El acuerdo firmado por AMLO el 3 de diciembre creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), instalada el 15 de enero de 2019 e integrada por familiares de los estudiantes, sus abogadxs personales, representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda Pública, así como especialistas claves para las investigaciones.
Este “equipo de trabajo autónomo interdisciplinario” quedó bajo el presidio de la Segob, a través del Subsecretario de Derechos Humanos. La CoVAJ también se definió como un “mecanismo de coordinación política” cuyas funciones se enlistan a continuación:
- Interlocución política de alto nivel con los titulares de entidades y dependencias que pueden colaborar al pleno esclarecimiento.
- Diseño e implementación de una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a personas privadas de la libertad.
- Impulsar la profundización de la asistencia técnica internacional.
- Fortalecer la asistencia victimal.
Para su labor, la CoVAJ podría acercarse a información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el GIE, el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OACNUD-México, periodistas y funcionarios. El decreto también aclaró que esta instancia no llevaría a cabo una investigación penal y que no era, como tal una Comisión de la Verdad, pues:
“Tradicionalmente, las comisiones de la verdad realizan labores de esclarecimiento histórico, empleando las herramientas de las ciencias sociales y las humanidades, con miras a la producción de un informe que brinde una narrativa objetiva y aceptable por la sociedad respecto de cierto evento o período histórico. La CoVAJ-Ayotzinapa no es una Comisión de esta índole pues no es su finalidad principal elaborar y difundir un informe sobre el caso, [pero] sí puede afirmarse que se asemeja a una Comisión de la Verdad, en el sentido de que es un mecanismo extraordinario para garantizar la verdad, que surge en un entorno de transición política”.