Perito independiente que reconoció la centralidad de las víctimas
A solicitud de las familias de Ayotzinapa y sus representantes legales (Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro Prodh), el 3 de octubre de 2014, día en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los hechos en Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la adopción de medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos.
El 18 de noviembre de 2014 firmó un acuerdo con lxs representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano para proporcionar asistencia técnica en la búsqueda de los normalistas. Meses después, a finales de enero de 2015, la CIDH anunció la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con la designación de Claudia Paz y Paz (primera mujer que fue fiscal en la historia de Guatemala); Ángela Buitrago (actual ministra de Justicia y del Derecho en Colombia); Carlos Martín Beristain (investigador de violaciones derechos humanos en América Latina); Francisco Cox (penalista chileno) y Alejandro Valencia Villa (excolaborador de las comisiones de la verdad en Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala).
Entre marzo de 2015 y julio de 2023, el GIEI elaboró seis informes. En la presentación del último, durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Tlatelolco, en CDMX, Ángela Buitrago y Martín Beristain subrayaron que no había condiciones para que pudieran seguir haciendo su trabajo, además de recordar que en las 43 desapariciones hay “distintos niveles de responsabilidad de las autoridades”.
Además de la asistencia técnica en la labor de búsqueda, el rol del GIEI fue “realizar una labor de supervisión internacional en la investigación”, como resumieron Miguel Álvarez Gándara (presidente de Servicios y Asesoría para la Paz y mediador de los normalistas de Ayotzinapa desde 2011) y Santiago Aguirre Espinosa (representante jurídico de las familias de los 43 estudiantes y excoordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), quienes, a su vez, consideran que los aportes más sustantivos del GIEI fueron:
- Reconocimiento a la centralidad de las víctimas
- Reconstrucción de un evento criminal complejo a partir de la articulación de múltiples voces y evidencias
- Priorización de la evidencia científica
- Identificación de los entornos de macrocriminalidad
- Recomendaciones estructurales sobre el sistema de procuración de justicia en México que sirvieron de insumo para la discusión de la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones
- Construcción de una alternativa de supervisión internacional para revertir la impunidad