Ago 19, 2021

Epa Colombia y el populismo punitivo

Por Paula Vargas

Llorando desesperadamente Epa Colombia pedía una segunda oportunidad: “Esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie, amiga. Yo cometí un error, pero no quiero ir a la cárcel. Yo genero empleo. De mí dependen miles de personas. Yo quiero cambiar. Seguir construyendo”.

Cinco años y tres meses de cárcel fue la condena que recibió del Tribunal Superior de Bogotá, por los hechos que ella misma filmó y publicó rompiendo una estación de Transmilenio en el 2019, en la ciudad de Bogotá. El tribunal concluyó que Epa era responsable por daño de bienes ajenos y por incitar a otros a cometer delitos, ojo a esto, “con fines terroristas”. Pero además de condenarla a estar encerrada en una cárcel, el Tribunal le impuso una multa millonaria y le prohibió, durante los mismos cinco años y tres meses, ejercer su trabajo como youtuber.

Esta condena rápidamente generó rechazo en redes sociales por ser exagerada e inequitativa. Y es que sí, en un país en donde estamos acostumbrados a ver que se roban la plata del Estado sin consecuencias, es injusto que condenen a Epa a cinco años y tres meses de encierro, a perder su empresa (en la que emplea a más de trescientas personas) y, además, a renunciar a su trabajo como influencer. Como quien dice, el Estado quiso hundir a Epa Colombia y por eso la condenó a perder todo por lo que ha trabajado en su vida.

Este caso deja claro todo lo que no funciona en nuestro sistema criminal: El Estado, en lugar de buscar responsabilizar a las personas por sus delitos, pedir que reparen los daños causados y que puedan resocializarse, lo que busca es destruir la vida de quienes han cometido delitos para mandar “mensajes” ejemplarizantes. Y mensajes ejemplarizantes que, por supuesto, interesan a los funcionarios de turno.

Pero el problema empieza con la manera en la que está pensado nuestro sistema criminal. Un sistema en donde la única alternativa que conocemos para castigar es a través de la cárcel. Un sistema que nos pone en el dilema de escoger entre el mal menor: dejar a las personas en libertad, como si nada hubiera pasado, o meterlas a la cárcel, con todos los costos que eso implica para la vida de la persona y los recursos del Estado.

Malo si sí, malo si no.

El caso de Epa Colombia es un claro ejemplo de este dilema. Las opciones que tenemos son: dejar sus acciones sin ninguna consecuencia, como muchos lo vienen pidiendo, o castigarla con la cárcel y la ruina. Pero estas dos opciones son igualmente problemáticas.

Eximir a las personas de su responsabilidad es mandar un mensaje equivocado: pueden cometer delitos sin consecuencias. Siempre y cuando seas lo suficientemente popular, le caigas bien al público o tengas una empresa grande, puedes delinquir en impunidad. Y pues no. En una sociedad democrática en dónde todos somos iguales, si cometes un delito tienes que ser responsable sin importar tu número de seguidores en redes sociales.

Por otro lado, la cárcel también es una opción exagerada e ineficiente. Privarla de su libertad implicaría recluirla en un sistema carcelario que no respeta los derechos humanos y que hoy sufre de una crisis por hacinamiento. De acuerdo al último informe entregado por el INPEC, el sistema carcelario en Colombia tiene una capacidad para 82.326 personas, y hoy están privadas de su libertad 96.882, lo cual claramente atenta contra la dignidad de los reos.

El profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, explicó que la razón por la que hoy el hacinamiento es una realidad en las cárceles colombianas, es por el populismo punitivo que nos hace pensar que la cárcel es la solución para todos nuestros problemas.

Pero, además, la cárcel ha demostrado ser ineficiente cuando se trata de evitar que las personas “aprendan la lección” y no vuelvan a cometer delitos. Según un informe de julio del 2021 del INPEC, el número de reincidentes detenidos en el país se ha duplicado en los dos últimos años. Para el 2021, el INPEC tenía 22,545 detenidos que ya tenían una historia de haber estado en la cárcel por otros delitos.

En un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, analizaron qué hacer con la reincidencia delincuencial. Este estudio planteó la pregunta sobre si la cárcel es la mejor opción para evitar la reincidencia y la respuesta, como se lo están imaginando, es que no. Por el contrario, el estudio establece que puede ser contraproducente porque las personas que entran a la cárcel profundizan su experiencia con la ilegalidad. Incluso el mismo Estado ha reconocido, a través de su documento CONPES 3828 de 2015, que las cárceles están lejos de generar un proceso para resocializar a los presos.

Si lo que se pretende con las cárceles es disuadir a las personas de cometer delitos, reestablecer la confianza en la justicia y evitar que el delincuente vuelva a violar la ley, pues están incumpliendo, como poco, la mayoría de sus finalidades. 

Pero entonces, si no es la libertad, ni tampoco la cárcel, ¿qué se puede hacer para responsabilizar a quienes han cometido delitos como Epa Colombia y evitar que los vuelvan a cometer?

La justicia restaurativa: Reparar y avanzar.

Muchos países, a raíz de la insatisfacción de un sistema carcelario tradicional, han buscado alternativas para responsabilizar a quienes cometen delitos y para reparar los daños que han causado. Estos nuevos modelos de responsabilidad penal se han llamado “modelos de justicia restaurativa” y se concentran más en reparar a las víctimas, que en castigar a quien delinquió.

