¿Cómo afecta la crisis del fentanilo a las infancias y adolescencias?

¿Cómo llega el fentanilo a México y cuál es la ruta que sigue en el territorio?

“Las relaciones entre Estados Unidos y México nunca han sido tan difíciles como las que tenemos en este momento”, dice Jaime Ignacio Puerta, al otro lado de la línea, en Santa Clarita, California. El cofundador y presidente de la organización Victims of Illicit Drugs (“V.O.I.D.”) evoca a la problemática que ha vuelto más hostil la diplomacia entre ambos países: el fentanilo. 

Si bien en más de cinco décadas el vínculo binacional ha sido espinoso por las diferencias en el combate a las drogas y la delincuencia organizada, durante las administraciones morenistas (la del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) la tensión aumentó por la producción, la distribución y el consumo de este opioide sintético. 

Pese a acciones coordinadas (como la segunda captura de Ovidio Guzmán, uno de Los Chapitos y miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa) y a la supuesta solidaridad entre los gobiernos de AMLO y Joe Biden, en los últimos seis años las discusiones no han cesado. Al contrario. Antes de su segundo mandato presidencial, desde 2019 y 2020, Donald Trump amenazó a México con la imposición de aranceles —inicialmente del 5%, para luego escalarlos hasta 25%— y una política intervencionista a través del uso de la fuerza militar, argumentando que la crisis del fentanilo es exclusivamente por la participación de los cárteles. El gobierno mexicano ha respondido con una postura negacionista. 

“Desde la administración pasada [la de AMLO] hubo una narrativa en la que se aseguró que en México no había fentanilo. Las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en los últimos seis años decomisó 31 millones de pastillas, indican lo contrario […] Estados Unidos ha intentado echar toda la culpa a México, [siendo que en EUA] también se fabrica fentanilo y también hay laboratorios [clandestinos]. La mayoría de las personas detenidas por tráfico y fabricación [de esta droga] son ciudadanos estadounidenses. Entramos en la confrontación constante de que EUA no quiere reconocer que no sólo tiene un problema de consumo, sino también de tráfico y elaboración”, explica la periodista independiente Laura Sánchez Ley para destacar que la reducción de la crisis del fentanilo a una disputa diplomática ha provocado la invisibilización de otros problemas. 

“Por primera vez en la historia, los cárteles pudieron ingresar a un segmento de la sociedad que siempre había sido muy esquivo para ellos: niños, niñas y adolescentes, de entre 11 y 18 años de edad”, denuncia Jaime Ignacio Puerta al recordar los motivos por los que junto a otras 60 familias interpuso una demanda contra Snapchat por ser un canal de comunicación aprovechado por la delincuencia organizada para el reclutamiento y la comercialización del opioide. 

La mañana del 31 de marzo de 2020 Jaime encontró a su hijo, Daniel, inconsciente; pidió auxilio al 911 para trasladarlo a urgencias y una semana después, el 6 de abril, se despidió de él. Daniel estuvo conectado a un ventilador para mantener su respiración y ritmo cardiaco, pues perdió la función cerebral. En la oficina de Jaime hay velas, flores artificiales, carpetas, páginas sueltas y pósters, uno con la leyenda “Por siempre 16”, la edad que tenía Daniel cuando falleció por envenenamiento con fentanilo.

La frontera norte: snaps, pastillas ‘arcoíris’ y donde el tránsito es libre…si eres ojiazul

27 de octubre de 2024. San Diego, California. Familiares se reunieron en la autopista interestatal 15, con destino a Nevada, Arizona, Idaho y Montana para colocar las fotografías de seres queridos que perdieron la vida por la también llamada droga “apache”. Presumida como “la mejor ciudad de Estados Unidos”, en los último tres años San Diego ha sido descrita por medios y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como la capital nacional del fentanilo y como un destino en la mira de redes delictivas independientes o colaboradoras del Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) para enviar a jóvenes de secundaria y preparatoria que reclutan en los estados fronterizos, particularmente en Baja California. 

