Una brevísima mirada a por qué en Guerrero la impunidad en los delitos de desaparición es del 100%
No pasó ni una semana de los hechos de Iguala, cuando el alcalde José Luis Abarca pidió licencia de su cargo y se fugó. Paralelamente, las organizaciones de derechos humanos que acompañaban y asesoraban a las familias recibían tratos déspotas y revictimizantes de autoridades locales como el Ministerio Público.
Por documentos como Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa (2018) se sabe que las primeras acciones de búsqueda fueron realizadas de manera independiente por las madres y los padres de los normalistas y que instituciones como el Servicio Médico Forense de Iguala les expusieron a eventos altamente traumáticos.
A los dos meses de los hechos, los policías que acudían con ellxs a las jornadas de búsqueda no entraban a lugares en donde podían hallarse los estudiantes y tampoco les proveían equipos como chalecos antibalas. Fue desde este primer periodo que las familias sintieron desconfianza
“Cuando desaparecieron los estudiantes hubo actos muy fuertes de violencia institucional y de autoridades que en ese entonces estaban gobernando [Guerrero]” comenta con Volcánicas la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, al momento de recuperar algunos de los apuntes del informe “Un trato de indolencia”. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México (2016).
En el caso concreto de Ayotzinapa, desde hace una década, Amnistía Internacional ha señalado que las irregularidades empezaron con el proceder local, como también notó el GIEI en su primer informe (presentado el 6 de septiembre de 2015): no se resguardaron las escenas del crimen, no se tomaron fotos del color de los cadáveres ni se establecieron ubicaciones clave, tampoco se hicieron moldes de yeso de las marcas o huellas de neumáticos ni calzado; no se procesaron prendas de vestir y la evidencia fue mal procesada.
Otra de las grandes negligencias que encontró Amnistía Internacional en el actuar de las autoridades guerrerenses fue que no se aplicó el Protocolo de Minnesota (1991) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una omisión que resulta particularmente grave dado que se reportaron seis ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, también en conversación con Volcánicas, Luisa Aguilar Rodríguez (Centro Prodh), agrega que, en un inicio, el estado de Guerrero se centró únicamente en investigar los asesinatos y en dar una explicación revictimizante sobre las 43 desapariciones. “Fue mucho en la lógica de la visión que tienen las instituciones [sobre la desaparición] y decir: “lo que están haciendo los jóvenes es esconderse para aumentar la dimensión de lo que está pasando”, apunta antes de recordar que las autoridades de Guerrero intentaron atribuirse el haber hecho y compartido la lista con los nombres de los estudiantes, cuando esto fue una labor del Comité Estudiantil de la Normal y Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña.