mayo 16, 2022

¿Justicia ambiental en las propuestas de gobierno?

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He leído con interés los programas de gobierno de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt con la atención puesta en temas ambientales. Mi perspectiva de este tema es amplia. Más allá del necesario cuidado de la naturaleza como un fin en sí mismo, me interesa la protección a todo el entramado de derechos ambientales que tenemos como ciudadanía. Hoy estamos viviendo crisis ambientales sin precedentes: el aumento de la temperatura global del planeta, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas amenazan las condiciones de vida digna de las futuras generaciones. 

¿Cuál es el peso que los programas le dan a las crisis ambientales? ¿Sus propuestas están a la altura del reto de la necesidad de enfrentar la crisis climática con contundencia? ¿Encuentran soluciones a las crisis que mejoren las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía? ¿Las medidas que proponen responden a los contextos locales y son conducentes a lograr los objetivos ambientales? ¿Tienen en cuenta los derechos, formas de vida y narrativas de las comunidades que han cuidado los territorios? 

Sergio Fajardo (Centro Esperanza)

Su propuesta de programa de gobierno es detallada. Tiene capítulos específicos para temas ambientales, de transición energética, política mineroenergética y pueblos indígenas, entre otros. Los diagnósticos que expone tocan temas muy relevantes: el cambio climático, la deforestación, la biodiversidad y el ordenamiento en torno al agua. Es un trabajo juicioso y una buena base para la discusión.

Arranquemos por el tema climático. El programa diagnostica bien: los seres humanos somos los responsables y es imperativo que la temperatura no suba más de 1.5ºC. También acierta en afirmar que el mayor problema son las altas concentraciones de Gases Efecto Invernadero. Sin embargo, falla enmarcando la responsabilidad de Colombia frente a la crisis. Claro que aportamos mediante la deforestación, como bien lo señala: ¡no hay duda y hay que atacarla! Pero también somos un exportador muy importante de carbón y, en menor medida, de hidrocarburos. Es cierto, estos combustibles se queman en otro lado, pero el planeta es uno, y como dice el Papa, la casa es común. 

Hay una imprecisión en el programa que es importante: no hay que confundir la matriz energética con la matriz eléctrica. Sólo en la segunda, que se refiere sólo a la energía eléctrica, el uso de combustibles fósiles es minoritario: la primera, que corresponde a todo nuestro consumo energético, se basa principalmente en combustibles fósiles. 

Fajardo propone realizar transiciones justas a economías verdes y bajas en carbono “para la salida definitiva del carbón y el desescalamiento progresivo de las diferentes industrias de combustibles fósiles”. Sin embargo, este no es uno de los objetivos explícitos del capítulo que propone la transición energética. Y es que, aunque suene obvio, si la transición no es conducente a sustituir realmente los fósiles, no es útil climáticamente. Puede, eventualmente, servir para otras cosas. Por ejemplo, para aprovechar el potencial de las renovables (como las energías solares o eólicas) y de ahí atraer inversión y, eventualmente, generar algunos beneficios. O no: también puede generar nuevos conflictos sobre el territorio, como está ocurriendo en La Guajira con los inconsultos parques eólicos. 

La deforestación es un tema medular en la propuesta que desarrolla estrategias complementarias y útiles para combatirla, entre otras la formalización de territorios étnicos y campesinos, el control y la trazabilidad sobre la ganadería y sus productos, ejercicios serios de restauración, políticas de educación, entre otras. Aunque se menciona que detrás de los incendios de bosques hay intereses de acaparar baldíos, es muy importante darle más énfasis y fuerza a la lucha contra la impunidad y sacar a la luz todos los intereses que se benefician de esto, no sólo los ilegales, sino también los legales: no son sólo actores ilegales los que han sacado provecho con la quema de selvas, también los hay legales que  han promovido proyectos de biocombustibles, por ejemplo, o incluso, de minería: ¿Cuál es la postura de Fajardo sobre estos cambios del uso del suelo y los actores que se han lucrado?  Finalmente pienso que hay varias buenas políticas en el capítulo de deforestación que no deberían limitarse a los bosques, sino a todos los ecosistemas en Colombia, especialmente las educativas.