Ciudades como Mexicali y Tijuana — “donde la verdad nunca se sabe”, recita la poeta Sayak Valencia— son epicentro del tránsito y la comercialización de la china white y sus variantes. Ocurre por el desabasto de medicamentos controlados tras la suspensión de actividades de la farmacéutica Psicofarma, la popularización de analgésicos como el OxyCotin y el Vicodin en EUA, la situación de vulnerabilidad en zonas como El Bordo y la creación de un mercado local en el que esta sustancia se combina con la cocaína y el cristal (metanfetamina). 

“Por ahí de 2017, con la escasez de la amapola, se empezó a ofrecer una nueva heroína sintética y fue así como [las personas consumidoras] tuvieron un contacto involuntario con [sustancias] que les estaban quitando el síndrome de abstinencia […] Era poca la gente que reportaba estar usando una sustancia en polvo, como un 12% o 13%. Sin embargo, para 2020 y 2021 observamos que más del 90% consumía ese polvo al que se le conocía como china [white], que en realidad era fentanilo”, comparte discretamente Marisol*, de la asociación Prevencasa, sobre los datos que han guiado su trabajo con el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Cruz Roja en Tijuana. 

A estos factores, la periodista Laura Sánchez Ley y la maestra en Sociología Victoria Dittmar (Insight Crime) suman otros: la particularidad del cruce de Tijuana a Estados Unidos y la oportunidad que encontraron los cárteles durante la pandemia por COVID-19 para reclutar a las juventudes vía Snapchat e Instagram. 

“Constantemente reviso las versiones públicas de las sentencias del Poder Judicial […] Estaba haciendo un reportaje sobre el fentanilo y en qué puntos se había detenido [a la gente] que lo llevaba en su coche […] Así di con el caso de un jovencito tijuanense, Osvaldo Mendivil, que había montado una red de tráfico desde Tijuana hasta San Diego. Tenía 20 años, pero había empezado desde mucho antes. Conocía a la perfección cómo funcionaba la red social [Snapchat] y el cruce de Tijuana, que está dividido en tres partes: en una fila pasan los ciudadanos mexicanos, en otra los ciudadanos fronterizos y en otra quienes tienen la Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection (SENTRI Card), que es una tarjeta de cruce rápido para la que pagas una mensualidad”, detalla Sánchez Ley antes de precisar que los grupos delictivos han observado que las autoridades migratorias revisan este documento con menos frecuencia  a los estadounidenses que viven en Tijuana, “una de las fronteras más transitadas por vehículos privados [y donde] hay toda una estructura de corrupción”, describe la investigadora de Insight Crime.     

En continuidad con lo explicado por Sánchez Ley y Dittmar, Jaime Ignacio Puerta subraya que el raciclasimo de las autoridades migratorias ha sido un factor clave en esta problemática de salud y seguridad pública. “Si son de ojos azules y van en un carro bonito, ni los voltean a ver […] Pero si es mexicano, o de habla hispana, hasta les quieren revisar el automóvil”, dice. 

Estas puntualizaciones también han venido por parte de funcionarios como Rob Bonta, Secretario de Justicia en San Diego, que en abril de 2024 desmintió que la migración fuera el factor central de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. “Hace dos años, en 2022, salió una publicación con estadísticas de que solamente el 0.04%  del fentanilo que está entrando al país lo hace por inmigrantes”, agrega el presidente de V.O.I.D. previo a enlistar las dinámicas para entender y problematizar el involucramiento de menores de edad en la distribución y el consumo en la frontera norte y el territorio estadounidense: la situación de salud mental, la falta de regulación de redes sociales y las deficiencias de las políticas de drogas. 

Respecto al primer punto Sánchez Ley insiste en no minimizar el deterioro de la salud mental de las juventudes durante y después del coronavirus. Organismos internacionales como la ONU, OMS y OPS documentaron que las medidas de aislamiento, la inestabilidad económica y la violencia intrafamiliar desencadenaron un aumento significativo en las tasas de suicidio y casos de depresión y ansiedad en niñes y adolescentes. A mediados de septiembre de 2021, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, también alertó que el efecto diferencial en esta población fue “el entorpecimiento de su crecimiento y desarrollo”. 

