En Ecuador, la justicia tarda -o no llega- para las infancias sobrevivientes de violencia sexual

“Voy a seguir denunciando, voy a seguir trabajando por las madres, por las víctimas de violación”, asegura la ecuatoriana Betty Soria, de 35 años, a Volcánicas. Este 6 de diciembre se enfrentará a un juicio donde la amenazan con hasta siete años de cárcel. El vía crucis de esta psicóloga clínica se inició a finales de 2020 cuando alertó de un posible caso de violencia sexual: un padre habría agredido a su hija desde los 4 hasta los 7 años. Hoy, la justicia la tiene en la mira por supuesta falsificación de documentos, mientras la pequeña Sandra* no ha obtenido reparación. 

¿Cómo opera el sistema judicial en Ecuador cuando se trata de proteger y reparar a menores de edad sobrevivientes de violencia sexual? Hasta el 5 de noviembre de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró diariamente, en promedio, al menos 26 “noticias de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes”. 

Betty atendió a Sandra por primera vez a mediados de 2019 en el Hospital General Monte Sinaí, en la ciudad costera de Guayaquil. La niña, de nueve años, llegó junto a su madre, que disputaba su custodia. La psicóloga y la pequeña se reencontraron en 2020 cuando, angustiada por la posibilidad de perder a su mamá durante la pandemia por coronavirus, volvió a terapia. Insistía en que tenía que “contar algo”. 

Tras un mes de sesiones, Sandra pudo verbalizarlo. Su papá había abusado sexualmente de ella. Betty, acorde al protocolo, trató de reportar el testimonio al departamento jurídico del hospital, área que en el pico de la emergencia sanitaria estaba desmantelada. Entonces la madre de Sandra pidió el informe a la psicóloga. “Yo no veo problema en entregárselo porque es la tutora, la representante legal”, enfatiza ella. La mamá incluyó el análisis en el proceso de patria potestad y así impedir la cercanía del presunto agresor. Aunque la Fiscalía arrancó una indagación por abuso sexual, tres años después, no hay avances. 

En cambio, la psicóloga sí irá a los tribunales este 6 de diciembre, luego de que en octubre de 2020 el hospital entregara la historia clínica de la menor a la defensa del papá de Sandra, a pesar de que se atentó contra la ley que describe este documento como confidencial. Al incluirlo en el litigio, pasó a ser público y se vulneró su derecho a la intimidad.

Antonio Gagliardo, ex fiscal del Guayas y ex juez de la Corte Constitucional, patrocina la acusación de “supuesto delito de falsificación y uso de documento falso”, en contra de Betty y la madre de Sandra. Cuando logró que ambas fueran procesadas, el abogado tuiteó: “conseguimos que una madre y psicóloga sean llamadas a juicio por informes psicológicos falsos para perjudicar a un padre para que no pueda ver a su hija. Estas prácticas inhumanas deben terminar y que este caso sirva de ejemplo a quienes abusan del derecho o piensan hacerlo” (sic). Sin embargo, de acuerdo a la versión de Betty, hay pruebas de que la documentación que quieren usar en su contra ha sido alterada. Por ejemplo, menciona que existen tres versiones de la historia clínica de la menor. 

La Constitución ecuatoriana determina que niñez y adolescencia integran grupos de atención prioritaria, pero para que un proceso por violencia sexual llegue a un juicio pueden pasar dos años, o más. En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró en Ecuador 11882 “noticias de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes”. Entre enero y el 5 de noviembre de 2023, 8337. Al comparar la estadística con la del Consejo de la Judicatura, en 2022, 5287 (44, 5%) casos se han resuelto; y entre enero y octubre de 2023, son 4023 (48 %). No se indica cuántos obtuvieron una sentencia. 

Alejandro Baño, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, añade que “hay que apegarse a los plazos previstos por el Código Orgánico Integral Penal. Cuando se trata de investigaciones con una pena superior a cinco años, la indagación previa puede tomar hasta dos años”. El de Sandra, a pesar de haberse denunciado en 2020, sigue en esa instancia. El funcionario reconoce que existe un déficit de cientos de fiscales para agilizar los trámites. “No existe un viso de que la situación vaya a mejorar. No se podrán hacer contrataciones hasta el siguiente año. Entonces, a la par, en una fiscalía de violencia de género tenemos mujeres violentadas psicológica, física y sexualmente, niñez y adolescentes violentados sexualmente, y fiscales con miles de causas. Esto genera una barrera estructural y por eso se tienen ciertas limitaciones en el momento de la judicialización”. 

A pesar del principio de prioridad, mientras los procesos se traban e incluso se desestiman por la demora, quienes los exponen se someten a que el mismo sistema judicial sea utilizado en su contra. 

En mayo de 2017, Ramiro*, de seis años, llegó a casa retraído, “raro”, luego de un fin de semana en Guayaquil con su papá*. Al conversar con su mamá, le confesó que él le había pegado. Cuando ella quiso denunciar, un médico legista lo chequeó y concluyó que no había huellas de violencia. Las huellas no eran visibles. 

La mañana siguiente, cuando Ramiro se sentó a desayunar dijo sentirse adolorido. Tenía molestias en sus partes íntimas. Andrea, su madre, lo revisó, pero no encontró nada, supuso que era por los golpes recibidos el fin de semana. Al compartir lo que estaba pasando con una amiga que trabajaba en Unicef, ella la alertó de que “ese dolor no es normal” y la redirigió a una psicóloga experta en abuso infantil. Luego de tres consultas, la terapeuta le entregó el reporte donde se explicitó que el padre de Ramiro abusó de él. 

