El espionaje del Estado mexicano a defensorxs de Derechos Humanos
A principios de julio de 2017, medios internacionales como The New York Times y organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) difundieron que un informe Citizen Lab (Reckless III: Investigation Into Mexican Mass Disappearance Targeted with NSO Spyware) confirmó que un teléfono perteneciente al GIEI recibió dos mensajes de texto vinculados a la infraestructura del malware Pegasus el 1 y 4 de marzo de 2016.
Integrantes del GIEI también denunciaron que recibieron mensajes similares en teléfonos propios. Como bien señala R3D, estos hechos ocurrieron en un contexto muy particular: cuando el GIEI subrayó que no había evidencia para sustentar la ‘verdad histórica’ e insistió en la urgencia de entrevistar a 36 militares. Otro factor a considerar es que los mensajes estuvieron antecedidos por denuncias (a una de ellas se sumó la CIDH) por campañas de difamación contra el GIEI.
En 2023, se señaló al gobierno mexicano como “el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo” y paralelamente el GIEI condenó el uso de Pegasus en el dispositivo de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos. De acuerdo con la y el periodista Natalie Kitroeff y Ronen Bergman, Encinas fue “espiado en repetidas ocasiones” mientras investigaba abusos por parte del Ejército y su presunta responsabilidad en el Caso Ayotzinapa.
A través de un comunicado, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain, del GIEI, calificaron dichos hallazgos como “hechos gravísimos” por vulnerar los derechos de las personas involucradas en la investigación y ser contrarios a los compromisos públicos del Estado para esclarecer los hechos de Iguala.
En esas mismas fechas (mayo de 2023) el Centro Prodh denunció que, entre 2015 y 2016, cuando documentaba el Caso Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya, cuatro colaboradores recibieron mensajes que, con ayuda de Citizen Lab, se confirmó eran de Pegasus.
Al respecto, el Centro Prodh recordó que: “Investigaciones periodísticas y de las organizaciones en el tema, verificaron que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), habían comprado este software”. El señalamiento al espionaje militar contra el Centro Prodh fue desarrollado con mayor profundidad en el capítulo III de la investigación “Ejército Espía” de R3D.