“Muchos familiares destacaban problemas emocionales y psiquiátricos en los que se encontraban jóvenes que en la pandemia estuvieron inmersos en redes sociales ¿Qué fue lo que sucedió? Dealers, incluso de la misma edad, empezaron a ser amigos de jovencitos que estaban solos, deprimidos y atravesando por un proceso complejo de encierro […] Eran el target para venderles pastillas adulteradas”, ahonda la periodista sobre una situación que V.O.I.D ha denunciado desde su fundación en marzo de 2021.

En entrevistas y foros legislativos Jaime Ignacio Puerta ha contado la historia de su hijo Daniel, que en plena emergencia sanitaria recibió el diagnóstico de depresión y recurrió a Snapchat para acceder a OxyContin. Sin saberlo, el adolescente se envenenó con una pastilla azul. 

La clonación de pastillas y la mezcla del fentanilo con otras sustancias y drogas como la metanfetamina, heroína, xilacina (de uso veterinario y también conocida como tranq), ketamina y procaína (ambas utilizadas como analgésicos) son dos de las estrategias a las que recurren las redes de producción y tráfico para  la distribución del opioide en el norte de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y los Estados Unidos. 

“Las organizaciones criminales crean, fabrican y manufacturan píldoras que se parecen a las de grado farmacéutico, como la oxicodona, o las mezclan y [así es como llegan] al usuario final, sin su conocimiento […] Por eso no hablamos de sobredosis, sino de envenenamiento […] La DEA nos ha dicho que el 100% de las pastillas que están siendo compradas a través de Snapchat, TikTok, Telegram y Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp) son falsas. Siete de cada 10 pastillas son potencialmente letales y ordenarlas es tan fácil como ordenar una pizza; te llegan directamente a tu casa o al lugar en el que estés. Son muy baratas; depende del barrio en el que vivas. El precio va de 5 a 30 USD”, profundizó el presidente de V.O.I.D en entrevista con Volcánicas en octubre de 2024, meses previos a que periodistas internacionales volvieran a reportar la batalla que él y otras familias enfrentan contra Snapchat. Para entonces, el dato que tenía más presente era el de un estudio publicado en The New England Journal of Medicine que arrojaba que en Estados Unidos el rango de edad de los fallecimientos de menores por fentanilo iba de los 11 a los 14 años. “Estamos perdiendo un salón de clases en una semana”, lamenta el padre.  

Sinaloa: Usted chitón y nada de abitachar, ¿estamos? 

— “¿Qué tanta discreción hay al respecto?

—Aquí el tema es descarado. Es un secreto a voces que no les dan una esperanza de vida de más de dos años a quienes están cocinando. Y si llegan a durar más, los desaparecen o matan porque tienen la receta o demasiada información. 

—Entonces se está buscando a niñes y adolescentes para estos puestos desechables ¿Verdad? 

—Normalmente, las entrevistas que he tenido con consumidores o productores (cocineros) de fentanilo es que ha sido una experiencia que no les ha gustado”

El día a día en el noroeste mexicano a finales de octubre de 2024: 14 personas asesinadas en 24 horas, cierres de negocios locales, madres y padres afuera de escuelas primarias y secundarias exigiendo mayores medidas de seguridad para sus hijes, secuestros de familiares de dueñxs de comercios y economías paralizadas. Todos estos fueron episodios derivados de la ruptura y disputa entre los altos rangos del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”) y la gente de Ismael Mario Zambada García (“El Mayo”). 

Sinaloa lleva más de 10 años siendo el núcleo de la producción y distribución del fentanilo. A inicios de diciembre de 2024 protagonizó las sección de política internacional luego de que elementos del Ejército, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron más de una tonelada —equivalente a 20 millones de dosis— de esta droga en los municipios de Ahome y Guasave. “La incautación más grande que se haya hecho”, celebró Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. 

Sinaloa, nombrado “el granero de México”, forma parte del Triángulo Dorado, zona que comparte con Chihuahua y Durango. Los tres estados son proveedores de heroína a los Estados Unidos y en la década de los 90 se convirtieron en intermediarios de la cocaína proveniente de Colombia. 

