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En medio de las manifestaciones y acampadas masivas por la crisis de vivienda que estallaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, que se volvió sin quererlo, símbolo de la lucha contra la concentración de la vivienda en España, el Congreso de los Diputados rechazó el “decreto Maricarmen” el dos de octubre, luego de que el gobierno lo hubiera aprobado el pasado 29 de septiembre.
Este 5 de octubre, tres días después de que el Congreso rechazara los decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y que adelantará las elecciones generales para el 29 de noviembre. “Ha llegado, por tanto, el momento en que los españoles y españolas decidan qué futuro quieren para el país”, afirmó.
Sánchez reconoció que su gobierno no logró cumplir todo lo que prometió durante su mandato y advirtió que su gobierno entregó fondos a las comunidades autónoma para salud, educación y vivienda, pero que estos no fueron usaron para dichos fines.También dijo que ha tenido que enfrentarse a la peor oposición de la democracia española. Con estas elecciones espera conseguir más votos progresistas para impulsar nuevas reformas sociales en el país.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas anunció huelga general en noviembre, en todo el país, por el derecho a la vivienda, sin esperar las elecciones.
El caso de Maricarmen
Maricarmen Abascal, de 87 años y con dificultades para caminar, fue desalojada de su piso de alquiler el 23 de septiembre en el barrio Retiro, en Madrid (España). El Juzgado número 90 de Madrid ordenó el desalojo después de que un tribunal de segunda instancia diera por terminado su contrato con la empresa inmobiliaria Urbagestión. Tras el desalojo, la mujer se encuentra internada en el Hospital Gregorio Marañón.
Maricarmen vivió en alquiler cerca de 70 años en un sexto piso, donde también vivían sus padres. En 1956, el padre de Maricarmen firmó un contrato de renta antigua para alquilar la vivienda. Cuando él murió, el contrato pasó a nombre de su madre mediante una sucesión en el contrato, por ser la familiar cercana que vivía con el inquilino. En 2005 murió la madre de Maricarmen y ella quedó como titular del contrato.
En 2018, la empresa inmobiliaria Renta Corporación compró el edificio y le ofreció a Maricarmen comprar el sexto piso donde vivía, pero ella no aceptó la oferta. Luego, en 2020, Renta Corporación le vendió a la empresa inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. Como Maricarmen no era la dueña del piso, este se podía vender sin su permiso. Sin embargo, el nuevo dueño debía respetar su contrato de alquiler.
Cuando Urbagestión se convirtió en el nuevo dueño de la propiedad, le ofreció a Maricarmen seguir viviendo allí por 1.650 euros al mes, una precio mayor al que ella pagaba y superior a su pensión de 1.400 euros. El caso generó indignación y desató protestas masivas en Madrid.
El proceso judicial
En 2020, Urbagestión le comunicó a Maricarmen que debía desocupar el piso porque su contrato estaba vencido desde 2007. Ese mismo año, la empresa la demandó para recuperar la vivienda. En 2022, el Juzgado número 90 de Madrid rechazó la demanda de Urbagestión. El juzgado consideró que los dueños habían aceptado durante años que Maricarmen siguiera en el piso y le habían cobrado el alquiler de 500 euros, por lo tanto eso hacía válido el contrato.
Urbagestión no estuvo de acuerdo con el fallo y pidió que la Audiencia Provincial de Madrid lo revisara. El 30 de junio de 2022, la Audiencia le dio la razón a la empresa y anuló la decisión del juzgado. Los jueces aceptaron que Maricarmen sí había heredado el contrato de su madre, porque los dueños lo habían aceptado durante años. Sin embargo, consideraron que el contrato ya había vencido. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, en España cuando un hijo hereda un contrato de renta antigua por segunda vez, ese contrato termina a los dos años, salvo excepciones, como una discapacidad del 65% o más y, para la Audiencia, Maricarmen Abascal no “cumplía con ese porcentaje”.
Maricarmen pidió al Tribunal Supremo que revisara la decisión de la Audiencia, pero el 13 de diciembre de 2023 el tribunal se negó a estudiar su caso porque consideró que no tenía argumentos legales suficientes.
La inmobiliaria Urbagestión recibió varias propuestas y peticiones para frenar el desalojo de Maricarmen, pero no aceptó ninguna, y la orden de desalojo continuó.
En el 2025, Maricarmen resistió a tres intentos de desalojo, que fueron suspendidos debido a su situación de vulnerabilidad y gracias a la movilización de vecinos y del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Pero nada de esto sirvió para frenar el desalojo.
La respuesta fue colectiva
El juzgado número 90 de Madrid le notificó a Maricarmen que el desalojo se realizaría el 23 de septiembre en horas de la mañana. Desde la noche del 22 de septiembre, vecinos e integrantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid se quedaron frente a la casa de Maricarmen para intentar impedir su desalojo. Al día siguiente, la policía los sacó a la fuerza y llevó cabo el desalojo, dándole a Maricarmen solo una para sacar sus pertenencias de la vivienda.
El 26 de septiembre, miles de personas marcharon desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. La marcha, organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, protestaba por el desalojo y le exigía al Gobierno garantizar el derecho a la vivienda en todo el país. Al finalizar la protesta, cientos de personas regresaron a la Puerta del Sol y acamparon allí exigiendo las medidas que luego se recogieron en el decreto Maricarmen.
El decreto, que consistía en realidad de dos decretos, buscaba frenar los desahucios de personas vulnerables sin otra vivienda, alargar los contratos de alquiler y poner límites a los alquileres cortos y a la compra de casas para hacer negocio con precios altos; el segundo proponía que los contratos de alquiler fueran indefinidos.
Sin embargo, las protestas lograron que Maricarmen pudiera volver a su casa en el barrio de Retiro, en Madrid. Su abogada, Beatriz Duro, llegó a un acuerdo con Urbagestión, según el cual Maricarmen tendrá un nuevo contrato de alquiler por ocho años y pagará como máximo el 30 % de sus ingresos. Por ahora, sigue en el Hospital Gregorio Marañón, mientras le dan de alta.
“Quiero dar las gracias a todos los amigos que he tenido que no me han dejado ni un solo momento sola como es el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos”. Expresó desde el hospital Maricarmen.
España y la crisis de desahucios de vivienda
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se realizaron 25.540 desahucios en todo el país, entre falta de pagos por arriendo, hipoteca y otras causas. De acuerdo al informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el CSIC, en España cada vez menos personas tienen casa propia, mientras otras acumulan más inmuebles. Entre 2008 y 2022, el porcentaje de hogares sin ninguna propiedad aumentó y pasó del 15 % al 22,1 %, y los que tienen dos o más propiedades subieron del 26,8 % al 37,1 %.
