Autoría: An Flores
Edición: María Fitzgerald
Intervención artística en fotografías: Isabella Londoño
“Los hijos e hijas de padres desaparecidos, así como los infantes que vivieron los hechos de la desaparición forzada son la segunda generación a la que se le transmite el discurso de la ausencia como violencia política, y en la cual hay repercusiones directas en su historia personal. El daño que constituye es transmitido a las generaciones siguientes”- Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa (2018)
“Cuando buscas a una persona desaparecida lo primero que te preguntan [las autoridades] es si existió; lo que quieren acreditar es que en realidad la persona existió. Eso es un agravio muy fuerte”, habla Alicia de los Ríos Merino, cuyas manos sostienen un libro que abraza el recuerdo de su madre y el de familias que son víctimas indirectas de la persecución política, la declaración de la guerra contra las drogas y el control del crimen organizado. Estas familias plantan cara a un Estado que sigue sin responderles dónde están sus hijxs, nietxs, madres, padres, tíxs y abuelxs.
Las luchas por la memoria contra las violencias en México (2023) es el título del conjunto de ensayos con el que Alicia narra parte de su historia: la que ella y su familia han construido a cuentagotas. Alicia, ahora investigadora especializada en el estudio de la contrainsurgencia en México, es hija de Alicia de los Ríos, “Susana”, como se le conocía al interior de la Liga Comunista 23 de septiembre.
La última vez que su familia la escuchó fue a través de una llamada telefónica. Herida de bala, Alicia, habló con su hermana Martha, que se encontraba en Chihuahua, para decirle que “habían llegado por ella”. Era 5 de enero de 1978. Alicia de los Ríos fue detenida en la colonia Nuevo Vallejo, en Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia y vista por última vez en una base militar de Guerrero.
A más de 45 años de no saber de su paradero, su hija sospecha que pudo haber sido una de las víctimas arrojadas al mar desde aviones durante la llamada Guerra Sucia (1964-1982), como reconstruyó en su crónica Marcela Turati, periodista a la que hoy criminaliza el Estado mexicano por su labor en la documentación y denuncia de violaciones a derechos humanos.
Alicia creció entre “las doñas” —”ahora son las buscadoras”, subraya—, madres de otrxs jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre con “las que solían salir su abuela y tía”: el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Sin embargo, durante su infancia no recuerda haber escuchado un término en particular para la situación que la ha alejado de su madre.
“Las ausencias se nombran y no se nombran. Pienso mucho en los procesos que debimos pasar como familia para que [lxs adultxs] pudieran pronunciar la frase: “No sabemos dónde está tu mamá”. Fueron ocho o nueve años en los que no se me dijo que mi madre era una desaparecida”, cuenta como parte de un periodo en el que el Estado no mostraba intención alguna de dar respuestas o siquiera de brindar acompañamiento.
Fue hasta 2002, con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que ella —ya con 25 años—, su abuela y tía, con la asesoría del Centro Prodh, iniciaron formalmente el proceso de denuncia por privación ilegal de la libertad. Cuatro años después, en 2006, la Femospp —que judicializó 14 investigaciones y logró una condena— fue desmantelada. El caso de Alicia de los Ríos pasó al control de la exProcuraduría General de la República (PGR).
La familia de Alicia de los Ríos ha sido testigo de los múltiples cambios al interior de los Ministerios Públicos, reclasificaciones de delitos (desde 2021, el caso se investiga como desaparición forzada) dependiendo del presidente de turno y los pactos de silencio que sostienen a México como un país en el que la impunidad en los delitos de desaparición de personas es del 99%.
“La indolencia ha crecido”, es la frase con la que Alicia denuncia que el Estado mexicano no sólo ha fallado en la garantía de la no repetición —en la actualidad, el país supera las 100.000 personas desaparecidas—, también ha sido partícipe en la vulneración al derecho a la memoria, cuyo reconocimiento en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se logró hasta febrero de 2024.
Para Alicia, el tardío y limitado reconocimiento jurídico del derecho a la memoria no es la única señal de un Estado en el que este no se respeta. Por más de cuatro décadas, ella y su familia han visto cómo parte de la estrategia institucional ha consistido en delegar el derecho y la lucha por la memoria al ámbito privado.
La falta de respeto a los espacios que han resignificado familias para exigir justicia por sus seres queridos (como es el caso de la Glorieta de las y los desaparecidos en Paseo de la Reforma, en CDMX), el retiro de las fichas de búsqueda de unidades del transporte público, monumentos y edificios públicos, la lejanía y negativa de las autoridades para dialogar al respecto son algunos guiños que dan cuenta de la resistencia a hablar públicamente sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México. En respuesta, colectivos de búsqueda, organizaciones y familias se han opuesto a que su dolor, rabia y frustración se sigan limitando a espacios íntimos.
A principios de mayo de este año, en vísperas del Día de las Madres, Alicia imprimió una fotografía a gran escala de su madre y la colocó en su casa, en la colonia Santo Niño, en Chihuahua, cerca de una escuela. “¿Dónde está Alicia de los Ríos Merino?”, leen les niñes camino a sus clases de primaria. “Nos cansamos de ser prudentes con la memoria y de sólo conmemorar a nuestros familiares en nuestras salas, en nuestros espacios domésticos-privados. Ya no queremos guardar este sentimiento de ausencia. Lo queremos compartir con la comunidad con la que vivimos. Necesitamos la zozobra, incertidumbre e incomodidad”, sostiene Alicia.
De acuerdo con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017) y la Ley General de Víctimas (2013), el derecho a la memoria está vinculado al principio de debida diligencia, a las labores de las Comisiones de Víctimas y las medidas de reparación integral. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la memoria es un medio para la justicia, verdad, reparación y no repetición. También se le suele abordar como un derecho para “superar el pasado”.
No obstante, en México, la desaparición y las negligencias, complicidades y deficiencias estatales que la rodean son una herida intergeneracional. “Ayotzinapa es una mezcla de elementos entre el ayer y hoy”, exclama Alicia respecto al desconsuelo que une y fragmenta a lxs adultxs que crecieron entre “doñas”, a jóvenes que ,en su trayecto a la adultez, perdieron a amigxs o conocidxs que el calderonismo redujo a “efectos colaterales” y a niñxs cuyos entornos familiares están atravesados por las preguntas “¿Dónde están los 43?” “¿Qué pasa con el derecho a la memoria en este país?”