Testimonios protegidos de Jalisco, Michoacán, Baja California y Chihuahua le han contado a Insight Crime que el fentanilo llega desde Sinaloa, donde periodistas extranjerxs (The New York Times) también han documentado que los cárteles se acercan a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad —sobre todo personas en situación de calle— para, a cambio de 30 dólares, probar su mercancía. 

Desde 2019, lxs sinaloenses son cuidadosxs de no consumir productos de la canasta básica como el huevo y la carne de ciertos ranchos, pues saben que en las pruebas de las mezclas de fentanilo se hacen en conejos, pollos y gallinas. 

La sierra sinaloense —que abarca los municipios de Choix, El Fuerte, Mocorito, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y parte de Culiacán, ciudad capital— ha sido identificada como territorio de operación de los llamados productores independientes. “El mercado del fentanilo es totalmente descentralizado”, destaca Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime, en una nota de voz compartida con Volcánicas. 

“Hemos visto que más que grandes organizaciones [se trata] de redes y personas independientes que puede ser que a veces colaboran con grandes organizaciones para obtener protección o facilitar el flujo de precursores químicos. Son personas que lograron comprar o establecer cierto contacto con proveedores, intermediarios o páginas web […] Entonces, es relativamente sencillo montar y trasladar su propia operación […] porque se está produciendo una sustancia química y no se necesita de condiciones geográficas específicas […] Hemos visto que inicialmente esto empezó con un montón de productores en Sinaloa, sobre todo en Culiacán”, aclara y después puntualiza que el acceso a las materias primas para el fentanilo tampoco representa un obstáculo. 

“Se pueden conseguir donde sea. De manera anecdótica, personas involucradas en el tráfico de metanfetaminas y una en la del fentanilo que hemos entrevistado nos han hablado de que Querétaro tiene una gran industria química en la que hay desvío. Puertos como Manzanillo [en Colima], Lázaro Cárdenas [en Michoacán] o puertos de Veracruz están en ese riesgo de desvío, porque por ahí entran las sustancias químicas”, explica la experta. A estos intermediarios se les conoce como brokers, precisa la analista Elizabeth Dickinson (International Crisis Group). 

En los últimos seis años el periodismo de investigación y algunos funcionarios públicos como Gerardo Mérida Sánchez y Cristóbal Castañeda Camarillo (ambos extitulares de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa) han insistido que en México se produce y traslada fentanilo. A mediados de abril de 2019, durante un operativo en el que se persiguió a dos sujetos, policías descubrieron el primer laboratorio en Culiacán. En la fachada —ubicada en la colonia Lomas del Boulevard— había una máquina para la fabricación de tabletas, bolsas cerradas con píldoras azules y una lista con elementos químicos, como si se tratara de una receta de cocina. De acuerdo con solicitudes de información presentadas por Animal Político vía transparencia, entre abril de 2019 y octubre de 2024, en México fueron detectados 26 “centros de manufactura” de esta droga: 22 en Sinaloa, 3 en Baja California y uno en Chihuahua. 

En los también llamados “centros de confección” se prensa la pasta de fentanilo en pastillas/cápsulas o se diluye con otras sustancias para comercializar a entidades como Sonora y Edomex.  A diferencia de los centros de confección, los laboratorios —donde se hace el proceso desde cero— requieren de equipos especializados e instalaciones que permitan una ventilación adecuada, como se ha señalado en publicaciones de Insight Crime. 

“Quien realmente sabe de química o es químico profesional, experimentado o que trabaja para el narcotráfico, sabe perfectamente los riesgos de cocinar fentanilo”, dice Irving Salazar, director general de Sociedad Educadora Sinaloa, asociación dedicada a la prevención de adicciones, para especificar que en esta entidad la delincuencia organizada, por estrategia, tiene un mayor interés en incorporar a las infancias y adolescencias “más en la preparación que en el consumo”. 

“Es un secreto a voces que no les dan una esperanza de vida de más de dos años a quienes están cocinando. Y si llegan a durar más, los desaparecen o matan porque tienen la receta o demasiada información […] El propio narco trata de controlar esa situación; sabe que si una persona empieza a consumir va a dejar de ser rentable [porque] no va a poder trabajar”, agrega. 