A lo largo de los textos es palpable un interés por involucrar a comunidades, ciudadanía y, especialmente, mujeres en distintas políticas y proyectos. Se resalta la importancia de los conocimientos indígenas, afros y de las comunidades locales, y se priorizan  estos pueblos en varias líneas de trabajo. También se reconoce la diversidad de las regiones y la necesidad de que las soluciones se adapten a ellas. Para lograrlo realmente, propongo una reflexión: ¿por qué el lenguaje sigue reproduciendo y privilegiando una mirada centralista y economicista de la naturaleza?: Riqueza y patrimonio natural, activos, bienes y servicios ambientales etc. Aunque estos términos suenen muy “neutrales”, no lo son para nada: reflejan una mirada del mundo supremamente antropocéntrica en la que la naturaleza está ahí para sacarle provecho. Para mucha gente en el país, especialmente las mujeres, su territorio significa mucho más que eso. El diálogo real comienza por la apertura epistemológica a otros sistemas de valores y saberes.

Aunque el tema está presente en el programa, la respuesta a la dramática situación de líderes sociales tiene que ser más fuerte. Aprobar Escazú es una muestra de voluntad política, pero en la práctica no resuelve mucho. Es necesario combatir la impunidad con mucha más contundencia y generar condiciones reales para que oponerse a proyectos y políticas no sea exponerse al exilio o un asesinato, tal como ocurre hoy. Esto implica reformar drásticamente las condiciones de participación y de licenciamiento de proyectos: ¿cómo puede autorizarse un proyecto si participar y estar en desacuerdo puede significar la muerte? Un ejemplo es el fracking: el gobierno nacional otorgó licencia ambiental para el primer proyecto piloto en Puerto Wilches, a pesar de que varias personas habían sido amenazadas, atacadas e incluso exiliadas por oponerse. 

Frente a los proyectos extractivos del subsuelo, la Corte Constitucional dijo que en Colombia no hay garantías para la participación. Esto es gravísimo: significa que se viola el principio democrático frente a proyectos de enorme alcance. Más allá de proponer que presentarán una ley para llenar este vacío: ¿cuál es la postura sobre la reivindicación de las entidades territoriales de tener más autonomía para definir el futuro de sus territorios? Este punto es importante en su programa, porque allí dice que sí habrá minería a gran escala.  

Y para terminar: los fondos. El programa señala que se aumentará el presupuesto para la gestión ambiental a través de un “Fondo Nacional Ambiental” con voz y voto de las ONG, sector privado, académico y comunidades étnicas. ¿De dónde vienen los fondos? ¿Cómo garantizar que actores privados no condicionen su destinación según sus intereses? Me parece peligroso… Si el tema ambiental es una prioridad, debe elevarse su presupuesto, por ejemplo por medio de la eliminación de algunos de los muchísimos beneficios en impuestos de los que disfrutan las empresas extractivas. No añadir bolsillos adicionales con una institucionalidad paralela. De igual manera, se dice que se incentivarán “todo tipo de instrumentos financieros verdes”. Es preocupante el “todo tipo”, dado que la mayoría se han usado para greenwashing: promover sistemas inefectivos de compensación para dar falsas sensaciones de mitigación. 

Gustavo Petro (Pacto Histórico)

Todo el programa le da mucha importancia al tema ambiental. Desde la introducción se incluyen los territorios y la naturaleza, la justicia ambiental y climática, así como otros paradigmas, como el de “vivir sabroso”, distinto al concepto de desarrollo basado en el crecimiento. Hay un fuerte énfasis en la necesidad de transitar, de hacer cambios profundos. A lo largo del programa se percibe un compromiso con un discurso nuevo de aproximación a la naturaleza, con conceptos como “bienes comunes”, en vez de recursos naturales, y un reconocimiento protagónico a las formas de manejo y conocimiento de pueblos y comunidades: la agroecología y los acueductos comunitarios, o el rol de las mujeres como guardianas del territorio.  Sobre esta apuesta política, muy sintonizada con reivindicaciones de movimientos ambientales y étnicos, hace aún falta un esfuerzo grande en la concreción de estas ideas. Aún son postulados generales que, por lo novedosos, hay que llenar de contenidos más precisos y de discusiones.

