen del lado del agresor, aun sin conocerlo (un fenómeno que la filósofa Kate Manne ha llamado “himpathy”). 

Hemos visto, una y otra vez, cómo agresores aprovechan estas circunstancias para demandar, injustamente, a las denunciantes y a las periodistas que contamos sus historias, por el delito de injuria y calumnia. Ante esta situación, las denunciantes se ven obligadas a probar su palabra en los estrados, algo muy difícil por todas las razones expuestas arriba, aunque no imposible. Algunas víctimas, especialmente las que han vivido abusos sistemáticos, logran recoger pruebas que confirman el abuso sexual. Sin embargo, estos esfuerzos se hacen totalmente inútiles ante una normativa como el numeral 2 del artículo 224 de la Ley 599 de 2000. La gran mayoría de acosos y violencias sexuales ocurre en espacios privados, en donde deberíamos sentirnos seguras. Con mucha frecuencia los agresores son personas conocidas: jefes, compañeros de trabajo, parejas o ex parejas, e incluso miembros de nuestras familias como abuelos, padres, tíos y otros. Dicha normativa podría interpretarse a favor de los agresores, quienes podrían argumentar que las pruebas que presentan las víctimas revelan “conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia”, y entonces no podrían ser admisibles. 

Esta normativa también nos deja a las víctimas de acoso judicial totalmente desprotegidas pues, si llegamos a tener las pruebas, no podríamos utilizarlas para probar que nuestras afirmaciones no son injuria, ni calumnia, y en cambio son verdades necesarias para generar los cambios culturales urgentes para que mujeres y niñas podamos vivir vidas libres de violencia. Es por esto que respetuosamente le pedimos a la Corte sacar el artículo 224 de la Ley 599 de 200 del código penal, por ser inconstitucional.

Finalmente la Sala Plena de la Corte dijo que la medida demandada en efecto es “desproporcionada y afecta el ejercicio de la libertad de expresión”, que “desconoce que los asuntos de género y violencia sexual contra las mujeres son de interés público y, por lo tanto, cuentan con una protección reforzada por su importancia para el ejercicio de los derechos de las víctimas y para el funcionamiento de la democracia” y determinó que la “excepción de veracidad” (la posibilidad de probar los hechos denunciados) aplicará solo en los casos en que la denuncia sea de interés público, como delitos de violencia de género, y exista consentimiento de la víctima para difundir la información. 

“En efecto, tratándose de denuncias de violencia de género contra la mujer, la divulgación de ellas a través de los distintos medios de comunicación es un discurso protegido por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión (…) Lo anterior, porque tiene un efecto una censura indirecta (sic) de la publicación de estos asuntos, puesto que se prefiere no expresarlos al no contar con esta herramienta de defensa. Todo ello genera un efecto silenciamiento (sic) que perpetúa conductas normalizadas de acoso o de violencia contra la mujer”, agregó la Corte”.

Celebramos este avance para las víctimas y quienes denunciamos estas violencias, pero coincidimos con El Veinte y la magistrada Natalia Ángel, quien salvó parcialmente su voto al considerar que la Corte debió tumbar la norma demandada por completo y no solo condicionarla a algunos casos.  Las mujeres y víctimas de violencia sexual deben tener derecho a defenderse SIEMPRE.

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