Las palabras de Irving, sustentadas en entrevistas que ha tenido en centros de rehabilitación, resuenan con las de María Teresa Martínez Trujillo, investigadora de la organización México Evalúa. “Las juventudes son necesarias para que los negocios ilícitos corran pocos riesgos. La producción del fentanilo y el modelo económico en el que convive nos hace verlo de una manera más contundente: hay una distinción entre las vidas desechables y las no desechables”.

Guerrero: donde la incertidumbre marchita la amapola y las misceláneas están bajo sospecha 

“En las épocas de las drogas de cultivo el sujeto desechable era el campesino, al que le tocaba estar criminalizado o en la cárcel. Mientras que ahorita estamos hablando de jóvenes que están en las cocinas o en otros papeles del mercado”, se escucha a María Teresa Martínez Trujillo al otro lado de la línea. 

“Las drogas sintéticas están encontrando en las nuevas generaciones sus mejores consumidores. La entrada del fentanilo a comunidades indígenas me pháá y na savi de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec está causando estragos entre los estudiantes de educación básica y media superior”, alertó Tlachinollán. Centro de Derechos Humanos de la Montaña sobre los casos de fallecimientos e intoxicación registrados en la Tierra Colorada desde 2021.  

En cuatro años, Tlachinollán, familias, el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) y la guardia comunitaria Seguro de Resguardo Territorial Indígena (Serti) han identificado las formas en las que esta droga llega a las infancias y adolescencias. El cristal es una vía. 

“En la Costa-Montaña [las organizaciones comunitarias] empezaron a ver que los jóvenes empezaban a delinquir y tener problemas de salud. [También] observaron que los adolescentes que iban a las secundarias o los bachilleratos empezaban a consumir drogas sintéticas, pero no se tenía más información […] Hasta que un joven se puso mal y sus papás lo hospitalizaron en [la localidad de] Ometepec; le hicieron estudios y [los médicos] le dijeron que se había intoxicado con algunas sustancias químicas relacionadas con el cristal”, detalla en entrevista con Volcánicas Abel Barrera, activista y fundador de Tlachinollán, sobre uno de los hechos que provocó que el CRAADET emprendiera una investigación en la que se señaló la participación de “comerciantes del exterior (vendedores de muebles y electrodomésticos)” y tiendas misceláneas en la distribución de drogas sintéticas. “Resulta que ahí es donde algunos jóvenes iban a comprar bolsitas de $100 o $200”, agrega Barrera sobre pesquisas en las que también se encontró que productos como caramelos, pastelillos, gelatinas o bebidas preparadas como chamoyadas están siendo otra forma en la que el fentanilo llega a las infancias y adolescencias. 

Además de las misceláneas, las guardias comunitarias han identificado como foco rojo las escuelas y los negocios aledaños. “Una niña de preescolar se intoxicó al consumir una golosina; se la llevaron de urgencias al hospital de San Luis Acatlán y detectaron que fue por el consumo de alguna droga […] En Tierra Colorada tres [estudiantes de] preparatoria consumían fentanilo: dos fueron tratados médicamente en Acapulco y uno murió”, detalló Tlachinollán a mediados de septiembre de 2024.  

Las comunidades guerrerenses han expresado preocupación por la posibilidad de que se trate de una estrategia del crimen organizado para el reclutamiento forzado. Por ello, en municipios como Chilapa de Álvarez, familias encabezan rondas de vigilancia en las entradas de las comunidades y los “operativos mochila” que a continuación describe Barrera: “Se revisa a los vendedores y se hacen revisiones en las tiendas […] Madres y padres van a las escuelas, sobre todo a las secundarias y preparatorias, y revisan lo que llevan los jóvenes. Han encontrado estas bolsitas [con droga], que se ha sabido las venden en las tiendas”.

Pese a las acciones comunitarias, en Guerrero la información sobre esta problemática es escasa y, a la fecha, no se cuentan con datos oficiales. En estos territorios la respuesta institucional es limitada. Las autoridades se mantienen al margen y organismos como los Ministerios Públicos argumentan que las investigaciones corresponden al ámbito federal. 

