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A primera vista, las elecciones brasileñas de 2026 invitan a celebrar. Por primera vez desde 2014, todos los estados y el Distrito Federal tienen al menos una mujer compitiendo por un escaño en el Senado. En total, son 69 candidatas para los 54 escaños en disputa. Es la cifra absoluta más alta de las últimas elecciones, aunque ellas representan apenas el 22% de las candidaturas a esa cámara. Son datos importantes, pero muestran solo una parte de un panorama más amplio y complejo.
En primer lugar, dicen poco sobre las condiciones en que estas mujeres llegan a la contienda. Dos candidaturas pueden aparecer una al lado de la otra en las estadísticas y vivir campañas completamente distintas. Una cuenta con dinero, estructura, visibilidad y el respaldo de la dirigencia del partido. La otra llega a la elección con poco espacio dentro de su propio partido y casi ninguna posibilidad de competir en igualdad de condiciones.
En la práctica, ocurre más o menos así: mientras una candidatura recorre el estado, produce materiales, contrata equipo y asesores, invierte en publicidad en redes sociales y arma una agenda territorial estratégica a partir de análisis de datos sofisticados, la otra tiene que elegir dónde puede estar. Con poco apoyo del partido, los volantes llegan a última hora, el trabajo depende de voluntarias y la campaña llega a menos votantes simplemente porque tiene menos dinero y menos estructura. Los dos nombres aparecen igual en la urna, pero las condiciones para darlos a conocer son muy diferentes.
En Brasil, la proporción de mujeres entre las candidaturas también incide directamente en el reparto del financiamiento público de campaña. En 2026, ellas representaron el 34,85% de las candidaturas que el Tribunal Superior Electoral tomó en cuenta para ese cálculo. Eso significa que los partidos deben destinar al menos esa misma proporción de los recursos públicos a las campañas de mujeres. La norma creó una protección importante para el financiamiento de las mujeres, pero no define cómo se reparte el dinero entre las candidatas de un mismo partido. Algunas entran en la lista de prioridades del partido; otras reciben mucho menos apoyo político y exposición. Ahí, la raza, la clase y el territorio tienen el camino libre para operar como criterios invisibles a la hora de decidir a quién se prioriza y a quién no.
Además, más mujeres en la política no se traduce automáticamente en más derechos para las mujeres. Desde el Instituto Update venimos siguiendo la consolidación de liderazgos femeninos ultraconservadores con redes propias, capacidad de movilización y un espacio cada vez mayor dentro de sus partidos. La extrema derecha empezó a organizar a las mujeres también como protagonistas políticas, y ya no solo como electorado que hay que movilizar. En las elecciones presidenciales de 2022, la derrota de Jair Bolsonaro le dejó una lección a su campo político: había que ganarse a las mujeres. Más reacias a la política autoritaria y a la apología de la violencia armada, y más atentas a cómo la política afecta la vida cotidiana (la fila para un examen médico, el precio de la leche, del gas y de la luz), las mujeres eran una piedra en el zapato del bolsonarismo. Como somos mayoría en el electorado y, para su mala suerte, (todavía) tenemos derecho al voto, hacer campaña ignorando a 83,9 millones de electoras no era una opción.
Por eso, en los últimos años, la extrema derecha hizo un trabajo de base en todo el país a través de la figura de Michelle Bolsonaro y del PL Mulher, el ala femenina del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro. Formó a mujeres para participar en política e impulsó candidaturas femeninas alineadas con una agenda ultraconservadora y cristiana.
Esto cambia bastante la manera de mirar la representación femenina. Las mujeres pueden ampliar su presencia institucional y defender proyectos de país muy distintos entre sí. Pueden reclamar más espacio dentro de estructuras partidarias dirigidas por hombres y, al mismo tiempo, actuar en contra de los intereses sociales y económicos de la mayoría de las mujeres del país. Para nosotras, en el Instituto Update, la participación femenina y el compromiso político son dimensiones relacionadas, pero distintas.
También hay diferencias considerables dentro del propio electorado conservador. La religión, el nivel de ingresos, la raza, la generación, la escolaridad y el territorio inciden en las prioridades y en las formas de identificación política. La expresión “mujer conservadora” sirve para ubicar un campo, pero explica poco cuando se usa como si describiera a un grupo homogéneo.
El fenómeno no es exclusivo de Brasil. En distintos países latinoamericanos, el aumento de la presencia femenina en la política convive con una disputa cada vez más abierta sobre quién puede hablar en nombre de las mujeres, qué valores organizan esa representación y qué tipo de poder pretenden ejercer esos liderazgos. Por lo tanto, el avance de la participación femenina ya no puede leerse como un movimiento con una sola dirección ideológica.
Este año, esa disputa también movilizó a la sociedad civil y llegó a las calles y a las redes sociales. Campañas suprapartidarias empezaron a promover tanto el voto femenino (valorar y animar a las mujeres a votar) como el voto por candidatas. Iniciativas como Senadoras do Brasil, Pronta para Votar, Confia Nelas, Vote Nelas y SenaDonas cambiaron la conversación pública sobre elecciones y política, y pusieron en el centro a las mujeres, sus experiencias y sus necesidades. Más allá del resultado electoral, eso ya es una victoria en sí misma.
La lección que queda es que la presencia de mujeres en la política dejó de ser bandera de un solo campo. Durante mucho tiempo, defender que haya más mujeres en el poder fue una tarea casi exclusiva de las feministas y del campo progresista y democrático. Hoy, la extrema derecha también habla de representatividad, forma liderazgos femeninos y promete más mujeres con poder político. El terreno que ayudamos a abrir ahora lo disputan quienes defienden un proyecto de país opuesto al nuestro.
Eso no quiere decir que hayamos perdido. Quiere decir que contar mujeres ya no basta, y que la pregunta ahora es para qué llegan al poder y al servicio de quién. Me atrevo a decir, incluso, que estamos ante una oportunidad.
El tema está sobre la mesa y tiene la atención del público: según la encuesta Mulheres em Diálogo (2025), el 85% de las brasileñas apoya que aumente la presencia femenina en la política. Hay consenso sobre esa presencia, pero el sentido que vaya a tomar todavía está en juego. Nuestro desafío es encontrar caminos colectivos para politizar la participación de las mujeres, de modo que sirva para profundizar la democracia, ampliar derechos y mejorar la vida concreta de la mayoría de las brasileñas, en toda su diversidad: negras, trabajadoras, madres que crían solas, lesbianas, trans, con discapacidad, indígenas.
La disputa está abierta, y todavía podemos ganarla.