La urgencia de enfrentar la crisis climática parece estar muy clara, así como la necesidad de anteponer la protección de la vida y la orientación de que en función de ella (y no del crecimiento) se tomen las decisiones: “estableceremos una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, donde prime la defensa de la vida por encima de los intereses del capital económico”. Hay una apuesta por el “desescalamiento gradual del modelo extractivista” con medidas muy concretas como la prohibición del fracking, y en general de la explotación de todos los yacimientos no convencionales y costa afuera. Además, que no habrá nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos y no habrá minería a cielo abierto.

En su programa se acogen nuevas formas de producción de energía renovables como las solares, eólicas y el hidrógeno (en ocasiones no está claro el color: recordemos que el azul y gris se obtienen con combustibles fósiles… y el verde también se nutre de ellos en etapas de su ciclo de producción). Sin embargo, no son todavía claros los criterios para prevenir y enfrentar los conflictos territoriales que puedan causar: la producción de energía, aunque renovable, necesita grandes extensiones territoriales de materiales e ingentes cantidades de energía. En el caso de las eólicas en La Guajira, el programa afirma que se producirán en copropiedad con las comunidades wayúu: ¿ya les preguntaron si están de acuerdo? ¿Cómo garantizan que no se repliquen las malas prácticas del extractivismo en las renovables y en la extracción de “minerales para la transición”?

Algunas dudas frente a la participación de las comunidades en los proyectos: se dice que se respetarán las consultas populares, a propósito de los proyectos extractivos. Sin embargo, en este momento las consultas de este tipo no tienen piso jurídico por decisiones de la Corte Constitucional. ¿Quiere decir que se revivirán las consultas para estos fines? ¿Podrán los municipios volver a votar en contra de la minería? ¿Se respetarán las decisiones de las entidades territoriales sobre su territorio o habrá límites a esta autonomía? ¿Cuáles?  Frente a los líderes y defensores del territorio, el programa indica que se investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales, pero hacen falta medidas claras para combatir la impunidad.

El programa destaca que se aumentarán los recursos ambientales de los fondos de regalías y de la  eliminación de beneficios tributarios al carbón, los hidrocarburos e hidroeléctricas. En el ámbito internacional, promete el liderazgo colombiano en la lucha climática y la recaudación de fondos por “dividendos de absorción de con carbono” y por “compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo”. Esto es bastante novedoso e interesante. Hasta ahora, las compensaciones son un juego de suma cero: se emite en un lugar del mundo y se “compensa” en otro, por ejemplo un bosque que absorbe CO2. La idea de este programa es que se compense la no-quema de estos combustibles. Esto implicaría un esfuerzo de persuasión muy interesante a nivel internacional.  

Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia)

Este programa le da muy poca importancia al tema ambiental. Le dedican un par de menciones aquí y allá, y un capítulo corto casi al final: para el candidato, el ambiente no debe ser un obstáculo para el crecimiento económico, ni para seguir explotando carbón e hidrocarburos, incluso por medio del fracking. Dentro de las nuevas fuentes de energía que se promoverían, se incluyen  dos tipos de  hidrógeno que necesitan combustibles fósiles y que generan altas emisiones: el gris y el azul. El primero se genera a partir de gas y carbón y el segundo también, pero se busca “capturar” las emisiones por tecnologías que todavía no han mostrado efectividad. 

Hay una comprensión limitada sobre la crisis climática y sus causas. El programa indica que convertirán “al sector petrolero en el motor de la transición energética. El enemigo es el cambio climático y el carbono, no el petróleo”. Esto es erróneo: el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, e incluso la misma Agencia Internacional de la Energía, de la entraña de la industria fósil, han reconocido que la quema de combustibles fósiles suma al calentamiento. El problema, entonces, sí es el petróleo y enfrentar la crisis pasa por entender este punto.