Al respecto, Abel Barrera agrega que lo único de lo que se tiene conocimiento es que Guerrero está siendo zona de interés para “una ruta relativamente nueva en el trasiego de droga”: Puebla, entidad del altiplano-central en la que se ha reportado la actividad de grupos delictivos como Guerreros Puebla, bandas locales como Los Cuijes y Los Pelones, así como organizaciones más grandes como La Barredora, el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. A su vez, los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete forman parte del Triángulo Rojo, región mapeada como epicentro de la extracción ilegal de combustible (huachicoleo). 

La cercanía con Puebla no es el único factor relevante para entender las especificidades del consumo y la distribución del fentanilo en Guerrero. “Desde hace cuatro décadas, la Montaña, que se le conocía como Montaña Roja, se transformó en un lugar clave para los sembradíos de amapola”, recuerda Barrera en continuidad al trabajo de periodistas y ONGs que han documentado los efectos del declive en la comercialización de esta planta. La amapola fue una opción de sustento para las familias —principalmente en situación de pobreza— tras la crisis del campo mexicano y representó un giro económico fundamental desde 1950, alcanzando un pico en los 90, cuando el kilogramo llegó a valer hasta $33,000 pesos mexicanos, según la organización Noria Research. 

Durante la pandemia por COVID-19 aumentó el precio de la amapola y, con ello, personas que trabajaban como repartidores o choferes en aplicaciones de plataforma en ciudades como Culiacán regresaron a sus lugares de origen. De acuerdo con el investigador Romain Le Cour (Global Initiative) esto se debió al repunte de la demanda de heroína en Estados Unidos y Canadá. Para 2022, el Gobierno mexicano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informaron que la siembra de amapola aumentó un 12% en territorio nacional, cifra muy cercana al incremento de la protección potencial de goma de opio (14%). 

Al lado de Oaxaca, Guerrero encabeza las concentraciones de este cultivo en la Sierra Madre del Sur. Sin embargo, desde 2016 dista de ser la principal fuente de ingresos. El importe del kilogramo pasó de los $17.000 a $6.000 pesos mexicanos y los compradores exigieron a lxs campesinxs trasladar el producto hasta ciudades como Acapulco o Chilpancigo, aumentando el riesgo de exposición. 

Entre las causales de la depreciación, lxs sembradorxs también identificaron la erradicación de los cultivos a manos de la Sedena y la Marina, estrategia impulsada desde hace más de 30 años por el gobierno federal y que, hasta enero de 2021, afectó a un aproximado de 50 mil productores y 280 comunidades guerrerenses. Esta situación, enmarcada en un contexto de violencia generalizada y provocada-permitida por el Ejército, el crimen organizado y el abandono estatal, ha provocado que familias enteras abandonen su hogar y busquen asilo en los Estados Unidos u otras entidades de la República Mexicana. 

En los últimos 12 años poblaciones campesinas de regiones como Costa Grande y Tierra Caliente han viajado hasta Palacio Nacional, en Ciudad de México, para demandar a las presidencias en turno medidas de seguridad y condiciones de trabajo que les permitan subsistir. Pero las acciones institucionales han sido insuficientes. 

“La Montaña era conocida por ser una zona amapolera […] Cuando se da lo del fentanilo se viene el declive de la siembra. La gente dejó de sembrar porque antes podía vender un kilo de goma a $25,000 pesos mexicanos. En las economías muy pobres, eso significa un dinero muy importante para las familias. El precio empezó a bajar de $25,000 a $15,0000 y $10,000, al grado que llegó a valer $2,000 […] La gente estaba muy aferrada a esta siembra porque era su única fuente de ingresos [pero] estamos hablando de que es una crisis que lleva, al menos, 15 años […] La Montaña regresó solamente al cultivo de maíz, pero muy precario. [Entonces] la migración se incrementó; los jóvenes empezaron a buscar otras alternativas y contrataron coyotes para que los trasladen a Nueva York. También creció la migración interna y la migración familiar, donde salen todos para trabajar en los campos agrícolas del norte de México”, profundiza Abel Barrera. 

