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El pasado 27 de junio, la artista y defensora de derechos humanos Piedad Lorena Guerrero Coka fue agredida y amenazada de muerte en Pasto, Nariño, por un grupo de mujeres afines a la ultraderecha, de acuerdo con la denuncia pública. El hecho ocurre una semana después de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella por una diferencia inferior al 1% sobre su oponente, en las elecciones más reñidas de la historia reciente colombiana.
Las organizaciones Plataforma de Derechos Humanos de Nariño, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Corporación Violeta en Movimiento denunciaron que esa noche el grupo de mujeres ultraderechistas se abalanzó sobre la defensora, la amenazó, la golpeó en la cara con una botella y la arrastró por la calle, luego de que ella expresara su postura política de izquierda. Según la denuncia, le dijeron: “te vamos a destripar”, haciendo alusión a la frase utilizada por el candidato ultraderechista en campaña, refiriéndose a la izquierda como su enemiga. El ataque le provocó a Lorena una herida desde la frente hasta la nariz.
Las organizaciones llaman la atención frente al incremento de la violencia política tras la campaña hostil que llevó al candidato Abelardo de la Espriella a la presidencia, incluyendo la estigmatización de personas y comunidades que se identifican con el pensamiento progresista. También le exigen a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación para esclarecer los hechos; a la Defensora Nacional del Pueblo le piden solicitarle a Abelardo de la Espriella hacer un llamado para desescalar las violencias y a respetar las diferencias políticas; a la Gobernación de Nariño y a la Defensoría del Pueblo Regional les piden realizar el debido acompañamiento al caso y activar la ruta de atención para lideresas y defensoras de derechos humanos.
Este miércoles primero de julio, la Alcaldía de Pasto publicó un comunicado rechazando de manera categórica la violencia ejercida contra Piedad Lorena Guerrero Coka. “Como institucionalidad, reiteramos que ninguna diferencia de opinión puede justificar actos de violencia. El liderazgo social, la participación ciudadana, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos deben ejercerse en un entorno de respeto, garantías y convivencia pacífica.”
Hasta el momento no se conocen avances en la judicialización del caso, posibles sospechosas ni detenciones vinculadas con los hechos.