Como en el programa de Fajardo, se confunde la matriz energética con la matriz eléctrica, con lo que se genera la falsa idea de que el consumo energético colombiano (no solo el eléctrico) es limpio, lo cual no es verdad. El eléctrico proviene en gran medida de la energía hidráulica, pero el consumo eléctrico es apenas una fracción de todo el consumo energético, que proviene en su mayoría de combustibles fósiles. En el programa, se promueven energías limpias para uso doméstico y comercial, así como “redes inteligentes” que repercutirán en eficiencia y ahorro. Sin embargo, si esto no conduce a reemplazar los combustibles fósiles, estaríamos hablando de una “transición sin transición”, como está ocurriendo con el gobierno actual.

La primera propuesta ambiental es “convertir a Colombia en el país más atractivo de proyectos de deforestación evitada y captura de carbono”. Me parece que la primera solución ambiental al país no debería ser una solución del mercado, sino una política pública integral. Hasta ahora, en términos netos, estos mecanismos no han funcionado ni para evitar la deforestación, ni para mitigar la crisis climática. Ambos fenómenos siguen creciendo a una velocidad espeluznante y todo indica que las soluciones deben ser transformaciones políticas, económicas  y culturales de fondo. Incluso hay cuestionamientos sobre proyectos concretos de compensación de emisiones, dado que no están sirviendo para este propósito, sino para aligerar la carga tributaria de las empresas contaminantes. 

Según el programa, se reducirá la deforestación a la mitad en 2030. Para lograrlo, se trazan unas líneas importantes de acción como la formalización de tierras y la “vinculación de comunidades locales en la estrategia de restauración, control territorial y uso en actividades legales”. Es necesario darles más contenido a estas propuestas y vincularlas con una lucha contra la impunidad de los responsables y beneficiarios directos e indirectos, legales e ilegales, de la deforestación en el país.

Se enuncian otras medidas como proteger 12 cuencas abastecedoras de agua (no dice cuáles ni cómo se escogen), sembrar 400 mil hectáreas de árboles que son pertinentes (pero no necesariamente suficientes para los retos ambientales que vivimos). Es interesante la propuesta sobre las ciudades responsables con muchos más árboles, movilidad eléctrica e infraestructura para peatones y ciclistas. También hay una intención de proteger a los animales callejeros: no olvidemos que Colombia no hay sólo gatos y perros: vivimos en uno de los países más biodiversos del mundo y muchísimas especies sufren la destrucción y degradación de los ecosistemas.

Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción)

Este programa no revela mucha preocupación por las crisis ambientales que vivimos. El tema climático pasa más bien de agache, con la idea de que “en el país el problema de generación de CO2 no es tan grave” y que, en consecuencia, hay que centrarse en la deforestación. Con esta lógica, parece que hay que eliminar la independencia de la industria extractivista, pero sólo en el largo plazo y sin metas ni una intención real concreta en el corto y el mediano. Sabemos, sin embargo, que la actuación mundial climática debe ser mucho más veloz y que Colombia contribuye no sólo por medio de la deforestación, sino también con la exportación de carbón, tal como lo reconoce el programa: ”Colombia es el quinto exportador mundial”. Con todo, se prioriza el cuidado del agua y sus fuentes “incluso por encima de los procesos económicos, tales como la explotación minera y de hidrocarburos”.

Entre los objetivos ambientales está, además ajustar la normatividad penal ambiental, fortalecer las autoridades ambientales, subir los estándares a las multinacionales mineras y ratificar acuerdos internacionales, entre ellos el de Escazú. Todas son medidas pertinentes, pero sin suficiente desarrollo para discutir. Muchas problemáticas ambientales y su relación con los derechos, la justicia y la igualdad, quedaron por fuera.

Ingrid Betancourt

El tema ambiental se toca de manera escueta en el programa de Ingrid Betancourt. Hubiera sido muy interesante que lo integrara a su bandera principal: la corrupción. Allí hay una veta interesante para desarrollar el concepto de responsabilidad por los pasivos ambientales causados por empresas y funcionarios inescrupulosos y que, en la práctica, son una forma de desfalco a todo el país. 