Entre 2023 y 2024, medios locales y nacionales alertaron sobre la intoxicación de menores de edad con fentanilo en Culiacán, Sinaloa. Reportes similares circularon en Nogales (Sonora) y Chiapas. Las respuestas por parte de las autoridades han oscilado entre la negación, el amarillismo y lo absurdo, como sucedió con el gobernador Rubén Rocha Moya que dijo que estos casos se trataban de “un contagio ocasional”. 

Para Irving Salazar (Sociedad Educadora Sinaloa), las llamadas y los ingresos hospitalarios por intoxicación ponen sobre la mesa preguntas que han guiado las investigaciones de Ricardo Hernández en los últimos meses: ¿Qué está pasando con les hijes de las personas que consumen esta sustancia? “Tenemos grandes vacíos en temas que son incluso estadísticos. No conocemos el universo actualizado de personas consumidoras en el país que incluye a las infancias”, dice el periodista para problematizar que los datos más próximos para el diseño de la implementación de programas y políticas públicas corresponden a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), realizada en 2016 y carente de rubros específicos sobre el fentanilo. 

En entrevista, Hernández recuerda que en 2022, bajo el argumento de la austeridad republicana (reducciones y ajustes presupuestales), el expresidente Andrés Manuel López Obrador, suspendió la aplicación de un nuevo ejercicio demográfico, esto pese a los llamados de organizaciones civiles para actualizar el sistema de vigilancia epidemiológica. 

Las fallas no sólo han venido por parte del Gobierno federal. De acuerdo con el también colaborador de Gatopardo, instituciones clave como la Secretaría de Salud (SSa) mantienen un rezago con estándares internacionales. Fue hasta 2024 que, junto a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), la SSa publicó la Guía técnica de trabajo de campo para el abordaje de consumos de metanfetaminas y fentanilo en México.  

Aunque en el documento las autoridades señalan que la mezcla o sustitución de fentanilo en la heroína y otros derivados del opio están siendo estrategias del mercado ilegal, no hay un reconocimiento textual de las infancias y adolescencias como poblaciones afectadas diferencialmente por la producción, la comercialización y el consumo de esta droga. “Se les ha dejado en el olvido”, insiste Hernández. 

En medio de este panorama, es reducido el mapeo de entidades de la República Mexicana que tienen claridad en los procesos a seguir cuando se presenta algún reporte o ingreso hospitalario de menores de edad por intoxicación y envenenamiento con fentanilo. En Sinaloa, Martha Alicia Torres Reyes, Comisionada Estatal de Atención y Prevención de las Adicciones, confirma el incremento de los “casos involuntarios”: intoxicaciones de niñxs y adolescentes que consumen cristal — “la piedra” o “el mate”, como se conoce comúnmente—, tabaco y wax contaminados, que tuvieron acceso a la droga porque viven con familiares consumidorxs o que están involucradxs en la distribución del opioide. 

“Cuentan que han tenido esas experiencias de andar en ese tipo de actividades de punteros, como ellos mismos se autodenominan. Para nosotros lo prioritario es escucharlos y atenderlos sin juzgarlos. Necesitamos entender la situación de su salud mental, si traen algún tema de violencia”, enuncia Torres Reyes como principios de un trabajo interinstitucional que describe a continuación. 

“El Hospital Pediátrico [de Sinaloa] mantiene una comunicación estrecha con la Comisión Estatal de Atención y Prevención de las Adicciones. [También] tenemos convenios de colaboración con sistemas y procuradurías del menor […] A partir de los primeros casos que se presentaron en los hospitales existieron los protocolos de capacitación interna […] El año pasado, [en 2023], lo que hacía falta eran las pruebas especiales de antidoping que afortunadamente ya las tiene la Comisión. Eso nos ha permitido tener el diagnóstico rápido y poder aplicar la naloxona para bloquear el efecto de los opioides sintéticos”. 

