Por 
Este domingo 1 de febrero se llevarán a cabo elecciones en Costa Rica para elegir presidentx, dos vicepresidentxs y 57 diputadxs. 3,7 millones de costarricenses se encuentran habilitadxs para votar, hay 20 candidatxs inscritxs en estos comicios y un alto porcentaje de personas que aún no definen o revelan por quién votarán. En caso de que ningúnx candidatx obtenga al menos el 40% de los votos, habrá balotaje el 5 de abril.
Este 28 de enero se publicó la última encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). Los resultados de la encuesta confirman la ventaja holgada del oficialismo derechista y sus posibilidades de ganar en primera vuelta con el 44% de intención de voto por Laura Fernández (39 años), candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO). La oposición llega fragmentada, con Álvaro Ramos (42 años) del Partido Liberación Nacional con un 9.2%, Claudia Dobles (45 años) de la Coalición Agenda Ciudadana con un 8.6% y Ariel Robles, del Frente Ampliado, con un 3.8%.
Sin embargo, la volatilidad del voto es elevada. Según la encuesta, el nivel de indecisión alcanza al 25.9% del electorado, siendo las mujeres entre 18 y 34 años las votantes que presentan mayor nivel de indecisión. Este dato no es menor, teniendo en cuenta que, en las últimas dos elecciones, han sido electas personas que se ubicaban en cuarto o quinto lugar de las encuestas.
En la encuesta previa del CIEP/UCR, publicada en diciembre del 2025, se analizaron los temas que más influyen en la decisión del voto de la ciudadanía. La seguridad se ubica como el tema de interés para la mayoría de las personas encuestadas (42.4%). Le sigue el empleo y el crecimiento económico (13.3%), la lucha contra la corrupción y transparencia (7.5%), la educación pública (6.9%), el costo de vida (4.6%) y la salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (4.0%).
Fernández asegura la continuidad del proyecto derechista de Chaves, con enfoque en mano dura contra el crimen, reforzar el Ejecutivo y narrativas autoritarias de seguridad. Ha sugerido implementar herramientas como el estado de excepción, inusual en Costa Rica, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico (lo que ha generado críticas por posibles excesos de poder).
Ramos, del partido Liberación Nacional (centro), llega a estas elecciones con propuestas orientadas a fortalecer el estado de bienestar y políticas de desarrollo económico más inclusivas. Aunque el PLN ha perdido fuerza frente al discurso antiélite, Ramos intenta renovar la reputación del partido con énfasis en temas sociales, empleo y servicios públicos. Es el opositor más visible dentro de la fragmentada oposición, con cifras significativas pero lejos del oficialismo. Se presenta como una opción más centrista dentro de la tradición política costarricense, buscando distanciarse tanto del oficialismo “rupturista” como de la izquierda.
Dobles, por su parte, encabeza la coalición del Partido Acción Ciudadana (centroizquierda/socialdemocracia) y la Agenda Democrática Nacional (liberal progresista), que se presenta como un bloque de defensa democrática. La candidata, quien fue primera dama entre 2018 y 2022, durante el mandato de Carlos Alvarado, llega con un discurso centrado en fortalecer servicios públicos, justicia social y sostenibilidad ambiental, intentando unir al electorado no oficialista. En lo económico, el PAC arrastra el costo político del ajuste fiscal y el acuerdo con el FMI, lo que hace que parte de la izquierda social no se identifique con esta alianza.
Ariel Robles, del Frente Amplio, es quien les sigue en intención de voto, y representa una izquierda renovada y joven que se alinea con los movimientos progresista, feminista, ecologista y antineoliberal, con un marcado énfasis en justicia social, redistribución, derechos laborales y crítica al modelo económico y los recortes a la inversión social, y una apuesta por políticas sociales más profundas. En su fórmula vicepresidencial se encuentra Margarita Salas Guzmán, reconocida feminista latinoamericana.
La bukelización de Costa Rica
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica registró 873 homicidios en 2025 (16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes), una de las cifras más altas en su historia. Expertxs asocian el incremento de los homicidios y la inseguridad al recorte a la inversión social hecha por el actual gobierno (el mayor recorte en los últimos 20 años). El chavismo, por su parte, responsabiliza a gobiernos anteriores y a instituciones como la Asamblea Legislativa y al poder judicial por oponerse (hacerle contrapeso) a sus planteamientos. Estos incluían reformar la constitución y una mayor concentración de poder. Aun así, la creciente preocupación de la ciudadanía por la seguridad ha sido aprovechada por el gobierno de Chaves con discursos de ‘mano dura’, conforme al relato creciente de los autoritarismos de la región, con medidas de seguridad más duras y punitivas de lo usual en Costa Rica.
El 11 de diciembre del 2025, Costa Rica y El Salvador firmaron el “Escudo de las Américas”, un acuerdo para coordinar esfuerzos regionales contra el crimen organizado, confirmando una alineación en temas de seguridad. El pasado 14 de enero, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, estuvo en Costa Rica para inaugurar las obras de una nueva megacárcel de máxima seguridad (CACCO) inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, cuestionado por múltiples violaciones a los derechos humanos.
Aunque Costa Rica tiene un marco institucional democrático con contrapesos vigorosos, críticxs advierten la bukelización del discurso de seguridad y su cercanía a prácticas más autoritarias que incluyen confrontación con las instituciones tradicionales. Ya antes Chaves ha propuesto mecanismos como referendos institucionales y ampliación de poder presidencial y se han registrado ataques a la libertad de prensa, lo que ha generado alertas de escalada autoritaria.
Chaves ha recibido alrededor de 60 denuncias penales durante su mandato y actualmente enfrenta una investigación de la Corte Suprema por presunto financiamiento ilícito de su campaña de 2022 bajo análisis de dicha corte, que él llama un “intento de golpe de Estado judicial”.
Para un amplio sector de la ciudadanía, la democracia de Costa Rica está en juego en estas elecciones. Más que de una elección entre izquierda y derecha, se habla de una entre demócratas y autoritarismos.
