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“Ciudadano israelí en Taganga…”, “Ciudadano canadiense en Medellín…”, “Ciudadano estadounidense en Cartagena…”, titulan los medios de comunicación reafirmando el privilegio blanco de los agresores en cada nuevo caso de explotación sexual infantil que sale a la luz. Porque, ante todo, sin importar los crímenes cometidos, cuando se habla de hombres blancos del norte global, ellos sí son “ciudadanos” y se les trata con toda la humanidad y el debido respeto, aunque continúen el legado colonial de sus antepasados, que no solo les garantiza los privilegios de los que gozan hoy, en términos económicos y sociales por haber nacido en el “primer mundo” en detrimento y por cuenta del saqueo y la esclavización de los territorios del sur, incluyendo el territorio cuerpo como lo ha teorizado la feminista comunitaria Lorena Cabnal. Cuerpos que al día de hoy explotan los hombres blancos del norte, bien sea para acumular riqueza o simplemente porque pueden.
Esos privilegios, que parecen remotos en relación a los hechos coloniales de 1492, en realidad son una continuación de esos hechos en términos prácticos, que hoy les da a esos hombres pasaporte azul para entrar y salir de los países del sur, y abusar y explotar sexualmente a menores de edad en total impunidad, sin levantar la menor sospecha en la policía de migración, y es que seguro la policía está muy ocupada haciéndole perder el tiempo, la dignidad y uno que otro vuelo a gente racializada que trata de ejercer el derecho a migrar y cuyo único crimen es tener un pasaporte del sur global, ese color de piel, esos rasgos faciales o ese hiyab. Por eso, para hablar de explotación sexual infantil, es indispensable hablar también de privilegio blanco.
¿Qué es el privilegio blanco?
Privilegio blanco no significa que una persona, solo por nacer blanca, goce de comodidades y lujos, o nunca tenga dificultades en la vida. El privilegio blanco tampoco depende exclusivamente del color de piel, porque algunas personas mestizas son leídas en ciertos contextos como blancas. Podemos entender el privilegio blanco desde la teoría fanoniana de “la zona del ser y la zona del no-ser”, que explica cómo las sociedades coloniales están divididas por una línea imaginaria y en la parte superior de la línea, en la zona del ser, habita la gente blanca en pleno reconocimiento de su humanidad, aunque sufra otras opresiones como la clase y el género, y por debajo de esa línea habitan las personas deshumanizadas, las personas que no pueden interpelar o negociar de ninguna manera con el poder. Por otra parte Reni Lodge explica el privilegio blanco como una “ausencia” de violencias cotidianas basadas en la idea de la raza, como perfilamiento racial por parte de la policía, temor a que te detengan en los aeropuertos o te nieguen la entrada a un país y un largo etc…
Privilegio blanco y explotación sexual
La explotación sexual infantil es un problema alarmante con casos ocurriendo a diario en todo el mundo, especialmente en países del sur global. Sin embargo, en Colombia, dos casos recientes en Medellín han generado un gran revuelo por cuenta tanto del proceder de las autoridades como de la cobertura mediática que ha llegado a retratar a los pedófilos como víctimas de las niñas explotadas, tal como ocurrió el 11 de febrero del 2024 cuando “un ciudadano canadiense fue encontrado con una menor” en el hotel El Poblado. La policía acudió al llamado para localizar y capturar a una menor de edad que se había robado el celular y el computador del “ciudadano”. Como era de esperarse, la encontraron con la agilidad que nunca encuentran a los pedofilos y feminicidas, y le dieron el trato criminal de una persona adulta, mientras que al “ciudadano canadiense” lo llevaron al médico con prontitud porque estaba “desorientado” y luego le explicaron que no se puede tener sexo con menores de edad y le permitieron irse para su país en total impunidad. El tratamiento de la noticia se centró en afirmar que la niña fue quien lo drogó para robarle, mientras que “el ciudadano canadiense” estaba “presuntamente” relacionado con un caso de abuso sexual a una menor de edad. Como la víctima no era perfecta, la opinión pública se volcó a la defensa del pedófilo y a la criminalización de la menor de edad.
