El exgobernador que asegura haber sido un “chivo expiatorio”. Su administración estuvo marcada por gravísimas violaciones a derechos humanos
En más de una ocasión, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se intentó deslindar de la construcción de la ‘verdad histórica’. Sus intenciones de lejanía fueron visibles desde las primeras semanas posteriores a los hechos de Iguala.
El 23 de octubre de 2014, mientras distintas entidades del país eran sede de movilizaciones, el funcionario pidió licencia permanente para retirarse del cargo, pues consideró que la política local “tenía prioridades”. Políticos como el diputado Arturo Escobar y Vega —descrito como uno de los personajes polémicos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— avalaron la decisión y dijeron que “no iba a reflejar que los temas se resolvieran de inmediato”.
Ángel Aguirre Rivero hizo una pausa formal de su carrera política durante tres años y no ha vuelto a funciones públicas mayores, como expuso la periodista Margena de la O (Amapola. Periodismo transgresor).
Poco más de siete años después de los hechos de Iguala, en octubre de 2021, el nombre del exgobernador se coló en algunos portales de noticias luego de que en una reunión con integrantes de la Asociación Civil Acapulco (Grupo ACA) dijera que “jamás se manchó las manos de sangre” y que fue “chivo expiatorio” del gobierno federal.
En ese mismo evento, señaló directamente al exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray como responsables de haber sugerido al expresidente Enrique Peña Nieto no dar la debida importancia al Caso Ayotzinapa.
Durante la reunión Ángel Aguirre Rivero también expresó que él era una de las personas más interesadas en el esclarecimiento de los hechos y que, si bien su vínculo con la Normal Rural de Ayotzinapa se deterioró después de la noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, seguía apoyando a los estudiantes con cuotas alimentarias y uniformes.
Para abril de 2024, el periodista ñuu savi Kau Sirenio, originario de la Costa Chica, describió a Ángel Aguirre Rivero “el cacique más letal de Guerrero”. En su columna para Pie de Página, el también locutor denunció que el exgobernador perredista “persiguió con saña a la a la Normal de Ayotzinapa y a las organizaciones sociales que apoyaron a esta institución después del asesinato de los dos normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011”.
A su vez, Sirenio subrayó que la administración estatal de Aguirre Rivero se caracterizó por la intensificación de graves violaciones a derechos humanos y mencionó casos como la detención y desaparición de lxs ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista; el asesinato de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynaldo Santana en la localidad de La Laguna y las amenazas al movimiento magisterial que protestaba contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
También desde la prensa local, Margena de la O señaló que otros de los políticos-funcionarios “del primer círculo de responsabilidades públicas en Guerrero, encargados de hacer las primeras investigaciones del Caso Ayotzinapa” que no han enfrentado consecuencias penales son Iñaki Blanco Cabrera (exprocurador de justicia en el estado), Lambertina Galeana Martin (expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero) y 16 elementos del Ejército del 41 Batallón de Infantería.
Por su parte, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, teniente que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil durante la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero, fue detenido en Nayarit en octubre de 2022 por delincuencia organizada, vínculos con Guerreros Unidos.