El Ejército lo sabe.
Manuel Vázquez Arellano, integrante del comité estudiantil de Ayotzinapa conocido como “Omar”, fue uno de los jóvenes que confirmó que “el Ejército sí participó” en la noche-madrugada de Iguala.
A lo largo de 10 años, la consigna “Fue el Ejército” ha englobado los señalamientos a la participación por acción u omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):
- Entre julio y agosto de 2014 al menos seis residentes de Apaxtla, Cuetzala, Cocula y Teloloapan, poblaciones cercanas a Iguala, enviaron correos al 27 Batallón de Infantería para denunciar la presencia de grupos criminales en la zona y la permisividad otorgada por agentes ministeriales, estatales o municipales. A la fecha, no se tiene conocimiento de si estas alertas fueron atendidas, pues el área de comunicación social de la Sedena no ha respondido cuestionarios periodísticos. “Estos correos respaldan los hallazgos del GIEI, que en varias ocasiones ha subrayado el amplio conocimiento que tenía el personal militar”, resumió el periodista Óscar López (A donde van los desaparecidos, The Guardian, The New York Times y The Washington Post)
- La noche-madrugada del 26-27 de septiembre de 2014 el capitán José Martínez Crespo fue uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que encabezó un patrullaje en las calles de Iguala, visitó la clínica privada “Cristina” (en donde estuvieron Édgar Andrés Vargas y Manuel Vázquez Arellano) y pasó por el cruce de las calles Juan Álvarez y Periférico, locaciones de los ataques.
Martínez Crespo fue el primer militar encarcelado por su presunto involucramiento en el Caso Ayotzinapa. El general y titular de la Sedena Luis Crescencio Sandoval envió a AMLO una carta fechada el 18 de enero de 2021 para abogar por Martínez Crespo, argumentando que la acusación en su contra sólo estaba basada en un testigo protegido y una narcomanta. Estos hallazgos forman parte de la investigación “#SedenaLeaks: La secreta “Operación Limpieza” del Ejército en el Caso Ayotzinapa”, de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- De acuerdo con correos hackeados por el colectivo Guacamaya, el Ejército Mexicano cuenta con un listado con los nombres de 43 militares que han declarado ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) sobre el Caso Ayotzinapa.
- El 26 de agosto de 2022, Alejandro Encinas, en presencia de AMLO, informó que el coronel José Rodríguez Pérez ordenó a los soldados asesinar a seis de los 43 estudiantes desaparecidos.
Semanas después, el 15 de septiembre, el funcionario de la Sedena fue detenido y a los pocos días se supo que solicitó un amparo, mismo que fue negado. En respuesta, el 23 de septiembre, el coronel Rodríguez dio una entrevista exclusiva a ADN40 desde la prisión militar en la que dio su versión de lo sucedido en Iguala, asegurando que el Ejército “siempre ha colaborado” con las familias de los normalistas y calificando de “vileza y cobardía” el señalamiento de Encinas.
Más allá de la duración (más de 20 minutos), la entrevista de ADN40 causó sospechosismo en periodistas y organizaciones civiles porque la Sedena no deja ingresar con cámaras a sus instalaciones, como recalcó la plataforma A dónde van los desaparecidos.
En esas mismas fechas abogados representantes de cuatro militares presos demandaron a Alejandro Encinas que dejara de “politizar, manipular e inventar evidencia para fabricar culpables” y dijeron que procederían por la vía penal. En este escenario, “fuentes de la FGR consultadas por Excélsior revelaron que funcionarios de la Comisión de la Verdad” eran investigados por filtrar información confidencial.
- En marzo de 2023, la organización National Security Archive (NSA), basada en documentos del colectivo Guacamaya Leaks, reveló que desde 2006 la Sedena vigilaba a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En un informe realizado por la 35 Zona Militar (en Chilpancingo) se señaló a la institución educativa como un semillero de grupos subversivos y antagónicos al gobierno. Los archivos también mostraron que el Ejército no hacía una diferencia sustancial entre el crimen organizado y los movimientos sociales de Guerrero. “Ambos son percibidos como un campo de conflicto para los militares. Aunque los criminales son categorizados como un “riesgo” y los activistas como un “reto”, ambos son analizados y visualizados exactamente de la misma manera: a través de mapas, líneas del tiempo, vínculos con otros grupos y perfiles individuales de líderes”, ahondó NSA.
- En junio de 2023, ocho elementos adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala (Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz) fueron detenidos e ingresados a la prisión del Campo Militar 1-A por presunta desaparición forzada y delincuencia organizada (colaboración con Guerreros Unidos) en el Caso Ayotzinapa.
Para entonces también ya estaban detenidos el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. En julio de ese mismo año se procedió con la detención de Rafael Hernández Nieto, uno de los altos mandos del 41 Batallón de Infantería de Iguala, en Puebla La FGR también lo señaló de presunta desaparición forzada y delincuencia organizada.
La detención de ocho militares sólo duró siete meses. En enero de 2024, Raquel Duarte Cedillo, jueza federal, argumentó que la prisión preventiva era una medida innecesaria, les impuso el pago de $100.000 pesos mexicanos como medida cautelar y dejó que siguieran su proceso en libertad, esto a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) e, incluso, la Guardia Nacional (GN) consideraron que había un alto riesgo de que los presuntos responsables se fugaran. Al respecto, AMLO dijo que podría haber estado motivada por el contexto electoral. “El Poder Judicial ya tomó partido; está a favor del bloque conservador. Nosotros vamos a impugnar esta decisión como lo hicimos en el caso del procurador [Jesús Murillo Karam], pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa”, sostuvo el mandatario.
- En su sexto y último informe, el GIEI resaltó que la Sedena tuvo “un control minucioso de la movilización de los jóvenes” hasta las 21:30 hrs del 26 de septiembre de 2014, antes de un “apagón informativo” y comunicó que “tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo” la noche de la desaparición de los normalistas.
- En abril de 2024, medios como Proceso reportaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó material a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y, en su lugar, resguardó los archivos en el Centro Militar de Comunicaciones (CMC). Según Proceso, la estrategia de ocultación de la Sedena también incluye un protocolo interno de lo que hay que responder a la CoVAJ.
- En estos 10 años, la Sedena también ha sido señalada por obstaculizar el derecho ciudadano a la información, argumentando que no tenía responsabilidad en atender a las solicitudes presentadas por particulares para acercarse a los hechos de Iguala. Esta respuesta fue refutada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), enfatizando que la institución se desempeña en funciones de seguridad pública.
- A las vulneraciones de los derechos humanos por parte de la Sedena en el Caso Ayotzinapa se suma el espionaje militar contra el Centro Prodh, como se documentó en el capítulo III de la investigación “Ejército Espía” de R3D.