Pero el caso que recientemente acaparó la atención de la opinión pública y que sacó a flote la putofobia y el privilegio blanco en Colombia, ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando Timothy Alan Livingston, un estadounidense de 36 años, fue encontrado en el Hotel Gotham en Medellín con dos menores de edad, de 12 y 13 años, “presuntamente” en actos sexuales. Sin embargo, la policía lo dejó ir por falta de pruebas. ¿Qué tenía que ver la policía para comprobar lo que estaba haciendo este hombre? Por supuesto, el gringo se voló para Miami y la indignación escaló a tal punto que todas las instituciones se vieron en la necesidad de decir que iban a hacer algo al respecto y el hotel fue cerrado definitivamente, aunque quién sabe si lo abran con otro nombre. El presidente Gustavo Petro se refirió al caso en su cuenta de Twitter, pidiendo la extradición de Livingston, y hasta agentes del FBI llegaron a Medellín para investigar, después de que el tipo se volara a Estados Unidos y no hubo agente migratorio que lo detuviera. Otro caso, más rampante aún, es el de Stefan Andrés Correa, ciudadano estadounidense de 42 años, que ingresó 45 veces a Colombia para cometer crímenes contra la niñez, y de no ser porque las noticias se han vuelto recurrentes y la opinión pública ha mostrado indignación, seguramente nunca lo hubieran detenido. Eso, poder haber entrado 45 veces a un país del sur global para explotar sexualmente de menores con total impunidad, tiene que ver con el privilegio blanco.
Mientras tanto, Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, un tipo de la derecha rancia y de doble moral, no ha dejado de estigmatizar y criminalizar el trabajo sexual, equiparándolo con la trata de personas y la explotación sexual infantil, exponiendo la explotación como una “crisis de valores desde la familia” como si no se tratara de un problema estructural que tiene sus raíces en las desigualdades históricas de un sistema colonial que mata de hambre a la niñez. A Gutiérrez se le ocurrió que “suspender por seis meses la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades afines en el espacio público del parque El Poblado, el parque Lleras, Provenza y otras zonas aledañas”, era la manera de combatir la explotación sexual infantil. Me pregunto, ¿cómo será el perfilamiento policial? ¿El objetivo es combatir la explotación sexual infantil o criminalizar a lxs trabajadorxs sexuales? Porque lo único que es claro es que la persecución será contra lxs trabajadorxs sexuales: personas adultas que deciden ejercer el trabajo sexual porque les resulta mejor remunerado que ejercer otros trabajo, ya sean formales o precarizados.
En esa misma línea, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, decretó el “Plan Titán 24” que consiste, básicamente, en colocar retenes policiales en todas las entradas de la muralla del Centro Histórico de la ciudad, para prohibirle la entrada a las personas racializadas, a menos que sean trabajadores formales del sector turístico, y hacerle perfilamiento a las trabajadoras sexuales. Una vez más me pregunto ¿cuál será el filtro o criterio de la policía para reservarse el derecho de admisión? Pues es claro que a ningún hombre blanco “ciudadano” se le van a prohibir entrar al Centro Histórico de Cartagena; por descarte, las mujeres negras, leídas como prostitutas bajo el perfilamiento policial, no podemos disfrutar libremente de un paseo en el centro de Cartagena. En lugar de buscar a las niñas negras desaparecidas por las redes de trata, la maquinaria del estado ha decidido movilizar toda su fuerza para estigmatizar, hostigar y excluir a los cuerpos racializados. No es raro entonces que sean comentarios racistas, misóginos y putofóbicos los que inundan las redes sociales cada vez que sale a la luz un nuevo caso.
Entre tanto, cuando Timothy Alan Livingston fue encontrado en el hotel con dos menores de 12 y 13 años y se fue impunemente para su país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedó a cargo de las niñas y después se supo que las niñas habían huído de la entidad. Una vez más, las víctimas no eran perfectas y los comentarios de la opinión pública se volcaron de manera alarmante a la defensa del hombre blanco acusado de pedofilia. Nuestra sociedad volvió a demostrar que el odio a las trabajadoras sexuales es tan grande como su doble moral, comentarios pedófilos inundaron las publicaciones de esta noticia, tratando al igual que Livington, a menores de 12 y 13 años como si no lo fueran.
