La criminalización y el desprestigio contra quienes exigen verdad y justicia
A lo largo de 10 años y dos presidencias, la criminalización ha sido una constante. En un primer momento, la estigmatización fue contra los normalistas. Luego, contra el GIEI, organizaciones defensoras de derechos humanos y las familias de las víctimas.
Poco más de un año después de la noche-madrugada de Iguala, a mediados de noviembre de 2015, después de que el GIEI presentara su primer informe (en el que se subrayó que los normalistas no podrían haber sido incinerados en el basurero de Cocula), grupos simpatizantes del Ejército, la ultraderecha, conservadores (el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, por ejemplo) y figuras políticas internacionales acusadas de desaparición como el coronel colombiano Luis Alfonso Plazas Vega iniciaron una campaña de desprestigio y difamación contra la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz y en enero de 2016 contra la actual ministra de justicia de Colombia, María Ángela Buitrago.
En entrevistas para La Jornada, Buitrago y Paz y Paz enfatizaron que los señalamientos en su contra tenían que ver con su trabajo y con cómo destacaban las responsabilidades del Estado mexicano en el Caso Ayotzinapa.
A través de un comunicado, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) manifestó su indignación ante “las calumnias” y “discriminación en razón de género” contra las integrantes del GIEI. En esas mismas fechas (enero de 2016), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también rechazó los intentos de desacreditación pública de las expertas. Como bien resumió el medio independiente Rompeviento, las preocupaciones en la región estuvieron antecedidas por hechos como:
- La petición de la asociación Alto al Secuestro para que el GIEI abandonara el Caso Ayotzinapa por supuestos conflictos de interés de Emilio Álvarez Icaza, exsenador y entonces secretario general de la CIDH. Medios como El Universal, Excélsior y Televisa (famosos por su cercanía con sectores conservadores) afirmaban que la designación de lxs integrantes del GIEI era una forma en la que Álvarez Icaza “se vengaba” porque no se le había dado la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o porque buscaba ser candidato a la jefatura de gobierno de CDMX.
- La acusación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJ) contra el GIEI por presuntamente “tergiversar los hechos, buscar la impunidad de los responsables y culpar con falsedad a inocentes”.
- El economista Luis Cárdenas refiriéndose a lxs especialistas del GIEI como “patéticos” en una emisión de MVS Noticias.
Esta situación causó que a finales de abril de 2016 medios internacionales como The New York Times informaran que el GIEI estaba siendo “sometido a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación”.
La obstaculización del trabajo del GIEI y el desprestigio se dieron en medio de protestas en las que se exigía la renuncia del expresidente Enrique Peña Nieto y en las que el Caso Ayotzinapa exhibió la crisis de la desaparición de personas, las consecuencias devastadoras de la “guerra contra el narcotráfico” de la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y el control territorial de los cárteles.
Si bien la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), fue este sexenio en el que también destacó la criminalización de las organizaciones que han acompañado a las víctimas.
En más de una ocasión el Centro Prodh se pronunció sobre las declaraciones en las que AMLO dijo que el trabajo de la organización “estaba influenciada por actores políticos de la oposición partidista” y que buscaba que su gobierno fracasara. Igualmente, el Centro Prodh ha denunciado la estigmatización que el Poder Ejecutivo ha hecho a medios, periodistas y organizaciones que han documentado el uso del malware de espionaje Pegasus en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
En los últimos dos años (2022-2024), la gestión obradorista también ha destacado por la criminalización hacia las familias de los normalistas. Medios como Proceso han recalcado que un punto de quiebre entre las familias y AMLO fueron los señalamientos directos al Ejército.
Así como lo explicó el periodista Alejandro Santos Cid (El País), las conferencias de prensa del presidente (las Mañaneras) han sido un espacio donde también se ha violentado discursivamente el derecho a la protesta y en el que el mandatario ha dicho que las familias de las víctimas están siendo manipuladas.
El 25 de julio de 2024, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el Primer Reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el que, además de seguir defendiendo al poder militar, AMLO descalificó a quienes exigen justicia por los hechos de Iguala.
Al respecto, la bailarina y docente Argelia Guerrero, quien ha acompañado a las madres de los normalistas, resume en entrevista con Volcánicas “[En estos 10 años] los intentos por denostar han sido algo sistemático. Se esperaba que este sexenio [el de AMLO] eso ya no sucediera. La criminalización se ha sofisticado. Ya fracasó este intento de vincular a los estudiantes al narco, a que no estudiaban o tomaban camiones. Ahora [esta narrativa] se sofisticó para decir que las familias quieren dinero y que quieren vivir de ello [apoyo estatal]”.
En esta misma línea y también en conversación directa con Volcánicas, la ensayista y autora de Procesos de la noche (2017) Diana del Ángel agrega que la revictimización hacia las familias se ha servido de “la estrategia de dividir”.