Blanca Montiel una ama de casa cuya historia sigue sin ser contada en voz alta.
Aureliano García Cerón y Enrique Hernández Carranza, ambos taxistas, fueron otras de las personas que resultaron heridas y, posteriormente, denunciaron abandono institucional y hostigamiento policial.
García Cerón, que transportaba a una pareja, recibió un balazo en el tobillo y, con fractura expuesta, se ocultó en los matorrales. Hasta que cesaron las detonaciones regresó a la carretera para pedir ayuda; un compañero del gremio de taxistas fue quien lo trasladó al hospital. En un principio (entre octubre y diciembre de 2014) García Cerón recibió un apoyo mensual de $15.000 pesos mexicanos, que luego bajó a $10.000, se mantuvo en pausa y, finalmente, descendió a los $5000.
La historia de Enrique Hernández Carranza, padre de en ese entonces tres menores de edad, es similar. Al momento del ataque, llevaba a una pasajera, Blanca Montiel. Las balas le lesionaron el hombro izquierdo. Estuvo hospitalizado hasta el 7 de octubre. Para recibir el apoyo económico de $5000 Enrique tenía que trasladarse hasta Chilpancingo. “Yo no puedo ir en autobús ni en taxis colectivos (…) debo contratar un particular; por eso me cobraban $1000 [De los] $5000 que me dan, yo me quedo con 4, de esos pago $1500 de renta. Mantengo a tres hijas porque son menores de edad y por si fuera poco, pago la pensión de mi mujer, quien me dejó por todos los problemas que tengo”, contó a Milenio.
Durante el ataque, Blanca Montiel Sánchez, ama de casa originaria del municipio mexiquense de Texcoco, logró bajar del taxi de Enrique Hernández Carranza, pero al salir de la unidad fue alcanzada por varias balas y murió sobre el asfalto. A 10 años de la noche-madrugada de Iguala, la prensa nacional e internacional no ha indagado más sobre su historia o la de su familia. Las autoridades tampoco hablan de ella.