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Hoy se cumplen tres años del Estallido Social del año 2021. Tres años desde que salimos a la calle a luchar por la dignidad. Tres años desde que aprendimos lo que significa la solidaridad y el cuidado. Tres años desde que hicimos que el amor fuera eficaz para todxs.
Salimos a las calles a gritar: “¡No a la reforma tributaria!” Nuestro rechazo tomó forma de Paro Nacional y nos apropiamos de las calles. La respuesta del gobierno de Iván Duque a nuestras demandas fue brutal y sangrienta. Según organizaciones no gubernamentales como Temblores ONG e Indepaz, el estallido dejó al menos 80 casos de violencia homicida, 35 víctimas de violencia sexual, y 104 mutilaciones oculares irreversibles.
La juventud soñadora fue asesinada impunemente frente a los ojos de una nación y por esto nació la Primera Línea, no como una organización hegemónica con líderes y representantes, sino como una idea colectiva, un sentir popular de cuidado, amor, resistencia y protección hacia aquellas personas que salen a manifestarse y le temen a la brutalidad policial.
Recuerdo de forma vívida una noche en Suba que parecía el fin del mundo. Una noche en la que gritaba y no dejaba de gritar a través del megáfono y en la que un joven me dijo: “Ser primera línea es estar dispuesto a arriesgarlo todo por un nuevo porvenir”.
Pero a pesar de que arriesgamos nuestras vidas en defensa de la protesta social y del pueblo que se manifestaba, ser Primera Línea es criminalizado a más no poder.
En los meses posteriores al Estallido Social, el discurso de los medios de comunicación hegemónicos y de la Fiscalía de Francisco Barbosa se encargaron de señalar, estigmatizar y castigar a todo aquel que hizo parte activa de este acontecimiento social. Esta estrategia se consolidó con la creación de innumerables montajes judiciales que en el año 2021 llevaron a 1400 personas detenidas , de las cuales 301 terminar la cárcel. En muchos casos con traslado a prisiones de alta seguridad, con penas absurdas, lejos de sus familias, buscando pisotear su dignidad y acallar su pensamiento crítico y combativo.
Y en este panorama de represión, la campaña de Gustavo Petro a la presidencia tuvo gran acogida, porque se suponía que estaba nutrida de todo este cúmulo de ideas y valores que están en contra del pensamiento Narco paramilitar que continúa estando presente en una facción del país.
Gustavo Petro y Francia Márquez se convirtieron en las figuras del cambio, en las voces de lxs “nadie”. Esto los llevó a ser elegidos como los nuevos gobernantes del país. Ellxs llegaron allí gracias al gran apoyo de las regiones históricamente marginadas, de los movimientos sociales y de la juventud que salió a manifestarse activamente a las calles. En el discurso de posesión, Gustavo Petro aseguró que una de las prioridades de su gobierno eran lxs manifestantes que están en las cárceles. “¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente porque tenían esperanza y amor. (…) Le solicito a la Fiscalía que libere a nuestra gente. Liberen a los jóvenes”, dijo ese día.
Esta y otras promesas de este gobierno, como el desmonte del ESMAD, no se han materializado y solo han sido slogans de campaña, que buscaban que la juventud se sintiera reconocida en la lucha, pero que una vez tuvieron el poder olvidaron, replicando así el modelo de los anteriores gobiernos.
Es muy lamentable que no se aproveche la oportunidad para realizar una reforma profunda a las fuerzas militares, sino que continúen con el modelo de reformas cosméticas como el cambio del nombre del ESMAD al UNDMO, que en ningún momento han reconocido las violaciones de derechos humanos que cometieron, ni le pidieron perdón a la sociedad por los crímenes que perpetraron. Al contrario, esta unidad ahora es la responsable de tres pérdidas oculares dadas desde que Gustavo Petro asumió la presidencia.
Por esto es importante la garantía de no repetición y esto se puede lograr con dos medidas. La primera es con la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, ya que esto puede brindar garantías para que la protesta social no reciba el trato de enemigo interno que se debe combatir, sino que se debe escuchar. La segunda medida es la eliminación del fuero militar que promueve la impunidad, ya que aquel que dispara es el mismo que juzga.
Todas estas reformas se deben dar en un espacio amplio de discusión en el que la sociedad civil haga parte activa de este debate. Si existe la voluntad del gobierno de escuchar al pueblo se pueden tejer encuentros de los que surjan mandatos populares claros, que deben ser cumplidos por los ministerios y por el Presidente de la República.
Hoy, tres años después del Estallido, lxs jóvenes presxs por luchar continúan en las distintas cárceles del país. Es difícil tener una cifra exacta de cuántos jóvenes están en libertad y cuántos siguen encerrados. Pero según distintas organizaciones dedicadas a la defensa de lxs prexs politicxs y los derechos humanos, actualmente 85 jóvenes están en detención intramural y 35 en detención domiciliaria.
Es necesario señalar que muchos jóvenes han venido recuperando su libertad de forma paulatina, por vencimiento de términos o revocatorias de las medidas de aseguramiento. Una de las estrategias del gobierno nacional fue apostarle a la figura de las Vocerías de Paz, en este proceso 17 personas fueron nombradas Voceras de Paz, de las cuales solo cuatro fueron excarceladas. Frente a estas vocerías existe un gran vacío jurídico, por esto la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable la Ley de Paz Total a lxs jóvenes implicados, argumentando que no cuentan con el estatus político para quedar en libertad.
Otro problema que enfrentan lxs jóvenes que salen en libertad es que no tienen las garantías de seguridad para regresar a la sociedad, ya que se enfrentan a la represión y la criminalización. Según el Colectivo Jhonatan Sabogal en total 9 compañerxs han sido asesinadxs debido a esta situación. Como es el caso de Carlos Julio Calero, quien estuvo detenido un año y medio por su participación en el paro del 2021 y en la “Y” de Bugalagrande y Andalucía (Valle del Cauca), tras recuperar su libertad este joven fue asesinado, otro de los casos que demuestra este accionar es el de Diego Escobar Barona quien fue enviado a prisión domiciliaria en diciembre del 2022 y fue asesinado en febrero del 2023. Estos dos casos no se han aclarado aún por parte de la justicia.
Frente a este panorama de promesas olvidadas quiero recordarle y exigirle al gobierno del cambio que todavía tiene dos años para hacerlas realidad. Si no es esta la oportunidad de realizar cambios significativos, ¿cuándo será?
Con los recuerdos latentes del estallido soy consciente de la magnitud de este acontecimiento, luchamos por un mundo donde cabían muchos mundos y por eso somos historicxs. Esa lucha que dimos la continuamos dando desde la cárcel y las trincheras, desde la academia y desde el trabajo comunitario, desde la olla y desde el artivismo. Hoy quiero honrar aquellxs que ya no están y perduran en nuestra memoria colectiva, aquellxs que mantenemos vivxs, porque fueron chispa de inspiración y hoy son chispa de resistencia. También honro lxs jóvenes que perdieron la vista debido a la brutalidad policial, después de que decidieron mirar de frente el dolor de lxs otrxs.
Honro también a mis hermanas que fueron violadas por el patriarcado creyó que nos callaría tratando de humillarnos, pero no fue así porque seguimos gritando. Honro a las familias de lxs desaparecidxs que siguen buscando en los ojos extraños la mirada amada. Honro a lxs presxs políticxs que están en prisión, podrán encerrar sus cuerpos, pero sus mentes se mantienen en libertad y ese derecho nunca podrá ser arrebatado. Hoy seguimos en pie de lucha y continuaremos elevando la voz para que las demandas por las que salimos a la calle se hagan realidad.