Estos programas tienen diferentes modalidades, pero en términos generales consisten en entender el daño causado por el delito, las razones que lo motivaron, y conocer a la víctima afectada. Todo esto para poder plantear una sanción enfocada en reconocer responsabilidad y pagar la pena, pero no a partir del encierro, sino a partir de la reparación del daño causado. En este tipo de justicia es usual que exista un diálogo entre la víctima y el victimario para reestablecer el tejido social y generar compromisos de no repetición.

Además, estos procesos se acompañan de acciones para resocializar y evitar que las personas vuelvan a cometer delitos. Algunas de estas acciones incluyen, por ejemplo, programas para la inserción laboral, el acompañamiento para la reconstrucción del tejido familiar y la reintegración a espacios de convivencia.

Colombia no es del todo ajena a la justicia restaurativa. Desde el 2016 inició el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa que le permite a jóvenes que hayan delinquido terminar su proceso penal haciendo uso de este mecanismo. Pero la aplicación de esta alternativa es aún muy limitada y, por ejemplo, para el caso de los adultos, aún no se aplica.

Epa Colombia una víctima del populismo judicial

Las cárceles son ineficientes, costosas, crueles y, sin embargo, su ocupación está a reventar. Además, el Congreso colombiano parece crear cada vez más leyes que castigan nuevos delitos con cárcel, o que aumentan las penas de los delitos que ya existen. Porque sí, en el sistema penitenciario colombiano lo último que pareciera importar es alcanzar una justicia que responsabilice, repare y resocialice a las personas. Nuestro sistema penal, lejos de servir a estos propósitos, ha sido utilizado como una herramienta populista que los funcionarios de turno han manipulado para mandar mensajes a su conveniencia.

Epa Colombia fue víctima de este sistema. Su sentencia fue decidida en un contexto de revuelo social en donde al Fiscal y a los jueces les interesaba mandar un mensaje claro a quienes están protestando en las calles. La condena que le impuso el Estado no buscaba llevarla a reconocer su responsabilidad y a reparar los daños que causó. La condena buscaba hundirla. Encerrarla. Callarla. Dejarla sin ningún sustento económico y utilizar su condena como ejemplo.

No se trata de pedir que Epa no se haga responsable por el delito que cometió, se trata de pedir una condena más humana que igual cumpla con su propósito de alcanzar justicia, sin destruirla a ella. Y para eso tenemos que dejar de pensar en la cárcel como la solución para todo. Tenemos que empezar a imaginar una justicia que permita la resocialización de quienes han cometido delitos. Una justicia que construya. Una Justicia que pudiera permitirle a Epa reconocer su delito, reparar a la sociedad y, a su vez, seguir construyendo un proyecto de vida que la beneficia a ella y a tantas personas que hoy trabajan en su empresa.

Se trata también de pedir que la justicia nos toque a todos por igual, sin importar la tendencia política del gobierno o fiscal de turno. Que nos toque a todos por igual sin importar la clase social de la que vengamos, o si somos hombres o mujeres, o si somos blancos o negros. Porque cuando la eficiencia del estado para perseguir y condenar delincuentes solamente aplica para algunas personas, usualmente las más vulnerables, estigmatizadas y empobrecidas, entonces toda la legitimidad del sistema se derrumba. 

Por ejemplo, mientras que a Epa la condenaron a la cárcel en tiempo record, el mismo Tribunal dejó en libertad a Gustavo Palacino, un tipo que le tumbó al Estado 14.000 millones de pesos de recursos de la salud, poniéndole como única restricción no poder salir del país.

Mientras que a Epa la condenaron por “incitar al terrorismo,” por haber roto las puertas de un Transmilenio con un Martillo, a Andrés Escobar, que le disparó a los marchantes en Cali, no le han dictado medida de aseguramiento y sigue feliz subiendo fotos de sus vacaciones en la playa.

El presunto asesino de Adriana Aponte, una mujer a la que encontraron desmembrada en una bolsa, está hoy libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos de su proceso.

Según el Fiscal Barbosa, la sentencia a Epa Colombia “manda un buen mensaje al país”. Estoy de acuerdo. El mensaje es claro: el sistema penal como lo conocemos no funciona y lo tenemos que cambiar. Cambiarlo por uno que logre la justicia construyendo y no destruyendo; que no pueda manipularse al antojo de los funcionarios de turno; que no sea revictimizante, clasista y machista; que nos juzgue a todos por igual, y para bien.

Abogada feminista de la Universidad de los Andes con maestría en derechos humanos de Northwesten University de Chiacago. Paula ha dedicado su vida profesional a trabajar por los derechos humanos desde organizaciones no gubernamentales y desde el sector público. Su carrera profesional empezó trabajando por los derechos sexuales y reproductivos, principalmente en proyectos de investigación para entender las barreras que tienen las mujeres para acceder a un aborto legal y seguro. Luego de la firma del Acuerdo Paz, Paula se enfocó en trabajar por la implementación del Acuerdo con diferentes actores del conflicto armado, como agentes del Estado, víctimas y ex combatientes de las FARC.

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