Siempre había pensado en que una de las maneras más sencillas de explicar las relaciones de poder y subordinación sin que la gente entrara en negación de las desigualdades era colocando el ejemplo de la relación de poder entre una persona adulta y un menor de edad, ya sea un desconocido, un pariente, o sus padres, siendo esta última relación de subordinación la más aceptada en la sociedad. Pero el reconocimiento de esa vulnerabilidad, que incluso la extrema derecha utiliza como excusa para discriminar personas y restringir derechos bajo el lemas “con mis hijos no te metas” parece no tener validez y sentido cuando se trata de infancias empobrecidas y racializadas. Es claro que hay niñxs sagradxs y niñxs que no son niñxs, que dejan de serlo para ser considerados “terroristas”, “guerrilleros”, o “putas que les gusta la vida fácil” y así justificar su explotación o asesinato.
En ese sentido, desde una visión clasista, morronga y moralista que raya en la absurdo cuando “la víctima no es perfecta” y el victimario es “un ciudadano” que goza de privilegio blanco, la sociedad de manera masiva llega a justificar lo injustificable, o quitarle responsabilidad al agresor para culpar a la víctima o su madre, porque claro, el cuidado de estas niñas y niños siempre es responsabilidad exclusiva de sus madres, los padres ni entran en la ecuación y el Estado, menos. Como si estas infancias en su condición de vulnerabilidad y subalternidad propia de la minoría de edad tuvieran la posibilidad de “elegir o decidir” salir de un hogar amoroso y seguro, con dignas condiciones materiales de existencia y comida, gracias a una sociedad saludable y justa que garantiza la dignidad y la vida, para alegremente irse a la guerra o ser explotadx sexualmente. Entonces, ese ejemplo de las relaciones de poder entre personas adultas y niñxs deja de funcionar porque solamente tiene sentido cuando se habla de una niñez humana, blanca, de clase media-alta para la que el riesgo de habitar la calle, pasar hambre y caer en una red de trata sexual o el en reclutamiento forzado para la guerra es casi inexistente.
Privilegio blanco también es la atención mediática que reciben los casos, el despliegue policial y de otras instituciones cuando la víctima es o imaginamos que es una persona blanca. Por eso no es de extrañar quela indignación nacional se concentre en un caso en una ciudad como Medellín, que en el imaginario de la nación es una ciudad blanca, y que se ha empeñado en negar a sus ciudananxs negrxs e indígenas, ignorando los casos de ciudades como Cartagena, donde niñas negras son raptadas, explotadas y desaparecidas con fines de trata, como se presume ocurrió con Alexandrith Sarmarmiento, una adolescente negra desparecida en marzo del 2021. A pesar de la férrea lucha del Movimiento de Mujeres Negras de Cartagena, las instituciones han sido ineficientes y revictimizantes con el caso de Alexandrith.
Y es que si la sociedad colombiana ha preferido ignorar la relación de poder más obvia, esta es entre un hombre blanco “ciudadano” de los países del norte, y una niña de 12 años empobrecida de las periferias del sur global, qué se puede esperar de las demás relaciones de poder posibles como la raza. Todo acto sexual con menores de edad es violencia sexual, no es “turismo sexual” ni “prostitución infantil”. Por eso no nos cansaremos de repetir que SOLO LAS PERSONAS ADULTAS PUEDEN DECIDIR EJERCER EL TRABAJO SEXUAL. Las niñas no pueden decidir ejercer el trabajo sexual, ni ningún otro trabajo, SIEMPRE LO DECIDE ALGUIEN MÁS POR ELLAS, personas adultas, una sociedad que debió cuidarlas y por acción u omisión les ha fallado, un pedófilo que tenía el poder y los privilegios para abusarla e impunemente lo ha logrado, y un estado que sostiene las desigualdades coloniales negándoles condiciones materiales dignas de existencia.
Para acabar con la explotación sexual infantil hay que acabar con las desigualdades económicas, políticas y sociales entre los ciudadanos del norte y el sur global, entre hombres y mujeres, entre los centros y las periferias. Para acabar con la explotación sexual infantil hay que acabar con el privilegio blanco.