En algunas políticas sectoriales, se menciona el tema ambiental. Por ejemplo, se propone la agricultura local y verde como una forma de disminuir la huella de carbono, pero también de fortalecer la identidad, darles oportunidades a los jóvenes y cosechar alimentos sanos. En la política antidrogas, promueve los Pagos por Servicios Ambientales como una alternativa para los campesinos. 

Sin embargo, el tema climático no preocupa especialmente a la candidata. Propone trabajar arduamente en la primera infancia para que las personas entre 0 y 5 años se conviertan en adultos exitosos enfrentando el cambio climático. Esta es la única  vez que aparece explícitamente el término “cambio climático” en toda la propuesta  con lo que se da a entender que será esta nueva generación la que tenga que hacerse cargo de la crisis en unos veinte o treinta años. La ciencia, sin embargo, nos ha dicho que si no es ahora, en el futuro la lucha ya no será preventiva, sino para sobrevivir. 

La transición energética tampoco tiene un peso importante en la propuesta. Se asgura que no se realizará reforma tributaria, pero que una fuente importante de ingresos será el petróleo dado el aumento de precios, con lo que se descarta la disminución gradual de su producción. Bajo el título “100% energía renovable” sólo aparecen dos propuestas: la implementación de proyectos eólicos costa afuera y la conversión de la movilidad a eléctrica, tanto pública como privada. Ambas pueden ser medidas pertinentes, pero por sí solas no constituyen una política efectiva de transición energética justa y responsable. 

Ingrid señala con claridad que no habrá fracking en su gobierno, pero deja una duda sobre la minería frente a la que se propone “aumentar la imágen positiva”. No dice cómo lo piensa lograr, de manera que no es posible inferir si eliminará la minería a gran escala que tiene una imagen muy negativa (por ejemplo la de metálicos a cielo abierto) o si contribuirá a mecanismos que les ayuden a limpiar su imagen. Por la formulación, pareciera inclinarse por la segunda. 

En otros temas ambientales, las propuestas tampoco obedecen a un análisis serio de contexto, ni son suficientemente integrales para consolidar una política pública que logre objetivos necesarios para enfrentar las crisis que vivimos. El programa contiene un capítulo llamado “reforestación” que se basa en varias medidas que ,realizadas de manera aislada, han demostrado ser insuficientes como  el pago por servicios ambientales, el trabajo de la fuerza pública y las sanciones a funcionarios que den licencias u otorguen certificaciones a actividades como la ganadería y la minería. Recordemos, sin embargo, que gran parte de estas actividades se desarrollan en la región de manera ilegal. Es interesante, sin embargo, la inclusión de la garantía a los derechos territoriales étnicos como una forma de proteger y conservar la naturaleza. 

Como Fajardo, Ingrid incluye medidas ambientales que son pertinentes para todo el país y todos los ecosistemas dentro del tema de deforestación. En este caso, por ejemplo, la ratificación del Acuerdo de Escazú. El programa afirma que el asesinato de líderes ambientales es un saldo de “la interacción entre la deforestación y las economías ilícitas”: un análisis bastante superficial del problema. 

El agua también cuenta con un acápite especial y las cuatro medidas que ofrece no van a resolver los problemas que tenemos. Se enfocan en un “servicio militar optativo” para que hombres y mujeres protejan fuentes hídricas, y en medidas del mercado: proyectos de inversión, pagos por servicios ambientales y un mercado de permisos transables de contaminación. En suma, un desplazamiento de las acciones a actores privados y un bajísimo compromiso por parte del mismo gobierno en tomar activamente la responsabilidad de resolver los problemas asociados al agua que vivimos y que se agudizan con la crisis climática. 

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Autor

  • Abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad de la Javeriana. Ha sido investigadora de justicia ambiental y climática. Actualmente es coordinadora del programa socioambiental en la Fundación Heinrich Böll.

Comentarios

One thought on “¿Justicia ambiental en las propuestas de gobierno?

  1. Una síntesis clara y muy oportuna que pone al alcance de todas las personas un crucial asunto programático, que debiera ser el eje principal de un gobierno de transición dada la crisis ambiental que urge un cambio radical.

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