El apoyo hacia las familias y los sobrevivientes de Ayotzinapa ha cruzado el territorio nacional.
En septiembre de 2015, más de 250 organizaciones y universidades del mundo respaldaron el primer informe del GIEI, en el que se señalaron las irregularidades de la ‘verdad histórica’. Algunas asociaciones también han expresado su solidaridad con ayuda económica o en especie para que las madres y los padres de los normalistas puedan cubrir los gastos para el acceso a la justicia (los traslados a Ciudad de México o las caravanas a otras partes de la República o países, por ejemplo).
En esta lucha por la verdad ha sido Tlachinollan. Centro de derechos humanos de La Montaña, con sede en Tlapa, Guerrero, la organización que se ha involucrado en el caso desde el principio y que se ha coordinado con el Centro Prodh. Así como se detalla en su sitio web, Tlachinollan nació por la necesidad de responder a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en “una región olvidada”: detenciones arbitrarias y agresiones físicas de la policía judicial contra comunidades indígenas, el exterminio durante la Guerra Sucia, abusos militares y controles territoriales (despojos y desplazamientos forzados) a manos del crimen organizado, el Estado o ambos.

En entrevista con Volcánicas, la coordinadora del área internacional de Centro Prodh, María Luisa Aguilar Rodríguez, contó que fueron las personas de Tlachinollan las que “llegaron directamente a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los primeros días”. El papel de esta organización fue fundamental para la comunicación con los estudiantes, la labor periodística y las demandas a las autoridades de todo el país. “En esos primeros días, la Federación decide no entrar al caso. Le dejó toda la responsabilidad al gobierno estatal y eso causó que hubiera muchos vacíos en la investigación (…) Uno de los temas centrales era la falta de información de quiénes eran las personas desaparecidas y cuántas eran. En realidad fueron los propios chavos de la Normal y la gente de enlace [como la de Tlachinollan] quienes hacen las primeras listas de personas desaparecidas. Inicialmente, se contaban 56 estudiantes desaparecidos”, relata Aguilar Rodríguez.
Vidulfo Rosales, hijo de campesinxs, abogado que se ha involucrado en la defensa de mujeres víctimas de violencia sexual por parte del Ejército y director de Tlachinollan, ha sido el representante legal de las familias de los normalistas desde septiembre de 2014. En una entrevista con la periodista Blanche Petrich (La Jornada), Rosales contó que aunque ya tenía experiencia en casos de desaparición forzada y represión, Ayotzinapa era muy particular. “Al llegar [a la Normal Rural] nos dimos cuenta de que enfrentábamos una situación que nos rebasaba […] Nada podía prepararnos para una cuestión como la del 26 de septiembre de 2014. Los primeros días todos pensamos que, con el tiempo, los compañeros no localizados se iban a ir reincorporando. Pero cuando encontraron sin vida a Julio César Mondragón Fontes nos sacudió mucho”, recordó.
La figura de Vidulfo Rosales también fue clave para que la prensa local e independiente denunciara los tratos “despóticos” y revictimizantes del Ministerio Público y las omisiones del Gobierno de Guerrero, entonces bajo la titularidad de Ángel Aguirre. Al igual que los normalistas, sus familiares, el GIEI y otras organizaciones que se han sumado al reclamo de justicia por el Caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales ha sido criminalizado por el gobierno, medios de comunicación y periodistas como Manuel López San Martín (ADN40, MVS Noticias y El Heraldo de México).
Durante una década, el abogado ha denunciado las negligencias en el caso y ha exigido respuestas a las autoridades, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien a mediados de marzo de 2024 cuestionó el profesionalismo de Rosales luego de las acciones directas en Palacio Nacional. “Imagínense si tenemos confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta de Palacio y lleva unos tiradores con piedras y al mismo tiempo dice que quiere diálogo”, expresó el mandatario.
En la entrevista con Blanche Petrich, Vidulfo Rosales compartió que cuando se dio cuenta de la magnitud de la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, Tlachinollan pidió apoyo a Centro Prodh, Serepaz y Fundar. La alianza entre estas organizaciones se estableció en los primeros 7-8 días y, además de la recabación de información y acercamiento a los estudiantes y las familias de los 43, la prioridad era “definir la estrategia para buscar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, cuando se encontraron las primeras fosas en las zonas aledañas de Iguala, estaba la necesidad de buscar asistencia técnica e independiente”, narra Aguilar Rodríguez.
A lo largo de 10 años, las organizaciones defensoras de derechos humanos han formado parte de la lucha por Ayotzinapa con el acompañamiento y asesoramiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, la reconstrucción de los hechos de la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 (por ejemplo a través de la Plataforma Ayotzinapa), pronunciamientos frente al (no) actuar estatal, actualizaciones periodísticas, explicaciones de los informes del GIEI y la dignificación de las historias con fichas biográficas o micrositios.