“Yo aspiraba que el Ecuador protegiera a mi hijo”, se lamenta Andrea. Pero no pasó. Con el informe psicológico, puso la denuncia en la Fiscalía. Dos meses después, en julio, el niño testificó en la cámara de Gesell lo que había pasado. Todo este trámite se desarrollaba en Quito, donde ellos viven; pero, como el abuso se habría producido en Guayaquil, donde el papá está radicado, la Fiscalía trasladó allá la denuncia: “Ahí comenzó el horror de los horrores”, dice Andrea.

Un año después, la fiscal Yarilda Arteaga solicitó a la jueza el archivo del proceso  por ausencia de elementos para formalizar la acusación. Por su parte, las autoridades judiciales calificaron la denuncia “de maliciosa y temeraria”, agregando “que se ha atentado contra el honor y el buen nombre de un padre y afectado la relación familiar”. Acusan a Andrea de “haber afectado a la administración de justicia y hacerla incurrir en error” por haber iniciado el proceso en dos ciudades diferentes, considerando que esa fue responsabilidad de la propia Fiscalía. Al buscar en Google, el nombre de Arteaga aparece en un caso en el que ella intervino y no se acusó “por falta de pruebas” a un sospechoso de femicidio que, en libertad, volvió a asesinar a otra mujer. También, un grupo de madres y padres de víctimas de abuso sexual cometido en un colegio la culpó de revictimización y de llevar la investigación lentamente. 

La jueza dispuso un proceso de revinculación de Ramiro con su padre y terapia psicológica. A pesar de las negativas del niño, la psicóloga encargada insistía en que debían reencontrarse. Según Andrea, él decía “yo no quiero ver a mi papá, porque él me hizo daño”, a lo que la interventora respondía “pero los jueces no te creyeron”. 

A finales de 2021 se dio un primer intento de reunión virtual. Ese día Andrea no estuvo en la casa, pero sí su hijo mayor. En palabras de ella, al darse la conexión, Ramiro empezó a autolesionarse, gritaba, se golpeaba contra las paredes. Entonces la psicóloga detuvo ese acercamiento. Acto seguido, envió un correo electrónico a Andrea recomendando estar pendiente de si el niño tenía pesadillas o se orinaba encima… En enero de 2022, la psicóloga anunció que la próximo juntada sería presencial. Todavía no ha pasado. 

En el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE) aparecen más de 20 procesos en contra de Andrea, entre los que se cuentan la denuncia maliciosa y temeraria, y una por daño moral cuantificada en tres millones de dólares. La defensa del papá de Ramiro no reparó en intimidar a la psicóloga que escribió el informe sobre las señales de violencia sexual.

Existen directrices específicas que sirven como protocolo para los administradores de justicia para la prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; así como para la no revictimización; no obstante, el Director de Derechos Humanos de la Fiscalía admite que la falta de articulación entre los distintos entes implicados -fiscales, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y Consejo de la Judicatura- impacta negativamente en la resolución. 

La abogada Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar (programa de concientización, prevención y erradicación de la violencia en el sistema educativo), es categórica al señalar que, cuando se trata de infancias, el acceso a la justicia “es casi imposible”. De su experiencia acompañando a menores vulnerados, el periplo es tan revictimizante que más de una vez las y los sobrevivientes se preguntan si denunciar un hecho violento fue lo mejor. 

Jonathan Cardozo, abogado de CEPAM Guayaquil, organización comprometida con la promoción de una sociedad de libre violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes,, coincide con esa apreciación. Ambos confirman que de las denuncias que patrocinan “casi ninguna” concluye con una sanción. Cardozo estima algunos porcentajes. De un 100 % de casos, un 60 % desiste en el camino, un 20 % llega a la etapa de juicio, donde la mitad tiene una sentencia condenatoria. “La otra mitad no”. Esto, sin considerar que se establezcan reparaciones para las y los sobrevivientes. Es decir, que se dicte una serie de medidas entre las que destacan garantías de que el abuso no vuelva a ocurrir. 

Basta revisar las cifras al alza. Entre 2014 y el 5 de noviembre de 2023, los reportes de la Fiscalía General del Estado sobre delitos sexuales en contra de niñez y adolescencia pasaron de 1106 a 8337, siendo 2022 el año con la mayor incidencia: 11882. De esos números, la mayoría corresponde a abuso sexual, seguido de violación. 

Martínez indica que cuando se habla de violencia sexual, se piensa que “el coito es lo único y lo último que puede darse, cuando el abuso sexual es sistemático y la gran mayoría ocurre dentro de familia”. Unicef publica que, en Ecuador, el 65 % de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. Tal como en las historias de Sandra y Ramiro. En ese contexto, “muy rara vez los niños son tratados con decencia, con dignidad, con calidez frente a un hecho violento que cambia, contamina y arrasa sus proyectos de vida”, afirma la experta. Sucede que solo el 15 % de abusos sexuales fue denunciado y el 5 % sancionado.

“Hoy hice como tres denuncias de abuso sexual”, dice Betty cuando conversamos. “Eso es una cosa de todos los días”. En caso de ser declarada culpable, se sentará un precedente de silencio en contra las profesionales que tienen, con base en la ley, la obligación de reportar sobre situaciones que vulneren los derechos de las infancias; mientras espera, utiliza la etiqueta #JusticiaParaBettySoria para difundir su versión. Paradójicamente, en septiembre pasado el Hospital General Monte Sinaí debió pedir disculpas públicas a la madre de Sandra por la difusión de su historia clínica: por violar los derechos de una niña.

*Nota: Los nombres han sido modificados para garantizar la protección de las víctimas.  

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