La crisis del fentanilo también ha recuperado una de las deudas que se mantiene, diferencial, histórica y estructuralmente, con las juventudes en los temas de drogas y delincuencia organizada: la criminalización y revictimización. El predominio de narrativas edadistas y raciclasistas ha impedido diálogos que enmarquen esta problemática en una realidad que es tan cristalina como difusa en México: la herida intergeneracional de crecer en “territorios ocupados por maquinarias de producción de muerte, desaparición  y miedo”, como ha escrito innumerables veces la investigadora y activista Rossana Reguillo. 

“[Lo que está sucediendo] nos debería provocar pensar de manera diferente los procesos […]; tener cuidado de no criminalizar a los jóvenes ni a las personas en situación de pobreza, que es lo que se ha hecho con los parámetros de los mercados tradicionales de drogas […] El fentanilo también entra como dominante en un ciclo en el que se valoran más las vidas cortas e intensas. Es algo de lo que se ha hablado mucho desde la época de los Zetas […] La vida corta es una salida y un atajo para vidas de mucho sufrimiento y carestía […] Hay que pensar en los impactos de los modelos económicos que, por ejemplo, en lugares como Tamaulipas se cruzan y relacionan con dinámicas de violencia en las que, por lo menos, para dos o tres generaciones lo cotidiano al regresar de la escuela era ponerse pecho tierra en el auto para protegerse. Ese tipo de dinámicas son una rutinización de la violencia”, ahonda la profesora María Teresa Martínez Trujillo.   

Desde la perspectiva de Ricardo Hernández el adultocentrismo, complementado con posturas prohibicionistas y punitivistas en materia de drogas, es prueba de las deficiencias y los atrasos del Estado mexicano en la defensa y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Están en el olvido”, repite el periodista para acentuar que en el país no solamente existe un vacío estadístico sobre las y los menores que consumen fentanilo, sino también es evidente el sesgo en políticas y acciones de prevención, atención y acompañamiento. 

“Se pierde de vista el derecho superior de la niñez, cómo se ve afectado el acceso a la escuela, la salud y hasta la vivienda digna […] No se está dando tratamiento a las afectaciones psicoemocionales en el desarrollo actual y futuro de niñas y niños. Nadie está hablando sobre la ansiedad, el miedo y la culpa que sienten al crecer en un ambiente familiar con un consumo problemático de fentanilo”, expone sobre las consecuencias del reconocimiento tardío —y a medias— de las infancias y adolescencias como sujetos de derechos. En México la ley general para este sector —que representa el 30% de la población total del país—  es relativamente nueva; fue expedida en diciembre de 2014. 

La situación sociopolítica del fentanilo ha vuelto urgente que el gremio periodístico cuestione sus abordajes y lejanías. “No hay nadie cubriendo sistemáticamente el tema […] Necesitamos salirnos del amarillismo, acercarnos a los consumidores, las familias, las infancias y contar su historia; aspiraciones más de largo aliento que el titular y [textos] de ocho columnas. Nos hace falta ponernos los lentes de las infancias y adolescencias para abordarles y no exclusivamente como potenciales adultos”, insiste Hernández. 

En una postura similar, Alexandra Figueroa, de Revista Espejo —que ha reportado los estragos específicos de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa—, apunta que la estigmatización —tanto en medios como en campañas de gobierno— representa un obstáculo y una estrategia para no abordar los temas de drogas desde lo estructural y, con ello, deslindar al Estado mexicano de cualquier tipo de (ir)responsabilidad. 

“Niñas, niños y adolescentes están viendo y viviendo la violencia. No están absortxs. Aunque madres y padres intenten tratarles como adultxs o no hablar al respecto, ellxs escuchan y están presentes […] Usualmente hablamos de infancias y adolescencias, pero no las escuchamos [o utilizamos] términos como el niño sicario o la niña adicta […] También hay que sacar otros temas de cobertura como lo que sucede en las zonas rurales, donde no hay centros especializados para atenderles […] Necesitamos explorar cómo hacer que los programas de prevención no solo satanicen el consumo de drogas”, concluye.

Créditos:

Investigación, entrevistas y textos: An Flores

Ilustraciones: Isabella Londoño

Animaciones: Sonia Rojas

Edición: María Fitzgerald

Montaje web: Néstor Peña